Controversia por subasta de tercer canal

La ministra de TIC, María del Rosario Guerra, dijo que este mecanismo está descartado y que el proceso se hará por licitación.

Cada día se enredan más los cables para la concesión del tercer canal. El último capítulo lo protagonizaron el martes la Procuraduría General de la Nación y el Gobierno, que tuvieron un choque por la propuesta de la subasta como mecanismo de adjudicación. Mientras María Eugenia Carrillo, procuradora delegada para la Función Pública, decía que la subasta era el método idóneo, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), María del Rosario Guerra, repetía enfática que estaba descartada esa modalidad.

La recién firmada Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) establece que la subasta es uno de los mecanismos que pueden ser empleados en procesos de licitación como éste, pero no contempla que sea el único. “En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda (...) se aplicarán procesos de selección objetiva, entre ellos la subasta”, reza el artículo 72.

La Ministra de TIC aseguró que la concesión se hará a través de una licitación que incluye una propuesta de contenido y otra de carácter económico, la cual tiene un precio base de $69.000 millones.

Guerra afirmó que se ha reunido con algunos de los comisionados y les ha ratificado que “el Gobierno Nacional considera que lo más objetivo es que haya un sobre cerrado con la propuesta de contenidos y otro con la propuesta económica”. En caso de que se presente un empate, los tres grupos empresariales que están en la puja por el tercer canal (Cisneros, Prisa y Planeta) deberán presentar una segunda propuesta.

El abogado Jaime Lombana salió en defensa de la subasta y aseguró que había interpuesto una denuncia penal contra los comisionados que desaprueben este mecanismo, por los delitos de interés indebido en celebración de contrato, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos de ley y  tentativa de peculado por apropiación. Lombana envió una carta a los comisionados pidiéndoles que hagan público su voto en la elección del sistema para adjudicar el tercer canal, y así poder determinar quienes están en contra de la subasta. La Contraloría General de la República aseguró que también es “partidaria” de este sistema.

La Procuraduría presentó otras observaciones. Una de ellas indica que quienes tengan  alguna concesión para operar un canal privado, no podrán participar en el proceso, a menos de que renuncien a los derechos sobre esos canales antes del 31 de diciembre. 

El martes se sostuvieron dos reuniones definitivas para esta puja. Juan Andrés Carreño, presidente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), estuvo en conversaciones con la procuradora  Carrillo. También se reunieron la ministra Guerra y el procurador Alejandro Ordóñez, buscando una fórmula para solucionar el tema. Al cierre de esta edición la publicación de los pliegos quedó pendiente, mientras los comisionados estudian el concepto de la Procuraduría.

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