Reparos de la Procuraduría al acuerdo de bases con E.U.

El tema de la inmunidad preocupa al Ministerio Público. Este miércoles, reunión clave.

A pesar de que la cooperación militar norteamericana en siete bases colombianas es una decisión tomada, a riesgo de incomodar a los gobiernos vecinos, existe un aspecto de este acuerdo en marcha que no termina de convencer a la Procuraduría General de la Nación: la inmunidad judicial de la que podrían gozar los norteamericanos en caso de verse involucrados en acciones ilícitas. El Ministerio Público ha manejado el tema con extremo sigilo, pero le ha formulado los reparos del caso al Gobierno Nacional.

El Espectador conoció que hace dos semanas, con presencia de la vicecanciller, Clemencia Ucrós, y del viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, el procurador Alejandro Ordóñez escuchó los pormenores del acuerdo, básicamente para evaluar los aspectos de soberanía implícitos en el mismo. En dicha reunión, los voceros del Gobierno insistieron una y otra vez en que no se trata de promover una carrera armamentista en Colombia, sino de lograr el apoyo tecnológico de E.U. en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público manifestaron no estar plenamente convencidos en cuanto a la inmunidad para los militares norteamericanos. Por eso formularon algunos reparos a la propuesta e incluso se ventiló la tesis de promover una especie de inmunidad relativa, de tal manera que los militares norteamericanos, en caso de verse inmersos en líos de naturaleza judicial, puedan ser juzgados en Colombia, pero teniendo en cuenta las leyes y la normatividad reglamentadas en los Estados Unidos.

En este encuentro no hubo conclusiones definitivas, pero se dispuso que después de las evaluaciones del caso se volviera a realizar una reunión para satisfacer las inquietudes del Ministerio Público. Dicha cita tendrá lugar este miércoles y para presidirla fue encargada la delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, María Eugenia Carreño. El propósito es que el Gobierno explique a la Procuraduría los detalles de la negociación entre estados y se resuelva definitivamente el tema de la inmunidad.

El Espectador consultó a la delegada María Eugenia Carreño sobre el objetivo de esta reunión y ella lo explicó en términos gráficos: “Hemos evaluado diversas experiencias sobre condenas al Estado por errores atribuidos a funcionarios norteamericanos con presencia en Colombia y la idea es que, ante el incremento de este personal en siete bases norteamericanas, se pueda realizar un estrecho seguimiento para que se garantice la cobertura de la justicia en cualquier circunstancia anormal”.

“No queremos que haya niños monos y ojiazules sin papás reconocidos”, comentó la funcionaria, al recordar que en el pasado se han presentado problemas de paternidad o de abusos con funcionarios norteamericanos y sólo la justicia contenciosa ha podido aportar un elemento condenatorio. La idea es que estos casos no se repitan y que además existan cláusulas específicas que garanticen que no habrá violaciones a los derechos humanos y las garantías fundamentales por parte de los militares de E.U.

De todos modos, aclaró la funcionaria, el Gobierno se comprometió con la Procuraduría General de la Nación a que, una vez se firme el convenio, todas sus cláusulas queden explícitas y el organismo de control pueda hacerle un seguimiento al desarrollo militar en las bases colombianas. Como es de conocimiento público, el personal norteamericano estará ubicado en las bases de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.

En repetidas oportunidades el Gobierno ha señalado que la autorización de las bases por parte de militares norteamericanos tiene como propósito profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con Estados Unidos. “No son bases norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, a la prensa el pasado 4 de agosto en Cartagena.

A la reunión de este miércoles en el despacho del Procurador están citados nuevamente la vicecanciller Clemencia Forero y el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.

“El acuerdo no formará parte de Unasur”: Cancillería

La vicecanciller de Colombia, Clemencia Forero de Ucrós, manifestó que el acuerdo de extensión militar con Estados Unidos no formará parte de la agenda central de la cumbre de Unasur, ya que existen otros temas o problemáticas que afectan la seguridad de la región.

“Los acuerdos de cooperación desde nuestro punto de vista no pueden ser tema exclusivo en Bariloche, sino que desde Quito una abrumadora mayoría de países estuvo de acuerdo en que buscáramos cubrir otra serie de temas que también les interesan a los países, como el tráfico de armas, la actividad de grupos armados al margen de la ley y las escaladas armamentistas en la región”, explicó la vicecanciller.

Asimismo, la funcionaria resaltó la amplia cooperación de Brasil y manifestó que existen otros acuerdos, no sólo de carácter militar, sino de integración y apoyo al comercio en la frontera entre Tabatinga y Leticia.

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