Impedimentos a la orden

Representante Rozo denunció que funcionarios del Sena lo buscaron para tratar de que cambiara su voto a favor de la iniciativa popular.

La votación de la conciliación del referendo reeleccionista en la plenaria de la Cámara de Representantes se convirtió en un duro y agresivo pulso entre la coalición de Gobierno y la oposición, cuya discusión central giró en torno a los impedimentos declarados por más de 90 legisladores, la mayoría de ellos interpuestos por aquellos investigados por la Corte Suprema de Justicia por la votación de la iniciativa en diciembre pasado sin el aval de la Organización Electoral en cuanto a sus cuentas.

Al cierre de esta edición, el trámite de la iniciativa, que busca abrirle paso a una segunda reelección del presidente Uribe, se iba en la definición de dichos impedimentos, que uno a uno iban siendo negados por la aplanadora uribista. El primero de ellos puesto a consideración, presentado por el representante conservador Santiago Castro, obtuvo 85 votos por el no y 44 por el sí, tendencia que comenzó a marcar la pauta en todas las demás decisiones.

Uno de los puntos más controversiales del debate tuvo que ver con la denuncia del representante de Cambio Radical Jorge Enrique Rozo, quien dijo haber recibido una llamada del director del Sena, Darío Montoya, para decirle que “recibiera a una de las funcionarias del nivel directivo de su entidad para comentarme un tema”.

Rozó agregó que, tras acceder a reunirse con la mujer, a su oficina llegó la jefa de planeación de dicha entidad, quien le dijo: “¿Qué necesita para que vote el referendo?” y le comentó que el Presidente había decidido “salir en busca de una segunda reelección”. Varios congresistas de la oposición le pidieron al presidente de la Cámara, Édgar Gómez, trasladar la denuncia a la Fiscalía.

Al ser consultado sobre el asunto, el director del Sena reconoció que efectivamente tuvo una conversación con el representante Rozo, pero desmintió las acusaciones: “A mí lo que me han dicho es que los congresistas pueden decir lo que quieran y tienen todo el derecho, es una especie de protección que ellos tienen. Yo respeto lo que él diga y que juzgue lo que tenga que juzgar. En este caso hay una autoridad competente, que él pruebe que yo le he dado a alguien puesto o cosas”.

En cuanto al debate en torno a los impedimentos, la tesis esgrimida por el representante liberal Guillermo Rivera fue que los 86 representantes investigados por la Corte Suprema no podían habilitarse mutuamente para votar, porque ello configuraba un conflicto de intereses, ya que la indagación del alto tribunal es la misma para todos. En respuesta, el representante Roy Barreras, del Partido de la U, preguntó: “Estamos definiendo es una conciliación. ¿Qué beneficio tendríamos con que el pueblo colombiano se exprese en el referendo?”.

Después de más de dos horas de discusión, con tesis de un lado y del otro, la plenaria inició la votación de los impedimentos, ante la mirada atenta del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y de dirigentes políticos como el precandidato conservador Andrés Felipe Arias y el presidente de la U, Luis Carlos Restrepo. La presidencia de la Cámara aún no decidía si seguía de largo hasta el amanecer y votar la conciliación o citar para el miércoles en la tarde.