El rastreo financiero de la Corte Suprema de Justicia

El alto tribunal tiene información que podría derivar en nuevas inspecciones a casas de congresistas que fueron mencionados por Manuel Cuello Baute en la supuesta feria de notarías.

Fue información muy precisa la que le permitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenar el allanamiento a la residencia del parlamentario conservador Alirio Villamizar, en la que, luego de 16 horas de inspección, le fueron hallados cerca de $800 millones en una caja fuerte. Sin embargo, según conoció El Espectador, en la residencia de Villamizar los investigadores también dieron con una decena de libretas en la que había un listado de nombres, que podrían corresponder a cuotas burocráticas suyas en las administraciones locales de Santander, relacionados con montos de dinero.

En concreto, la Sala Penal indaga si los parlamentarios mencionados por el ex superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute manejarían una doble contabilidad a través de la cual ocultarían millonarios recursos que les habrían sido girados por sus recomendados en las distintas notarías que supuestamente fueron entregadas a través de su concurso. “Estamos haciendo un rastreo financiero para determinar a dónde iban a parar los dineros de las notarías”, le dijo a este diario un investigador.

Precisamente se trata de establecer —información preliminar en poder de la Corte apunta hacia allá— si notarios o subalternos de éstos, que habrían sido apadrinados por estos congresistas, les han venido pagando un porcentaje que oscila entre el 10 y el 50% de su sueldo con dineros pagados en efectivo como contraprestación por el nombramiento. La Corte tiene indicios de que con estos ingresos no reportados y ocultos en las presuntas dobles contabilidades de los congresistas indagados se manejaba la burocracia que suele administrar un parlamentario.

El Espectador dialogó con los apoderados del senador Villamizar, quienes confirmaron el hallazgo de $730 millones y US$13 mil más que correspondían a “aportes de simpatizantes y amigos” recaudados en los últimos tres meses para la próxima campaña al Congreso en marzo de 2010. Una versión que despierta  dudas, porque una suma tan grande de dinero se deposita en un banco, pero, al decir de los abogados de Villamizar, “tocará que los aportantes den la cara” para justificar esta suma. Los investigadores de la Corte reportaron los dineros hallados como “recursos ilícitos” en el acta de inspección a la residencia del congresista, ubicada en Bucaramanga.

Este diario conoció que la Corte verifica nueva información para ordenar más inspecciones a las casas de los congresistas mencionados por Manuel Cuello Baute. Una investigación con serias repercusiones en el seno del Legislativo que se suma a la que les abrió de manera preliminar a 86 parlamentarios por haber votado el referendo reeleccionista. El congresista Juan Manuel Corzo explicó el miércoles en el Congreso que la Corte no pudo hacer efectivo el allanamiento en su residencia porque se había mudado, al tiempo que negó cualquier vínculo con Samuel Darío Quintero, notario segundo de Cúcuta.

El escenario de los mencionados por Cuello Baute no parece fácil. Más allá de que sea un hombre condenado por la justicia, sus revelaciones cada vez aproximan más a la Corte a la tesis de que la primera reelección del presidente Uribe fue fruto de una transacción política en la que se votó el proyecto de ley a cambio de notarías.