Sólo se tenía información de que una letra de cambio refundida, que le pertenecía al senador Alirio Villamizar, probaría que sí habría hecho negocios con notarías. Con este dato, los agentes del CTI, una procuradora y magistrados auxiliares de la Corte Suprema tomaron un avión con rumbo a Bucaramanga para dar con este documento. Al aterrizar, se desplazaron hacia la Notaría 11, donde estaba Luz Yaneth Portilla Rojas, quien hasta ese momento había mostrado absoluta incondicionalidad hacia el político. Y no era para menos. A Villamizar le debía su cargo como notaria.
Pero la voluntad inquebrantable de la funcionaria, luego de tres preguntas de los investigadores, se vino al piso. Confesó no sólo que era ficha de Villamizar, sino que tenía que darle la mitad de su salario y que además debía reportarle la cantidad de dinero que entraba mensualmente o cada día, de acuerdo con las necesidades e inquietudes del conservador. Portilla expresó: “La plata se la entregaba personalmente a la señora Patricia de Villamizar”. Luego, los investigadores interrogaron a otros funcionarios de la Notaría 11 que ratificaron la declaración.
Agregaron además que, durante los primeros meses de Portilla como notaria, la esposa de Villamizar iba diariamente a su oficina y se sentaba toda la mañana en un escritorio. Desde allí anotaba cada transacción o movimiento que se hacía en este despacho y contabilizaba la cantidad de dinero que se recibía. De acuerdo con los testimonios, la señora de Villamizar recibía en cada quincena una suma aproximada a los dos millones y medio de pesos producto, al parecer, del salario de la notaria. Pero, según dijeron algunos funcionarios, también recibía parte del dinero de las actividades diarias de este despacho.
“En alguna ocasión se nos fue un billete falso en el paquete quincenal que le entregábamos a doña Patricia, pero no nos dimos cuenta. Ella sí lo notó y a la media hora de haber salido de la notaría regresó a cambiarlo”, dijo uno de los interrogados. Tras consultar en Bogotá, los investigadores resolvieron allanar la residencia del parlamentario, quien se encontraba en Bogotá en plena sesión del Congreso. A las 5:30 p.m. del pasado 19 de agosto, los agentes judiciales llegaron a Lagos del Cacique, un exclusivo sector residencial de Bucaramanga donde vive Villamizar con su familia. Fueron recibidos por un hijo del congresista y una asistente.
“Esta es la orden de allanamiento. Por favor, revísenla y nos acompañan para que verifiquen cada acción que hagamos”, dijeron en la entrada. El hijo de Villamizar, quien luego apareció comprometido con un subsidio no reembolsable de $496 millones otorgado por el Ministerio de Agricultura, siguió paso a paso las pesquisas de los agentes. Lo primero que hallaron: varias agendas en las que estaban relacionados nombres de funcionarios, cargo que desempeñaban y salario. En otra agenda estaba escrito una suma que equivalía a un porcentaje determinado y la fecha en que, supuestamente, debía recibir el dinero al parlamentario.
También se encontró un paquete de varios cd, en donde se hacía una relación de puestos en la administración municipal y departamental. Especialmente llamó la atención una carta del alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, sobre un cargo que estaría a disposición del senador Villamizar. Mientras aparecían documentos, cd, agendas, correos electrónicos y hasta el registro de un pago hecho y recibido por Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, los investigadores dieron con el elemento esencial de la diligencia: una caja fuerte empotrada en una pared de la casa de Villamizar, cuya clave le solicitaron telefónicamente a su esposa.
La mujer les dijo que los llamaría en unos minutos, pero hacia las 12 de la noche los investigadores no habían obtenido más que evasivas. Le pidieron un taladro al portero del conjunto residencial y lograron sacar la caja de la pared. Como no pudieron abrirla, volvieron a llamar a Patricia de Villamizar y ella, nuevamente, les pidió “unos minuticos”. Un rato más tarde llegó el senador desde Bogotá y, al ver el hueco en la pared, se acercó a uno de los investigadores y le preguntó que si eso, señalando el hueco, había sido necesario: “Pregúntele a su señora, que lleva seis horas tratando de buscar la clave”, fue la respuesta que recibió.
El senador les dio la clave y la caja, finalmente, fue abierta. Adentro había varios pares de aretes con figuras de Disney World y montones de billetes de $20 y de $50 mil, así como más de 14 mil dólares. Sobre una sábana, los agentes del CTI procedieron a contar billete por billete, lo cual les tomó varias horas por ser una suma superior a los $700 millones. Villamizar aseguró que podía explicar la procedencia de ese dinero. Su abogado pidió a los agentes que no se llevaran el dinero porque no le pagarían sus honorarios. La plata, consignada en una cuenta oficial, forma parte de las pruebas que tomó en cuenta la Corte Suprema para ordenar la detención del congresista.
En el radar de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia tiene en su radar al menos otra veintena de parlamentarios que habrían utilizado las notarías entregadas, al parecer, por el Ejecutivo como pago a la bendición que le dieron a la primera reelección presidencial, como botín político. Las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute y de varios notarios en ejercicio que declararon en contra de sus ‘padrinos’ políticos son las pruebas que tiene el alto tribunal para considerar, en principio, que el Gobierno entregó prebendas para asegurar la primera reelección del presidente Álvaro Uribe. En el caso del senador conservador Alirio Villamizar, la Corte encontró pruebas documentales que llevaron a que se ordenara su captura esta semana, con base en evidencias que con celo estaban en la caja fuerte de su residencia y que podrían poner en aprietos a la esposa del parlamentario. Según el expediente, era ella quien llevaba las finanzas de la notaría que le dieron.