“Un encuentro productivo”

Primer Mandatario no modificará la terna para elegir fiscal. Gobierno garantiza seguridad de magistrados.

El estancamiento de las diligencias en el marco de la Ley de Justicia y Paz, relacionadas con los 15 ex jefes paramilitares extraditados en los últimos meses a Estados Unidos, llevó a las ramas Ejecutiva y Judicial a conformar una alianza para profundizar la cooperación con el país del norte y tratar de superar las dificultades presentadas en los procesos judiciales.

Esa fue una de las conclusiones al término de un encuentro sostenido el lunes entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Álvaro Uribe, sus asesores jurídicos y el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

Frente al tema, en una improvisada rueda de prensa, el mininterior precisó que en los próximos días será designado “un magistrado enlace (por la Corte Suprema) que estaría en Estados Unidos y que tendría rango diplomático. Esa figura, que había sido previamente solicitada por la Corte Suprema, ya ha sido aceptada por Estados Unidos y en estos días empezaremos a hablar con los dos gobiernos para incrementarla”.

En la reunión también se analizó el tema de la terna presentada por el presidente Uribe para que la Corte elija al sucesor del ex fiscal Mario Iguarán Arana.

Desde que Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe fueron presentados como candidatos a fiscal, tanto Palacio como Ospina se han visto involucrados en una serie de escándalos mediáticos que han generado sendas preocupaciones en los magistrados.

El presidente Uribe explicó cómo seleccionó a los tres aspirantes y ratificó que no tiene motivos para retirar o modificar la terna.

Otro punto de la agenda fue el de la seguridad de los magistrados del máximo tribunal de la justicia ordinaria, tras las anónimas amenazas de muerte que en las últimas semanas recibieron algunos juristas, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, el vicepresidente de ese tribunal, Jaime Arrubla, y el presidente de la Sala Penal, Julio Socha Salamanca.

Al respecto, el Gobierno respondió que explorará e implementará nuevos mecanismos que garanticen la protección de los juristas y sus familias.

El ministro Valencia Cossio manifestó que ante la última decisión de la Corte Suprema, que negó la extradición de una persona bajo la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno “estudiará una norma reglamentaria que consulte los alcances y el sentido de la decisión”. En este tema, para la Corte no cabe discusión: si hay violación de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, éste será el criterio que prevalezca para desaprobar las extradiciones.

El magistrado Ibáñez calificó el encuentro con el presidente Uribe y sus asesores como “muy productivo y dinámico.