Investigan a funcionarios del Consejo de Estado

La Procuraduría pretende establecer si en el Consejo de Estado opera una mafia al servicio de intereses particulares.

La Procuraduría le metió el acelerador a la investigación que pretende establecer si en el seno del Consejo de Estado operaba una mafia al servicio de intereses particulares que negociaba expedientes en la Sección Quinta de asuntos electorales, y que, sin que se percataran los magistrados del alto tribunal, brindaba asesoría a demandantes y hasta ofrecía arreglar procesos por dinero. El procurador Alejandro Ordóñez anunció que existen evidencias que comprometen a cuatro funcionarios del Consejo de Estado y a una investigadora del Ministerio Público en esta red de corrupción.

Por eso abrió investigación disciplinaria en contra del magistrado auxiliar Mayfren Padilla Téllez; Virgilio Almanza Ocampo, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado; Edilberto Samuel Casas Rojas, escribiente de la Sección Primera de ese tribunal; Carlos Arturo Fernández Trujillo, auxiliar de la Sección Quinta, y Esmeralda Muñoz Collazos, profesional grado 18, con funciones en la Procuraduría Primera Delegada de Vigilancia Administrativa. Asimismo, se ordenó suspenderlos de sus cargos durante tres meses.

Según Ordóñez, se pidió a la Fiscalía que se investigue la responsabilidad penal de estos cinco funcionarios involucrados en los presuntos delitos de concierto para delinquir en concurso con lavado de activos, fraude procesal, concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros. De igual forma, y sin entrar en detalles, se informó que durante la investigación la Procuraduría halló supuestas irregularidades que comprometerían al magistrado del Consejo de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo con esta red delincuencial. Por eso compulsó copias para que se investigue en la Comisión de Acusación de la Cámara.