Los hilos sueltos del Cartel de Cali y el caso Galán

El ex presidente Gaviria abrió nuevo debate en el confuso expediente por el magnicidio.

Sin trascender las razones de peso que llevaron a la Fiscalía a ordenar la privación de la libertad del ex director del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, como presunto coautor del delito de homicidio agravado en la persona de Luis Carlos Galán, las conjeturas alrededor del caso se vieron ayer multiplicadas con un inédito comentario del ex presidente César Gaviria Trujillo, en el que indirectamente relacionó al oficial de inteligencia con el Cartel de Cali.

Según el ex presidente Gaviria, los norteamericanos le tenían desconfianza a Maza Márquez porque lo veían cercano al Cartel de Cali y, años después, le sorprendió constatar que, ya en calidad de ex director del DAS, el general (r) adhirió a la campaña presidencial de Ernesto Samper en presencia de Alberto Giraldo, un reconocido relacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela, que incluso años más tarde fue condenado en el publicitado proceso 8.000.

La súbita declaración del ex mandatario liberal, que sólo ventiló ante la justicia 20 años después del magnicidio de Luis Carlos Galán, le suma un ingrediente nuevo al de por sí confuso expediente contra el general (r) Miguel Maza Márquez. Lo que se sabía hasta el momento es que al ex director del DAS se le señalaba de haberles facilitado a los asesinos de Galán su acción criminal, a través del cambio de su jefe de escoltas. Ese grupo de asesinos pertenecía a las autodefensas del Magdalena Medio.

Es más, el punto de partida de las imputaciones contra Maza fueron las declaraciones del desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque, quien aseguró que el ex director del DAS se asoció con las autodefensas del Magdalena Medio con el propósito de combatir a Pablo Escobar. Eso explicaría también la necesidad de borrar evidencias de este grupo en el magnicidio de Galán. Sin embargo, la pieza suelta ahora parecen ser los tentáculos del Cartel de Cali.

Evaluando en perspectiva histórica esta circunstancia, hay hechos que si bien no demuestran una complicidad abierta del Estado con gente del Cartel de Cali para enfrentar al Cartel de Medellín en los aciagos años 80, sí existen capítulos aislados que comprueban que hubo colaboraciones non sanctas. Por eso, ahora que se ventila la presunta cercanía del general (r) Maza con el Cartel de Cali, también sería pertinente que se ahondara en otras facetas de ese presunto vínculo.

Por ejemplo, quedó documentado, aunque un poco perdido en la historia reciente, que en el operativo que permitió la baja de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, participó un infiltrado del Cartel de Cali que logró mimetizarse en el de Medellín. Ese personaje, llamado Jorge Enrique Velásquez y conocido como El Navegante, años después escribió un libro donde detalló cómo fueron esos contactos y aportes, decisivos para la acción de la Fuerza Pública.

También tuvo una insuficiente investigación el capítulo de Los Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes), una despiadada organización criminal que entre 1992 y 1993, según fuentes confiables, colaboró estrechamente con el Bloque de Búsqueda que logró ponerle fin al capo de capos. Según el escritor Mark Bowden en su libro Matar a Pablo, hasta el propio Carlos Castaño obró como informante de la Fuerza Pública para cercar y dar de baja a Pablo Escobar Gaviria.

Pero si el capítulo de Los Pepes, procesalmente, aún es un expediente recortado, el papel cumplido por el ex coronel de la Policía Danilo González representa un enigma por resolver. Hoy está claro que Danilo González, siendo todavía efectivo de la Policía, participó activamente en los contactos de la institución con la gente de Castaño y los capos de los carteles de Cali y del norte del Valle, para cerrar filas en torno a la lucha común contra Pablo Escobar Gaviria, sus socios, lugartenientes y secuaces.

Actualmente, al menos en el ámbito bibliográfico, está determinado que el coronel González, de estelar figuración tanto en los tiempos de persecución a Escobar en el gobierno de César Gaviria como en la cacería desatada contra el Cartel de Cali, en torno del denominado proceso 8.000, con el correr de los años, como lo relata el libro de reciente publicación Los Pepes, de Natalia Morales y Santiago La Rotta, terminó trabajando de la mano de otros dos ex policías que se volvieron capos: Wílber Varela (Jabón) y Víctor Patiño (El Químico).

Cabe recordar que la guerra entre los carteles de Medellín y Cali tuvo su detonante en enero de 1988, cuando estalló un carro bomba frente al edificio Mónaco de Envigado (Antioquia), donde habitaba la familia de Pablo Escobar. De ahí en adelante fue evidente que, de alguna manera, el Estado y el cartel de Cali siempre tuvieron un enemigo común: el capo de capos. Por eso, en el mundo de lo clandestino para nadie es un secreto que hubo acercamientos con el propósito común de enfrentar a Escobar.

La pregunta ahora es: ¿En todas esas vueltas estuvo involucrado el general (r) Miguel Maza Márquez, como lo dejó entrever el ex presidente César Gaviria Trujillo? Y algo más: ¿Estuvo involucrado el Cartel de Cali en el asesinato de Galán? Hasta el momento, la versión prácticamente histórica era que la mafia del narcotráfico, en asocio con las autodefensas del Magdalena Medio y el apoyo de unos cuantos políticos, había sido responsable. ¿Qué tuvo que ver el Cartel de Cali?

Miguel Maza Márquez fue director del DAS hasta la primera semana de septiembre de 1991. Tres meses antes, Pablo Escobar Gaviria había quedado recluido en la cárcel de La Catedral, luego de un singular proceso de sometimiento a la justicia a través de decretos de Estado de sitio que fueron acomodando la ley a sus exigencias. ¿Cómo se vislumbraba el poder del Cartel de Cali en esas instancias críticas? Conspiraba a la sombra mientras el Estado apaciguaba a Escobar.

Con el tiempo, la justicia terminaría probando que muchos de sus enlaces, que incluso alcanzaron altas dignidades del Estado, fueron beneficiarios o colaboradores del Cartel de Cali. Por ejemplo, dos ex ministros del gobierno Barco, Orlando Vásquez y Manuel Francisco Becerra, con el paso de los años terminaron condenados en el proceso 8.000. Lo mismo que aconteció con oficiales de la Fuerza Pública o congresistas, como el muchas veces citado Alberto Santofimio.

En otras palabras, sobre la presencia del Cartel de Cali en el Estado colombiano aún hay mucha tela por cortar, porque el proceso 8.000, que en su momento intentó desentrañar todos los nexos, se quedó corto en hacerlo. Y ese mismo Cartel de Cali, en los tiempos de la guerra contra Escobar, la misma época del magnicidio de Galán, entre otros crímenes políticos, jugó sus propias fichas a la sombra. ¿También estuvo en ellas el asesinato del dirigente Luis Carlos Galán?

Por lo pronto, cabe recordar que Ariel Otero, el sucesor de Henry Pérez en la comandancia de las autodefensas del Magdalena Medio tras el asesinato de este último en julio de 1991, comprobadamente tuvo nexos con el Cartel de Cali. ¿Qué efecto tuvieron estas alianzas? ¿En algún momento cruzaron sus fuerzas asesinas en el complot para matar a Galán? Por ahora existe una conclusión fáctica, la que aportó el ex ministro Juan Lozano: con la muerte de Galán, el primer beneficiario fue el Cartel de Cali.

Por eso, más allá de la situación jurídica del general (r) Maza Márquez, que tendrá que resolverse en las próximas semanas, toda vez que sus abogados ya invocaron el archivo de la investigación contra su cliente, el comentario del ex presidente Gaviria, para bien o para mal, vuelve a dejar al desnudo las incontables verdades que quedaron dispersas en la historia reciente del narcotráfico. Circunstancias que, con la nueva tesis jurídica de la Fiscalía, tampoco debían ser objeto de prescripción penal.

Entre tanto, el general (r) Maza Márquez continuará recluido en el Centro de Estudios de la Policía (Cespo), mientras la Fiscalía avanza en el recaudo de nuevas pruebas que, de una vez por todas, le den el ritmo y la orientación que desde hace 20 años debió tener la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. No sólo para esclarecer quiénes fueron los autores materiales, sino para saber quiénes más hicieron parte del complot que acabó con la vida del hombre que iba a ser el presidente de Colombia a partir de agosto de 1990.

Debate por la tesis de la Fiscalía

La tesis de la no prescripción del caso Galán tiene divididas las opiniones de los expertos. “Este es un país de ironías. Antes que declarar la muerte de Galán como un genocidio o como un delito de lesa humanidad, debieron haberlo hecho con los más de 3.000 muertos de la Unión Patriótica”, expresó el abogado José Ricardo Mejía. El magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema, manifestó que el reto de la Fiscalía era demostrar que el asesinato de Galán cumple con los requisitos para calificarlo crimen de lesa humanidad. Y Eduardo Carreño, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear, consideró que el punto fundamental es exponer que hubo intención de un grupo de agentes del Estado en eliminar al Nuevo Liberalismo como una expresión política de oposición en Colombia.