Único tema: referendo ree leccionista

Salvo el referendo reeleccionista, nada le interesa al Congreso.

El tema se calentó cuando la Corte Suprema llamó a 86 congresistas a rendir versión libre por haber votado ese proyecto sin el aval del Registrador. Hablan dos protagonistas del lío: el abogado Jaime Granados, quien les propuso a los parlamentarios no atender la citación de la Corte, y el magistrado investigador del Consejo Electoral Joaquín José Vives, que encontró serias irregularidades cometidas por el grupo promotor de la iniciativa.

Jaime Granados, abogado de congresistas llamados a versión

“Jamás he invitado a actos de rebeldía contra la Corte”

Cecilia Orozco Tascón.- Usted les aconsejó a los congresistas del Partido Conservador que no atendieran la citación de la Corte. A pesar de que ellos tienen derecho a no ir, ¿no le parece que ese gesto puede ser interpretado como un desplante?

Penalista Jaime Granados Peña.-  Uno como abogado siempre tiene que asumir posiciones en defensa de sus clientes, respetando el orden jurídico y acatando lo dispuesto por los tribunales. En este caso, conviene precisar que jamás he invitado a actos de rebeldía o a hacerle desplantes a la Corte. Todo lo contrario. Hay que reconocer su fuero y su competencia sin que esto signifique un obstáculo para ejercer el derecho a renunciar a rendir la versión libre que, como lo he sostenido, no es obligatoria, como ya lo reconoció la propia Corte.

C.O.T.- Usted y los otros abogados de la coalición uribista del Congreso opinan que el trámite de votación del referendo en el Congreso se ajustó a la ley, pero hay otros juristas que dicen que no se podía votar sin el certificado del Registrador. Ante ese dilema, ¿qué cree usted que debería haber hecho la Corte?

J.G.P.- La Corte es un tribunal de justicia y por ello debe fallar en derecho y no con ribetes políticos. Lo que debe primar jurídicamente es el principio de que el voto de los congresistas es inviolable y, bajo esos parámetros, es imposible tratar de adecuar en ellos una conducta de prevaricato. Y de otro lado, la Registraduría no puede generar distinciones según sea el objeto del referendo, pues le ha dado la bendición a trámites idénticos de otros referendos como el del agua potable o el de la cadena perpetua.

C.O.T.- Pero el Consejo Nacional Electoral, donde hay magistrados apoyados por los partidos de gobierno, aceptó abrir investigación para revisar la financiación de la campaña de recolección de firmas.

J.G.P.- Salvo el magistrado Joaquín José Vives, el Consejo Electoral ha sido claro en afirmar que lo que analiza ese tribunal no obstruye el trámite adelantado en el Parlamento, el cual no requiere para actuar de la existencia de una certificación. El tema de “cuentas” o “topes” de la campaña es asunto completamente ajeno a la función parlamentaria, que no puede cesar en el cumplimiento de sus deberes. Las investigaciones en otros escenarios no pueden ser un impedimento para que los parlamentarios voten esa propuesta.

C.O.T.- La inviolabilidad del voto de los congresistas, ¿puede ser argumento para que los tribunales se inhiban de investigar a un parlamentario, aun si existen indicios de que él cometió un delito a cambio de su voto?

J.G.P.- Me parece importante insistir en que el voto de los congresistas es, por esencia, inviolable. Pero eso no impide que —como en este caso— un juez pueda darle trámite a una denuncia penal que refiera la posible existencia de un delito, aunque tampoco impide que, muy seguramente, esa investigación termine en un archivo. Por supuesto, sería diferente si se estuviera considerando que el voto ha sido fruto de dádivas o prebendas, en cuyo caso, lo que se podría investigar es la posible existencia de un delito de cohecho. Sin embargo, éste no es el caso.

C.O.T.- De todas maneras, ¿no sería sensato esperar al resultado de la investigación en el Consejo Electoral antes de continuar con el trámite del referendo?

J.G.P.- Los congresistas no pueden volverse jueces y prejuzgar sobre un procedimiento que goza de una especie de presunción de inocencia o de legalidad, la cual, hasta el momento, no ha sido desvirtuada por la autoridad competente. En el caso del referendo nada de sensato tiene condenarlo a priori por el hecho de que existe una investigación que no ha arrojado todavía ningún resultado.


C.O.T.- Y ¿qué tal que el Consejo encuentre que los promotores de la campaña por el referendo violaron la ley cuando ya éste haya sido aprobado por el Congreso?, ¿nos hacemos los locos?

J.G.P.- En esa hipótesis que usted plantea, habría que decir, en primer lugar, que la última palabra sobre la legalidad del procedimiento del referendo no la tiene el Congreso. Tampoco el Consejo Electoral, sino que está en manos de la Corte Constitucional. En segundo término, aún si efectivamente se hubiese cometido alguna irregularidad que no está probada, la Corte Constitucional tampoco podría invalidar el trámite del referendo puesto que éste último es un acto que involucra la participación ciudadana que no puede verse entorpecida si hipotéticamente el comité promotor de la iniciativa se hubiese equivocado. Por último, conviene recordar que ni la Constitución ni la ley establecen sanción alguna por irregularidades en la financiación.

C.O.T.- ¿Una irregularidad puede ser el fundamento de una reforma constitucional?

J.G.P.- Considerar, como piensan algunos, que cualquier irregularidad que hubiera podido cometer el comité promotor debería producir la invalidación del referendo equivaldría a desconocer el peso de la voluntad del constituyente primario, esto es el pueblo, y en segundo lugar la voluntad del constituyente delegado, es decir, el Congreso. Y también equivaldría a aplicar una sanción desproporcionada, inusitada e ilegal.

C.O.T.- ¿Cree que hay mérito para interponer una tutela contra la Corte porque le dio trámite a una denuncia penal de un tercero contra los congresistas?

J.G.P.- No. El simple llamamiento a versión libre no significa por sí mismo una violación a los derechos fundamentales de los parlamentarios. La Corte tiene todo el derecho de llamarlos, pero ellos también están en el derecho de comparecer o de no hacerlo.

C.O.T.- También hay denuncias penales contra la Corte por este mismo tema, ¿procede esa denuncia o es un acto político contra el alto tribunal?

J.G.P.- Hasta el momento no advierto una conducta penal por parte de la Corte. Me parece que lo que ha hecho tiene soporte dentro del procedimiento penal colombiano.

C.O.T.- ¿Estamos ante un cisma entre los poderes, traducido en que el Ejecutivo y el Legislativo confrontan al otro poder, es decir el Judicial?

J.G.P.- No creo que estemos ante un cisma, sino que precisamente estamos tratando de evitarlo y eso sólo se logra siendo muy estrictos con la concepción de la separación, autonomía y controles de los poderes públicos. Se debe evitar a toda costa que se tienda a la dictadura de una de las ramas del poder y si el Congreso debe entrar a darle explicaciones a la Corte sobre el sentido de su voto, estaríamos desbordando las órbitas de las competencias.

C.O.T.- ¿Eso no es lo que ha estado haciendo el Ejecutivo cada vez que descalifica las decisiones de la Corte?

J.G.P.- Una cosa son las opiniones de los órganos políticos como son el Ejecutivo y el Legislativo, que también están sujetos a un control político del pueblo que los elige, y otra que la Corte Suprema o cualquier otro alto tribunal exprese opiniones políticas que pudieran llegar a afectar la imparcialidad de sus decisiones. En el caso del llamado a los congresistas a rendir versión libre no se trata de una opinión política de la Corte sino del ejercicio de una competencia suya prevista en la ley.

C.O.T.- Parte de los abogados que sostienen la tesis de que la Corte no puede abrirles investigación formal a los congresistas han sido defensores de parlamentarios condenados por la misma Corte por nexos con los paramilitares. ¿Ese hecho es una casualidad?

J.G.P.- No me consta que eso sea así. Sin embargo, de ser eso cierto, eso sería un hecho que no tendría ninguna significación en lo absoluto. Si se generan esas coincidencias, es porque los clientes creen que éstos son los mejores juristas.

Magistrado investigador del Consejo Electoral, Joaquín José Vives

“Ya es hora de que definan”

Cecilia Orozco Tascón.- Si la Corte Constitucional les da la razón a los abogados del uribismo, ¿para qué servirá su investigación y la decisión que tome el Consejo Electoral?

Magistrado Joaquín José Vives.- Siempre será útil cumplir la ley. El CNE y la Corte Constitucional tienen competencias distintas. Nosotros determinaremos si hubo o no hubo infracciones en la financiación de la recolección de firmas, y la Corte, si le llega allá el problema, determinará si esas infracciones afectan la validez de la convocatoria al referendo.

C.O.T.- Presidente y vicepresidente del Consejo Electoral han dicho en público que la certificación es innecesaria. ¿Se declararán impedidos ellos dos a la hora de votar sobre lo que ya opinaron?

J.J.V.- Se trata de las opiniones personales de ellos y no son las del Consejo Electoral. Recientemente, el vicepresidente llevó una ponencia a la Sala Plena con la tesis de que no se necesitaba una nueva certificación. Esa tesis fue votada negativamente por 5 magistrados contra 4 que votaron a favor. En cuanto al impedimento por el que usted me pregunta, no creo que haya ninguno, porque ellos habían expresado antes su opinión en el seno de la corporación.

C.O.T.- ¿Es cierto que, salvo usted, no sólo los dos directivos mencionados arriba sino el resto de los magistrados del Consejo Electoral creen que los congresistas podían votar el referendo sin necesidad de la certificación del Registrador sobre la financiación?

J.J.V.- No es verdad. Está mal informado quien así lo dice. Basta repasar la votación de la que le hablé arriba para entender lo que piensa el Consejo.

C.O.T.- ¿Por qué no ha votado la Sala Plena del Consejo su ponencia, si ya ha pasado tiempo suficiente desde cuando usted concluyó su trabajo?

J.J.V.- Hace ya más de un mes que se presentó la ponencia. He pedido en varias reuniones de sala que se debata y decida el asunto. En dos ocasiones se ha tratado de hacer, sin mayor profundidad. Yo, en mi condición de ponente, estoy en disposición de votar en cualquier momento, pero me imagino que algunos compañeros han querido estudiar con calma una investigación que es voluminosa y de inevitable sensibilidad política.

C.O.T.- ¿Es verdad que, como se dice en la calle, los magistrados del CNE están dilatando por “sensibilidad política” la decisión, con el fin de darles tiempo a los congresistas de que concilien sus posiciones sobre el referendo?

J.J.V.- No lo sé. Creo que se han tomado un tiempo razonable, pero ya es hora de que definan.


C.O.T.- Se sabe que el Consejo Electoral está dividido pero no jurídica sino políticamente y que allá varios magistrados votan según les ordene el jefe de su partido.

J.J.V.- Confío plenamente en que el voto de todos los compañeros estará inspirado en sus más profundas convicciones jurídicas.

C.O.T.- ¿Es cierto que el político José Name ha intervenido ante un magistrado del Consejo para pedirle que demore la votación o que se niegue a votar?

J.J.V.- No conozco ninguna intervención de esa naturaleza.

C.O.T.- Se dice que en su investigación usted concluyó que: 1. Las contribuciones económicas estuvieron por encima de la ley. 2.- Tal vez por estar por fuera de la ley, se omitió dejar registro de esas contribuciones. 3.- El comité de promotores omitió registrar los gastos. Ante esas evidencias, ¿por qué su ponencia no ha logrado la mayoría de votos en el CNE?

J.J.V.- La ponencia sobre la investigación no ha sido votada y sólo sabré cómo votarán los magistrados el día que se designe para ello. La ley exige que todas las decisiones del CNE sean aprobadas por las dos terceras partes de la Sala Plena, es decir, por 6 de sus 9 integrantes. Hemos votado algunos temas relacionados con el referendo y hemos quedado 5 (que están de acuerdo con las conclusiones de la ponencia) contra 4. Pero no se ha alcanzado el porcentaje exigido para que haya decisión en esta corporación.

Responde con normas para evitar recusación

Cecilia Orozco Tascón.- El Consejo Electoral investiga la financiación de la campaña para recoger firmas para el referendo, a petición del Registrador y como requisito previo para expedir el certificado de “buena conducta”. Los abogados de los congresistas piensan que no se necesita ese aval. ¿La división de opiniones hace inválida la investigación que usted ya hizo y cuyas conclusiones están listas para ser votadas por la Sala Plena del CNE?

Magistrado J. J. Vives.- Por la entrevista que usted me hizo hace unos meses, me recusaron. Para evitar un nuevo incidente de estos y permitir que los lectores se formen su propio criterio, me limito a repetir lo que dicen las disposiciones de la Ley 134 de 1994:

El artículo 24 dice que “el Registrador del Estado Civil certificará… si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la iniciativa legislativa y normativa, o de la solicitud de referendo”. En el artículo 27 se lee que “la organización electoral certificará, para todos los efectos legales, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana”. Y el artículo 30 ordena que “una vez certificado por la Registraduría… el cumplimiento de los requisitos… su vocero presentará dicho certificado… ante la Secretaría de una de las Cámaras del Congreso”.

“Este tema no es blanco o negro”

A Jaime Córdoba Triviño, ex magistrado de la Corte Constitucional, se le conoce por la seriedad de sus sentencias. El lío jurídico  que se armó cuando los congresistas votaron por el referendo reeleccionista sin tener el aval de la Registraduría es tan complicado, que  prefirió la distancia: “Este tema no se resuelve diciendo blanco o negro. De una parte, pesa mucho el punto de la inviolabilidad del voto de los congresistas. Pero también hay que tener en cuenta la valoración de si era exigible para esa votación el certificado de la autoridad electoral; y si su omisión permite sostener, en principio, la tesis del prevaricato, no por el voto en sí mismo, sino por  haber votado el referendo a sabiendas de que no se podía, por faltar ese requisito. ¿Quién califica la trascendencia jurídica de tal requisito y su exigibilidad previa para la votación? ¿La Sala Penal de la Corte —juez de conductas individuales— o el juez del proceso de formación de la ley, esto es, la Corte Constitucional? La Corte Suprema, en decisión dividida  2-1,  estima que la indagación preliminar tiene el objetivo de esclarecer si se está ante una conducta punible o no.  Hasta aquí tienen razón los dos magistrados de la mayoría. Pero ¿para eso era necesario llamar a 86 parlamentarios a rendir versión libre sobre un asunto técnico? No lo sé y por eso prefiero estudiar bien el caso antes de fijar posición”.

Temas relacionados