Nuetras invitadas de hoy: La cantadora Febe Merab, quien participa en el formato "A Otro Nivel" de Caracol Televisión; y la actriz Nina Caicedo.

hace 30 mins

El Salado, memoria de nuestra guerra

El sociólogo y columnista  denuncia irregularidades en el proceso de pacificación y rehabilitación que promueve el Gobierno Nacional en la zona donde ocurrió la masacre.

El Salado es un corregimiento de El Carmen de Bolívar, ubicado en los Montes de María o Serranía de San Jerónimo, una región conocida en el país por el tabaco, por el vallenato El mochuelo de Adolfo Pacheco, cantado por Otto Serge. Y, desde hace una década, por la matanza de 65 campesinos hecha por 450 paramilitares. Los comunicados oficiales han explicado los crímenes y el terror sembrado por las Autodefensas como una reacción contra las acciones guerrilleras. La historia es un poco más compleja.

La región ha sido explotada por campesinos tabacaleros y por grandes ganaderías desde el siglo XVIII. Los playones de ríos y ciénagas son aún trabajados por campesinos itinerantes que siembran ñame, plátano y maíz. La Ley 200 del 36 —la de la función social de la propiedad— permitió la creación de las primeras ligas campesinas, que buscaban detener los abusos de los terratenientes y adquirir justos títulos de propiedad. El asesinato de Gaitán tuvo repercusiones violentas en la región, sobre todo en Ovejas. En las veredas de La Casona y Loma Verde se organizó una guerrilla liberal y en Sincelejo hubo una memorable manifestación contra la violencia conservadora en 1949.

La reforma agraria de los años sesenta (Ley 135 de 1961) tituló predios, abrió trochas y otorgó créditos. En la Costa Atlántica el impulso dado a la reforma por Lleras Restrepo generó una poderosa resistencia, muchas veces armada, de terratenientes. Lleras tuvo que recurrir a organizar a los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para impedir que los pocos logros fueran echados atrás.

Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura, nacido en Colosó, Montes de María, fue encargado de la tarea. Al inaugurar la primera asociación departamental en Sincelejo, Lleras Restrepo dijo: “No habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria”.

En el año 71, antes del Pacto de Chicoral, que echó para atrás la tímida reforma del Frente Nacional, había 980.306 campesinos organizados en el país. Una fuerza formidable y peligrosa, sobre todo en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La ANUC desencadenó una ola de invasiones de tierra.

Pierre Gilhodes ha señalado que solamente durante el mes de octubre de 1971, los usuarios campesinos invadieron alrededor de 150.000 hectáreas en varios departamentos; Daniel Pecaut afirma que durante ese mismo año las invasiones movilizaron a 30.000 campesinos. Entre 1971 y 1972 invadieron más de 2.000 predios. En 1974 la ANUC reunió 40.000 campesinos en la Plaza de Bolívar pidiendo tierra. El gobierno de Pastrana se asustó y partió en dos el movimiento: la línea Sincelejo, independiente, y la línea Armenia, gobiernista.

La agitación campesina, y en particular en los Montes de María, fue brutalmente reprimida. Los invasores fueron desalojados a bala, los allanamientos se sucedían sin pausa, cientos de campesinos fueron encarcelados y procesados. Una larga lista de dirigentes de la ANUC asesinados dio cuenta de la fuerza y profundidad del movimiento. Numerosas ligas, juntas de acción comunal y sindicatos optaron por volverse clandestinos.

De ahí al surgimiento de las guerrillas no había más que un paso, que lo dieron las Farc, el Eln y el Epl a comienzos de los 80. A fines de la década, las Farc habían consolidado dos frentes: el 35 y el 47, y el Eln uno. Las emboscadas y los enfrentamientos con la Fuerza Pública, la extorsión a empresarios y políticos, el secuestro de ganaderos y comerciantes fueron el pan de cada día hasta el principio de la siguiente década. En realidad, las FF.AA. se mostraron incapaces de controlar el orden público durante los años noventa en la región, fundamentalmente debido a la raigambre campesina que tenía la guerrilla.

La Serranía de San Jacinto es una zona de evidente importancia estratégica. Situada entre los ríos Magdalena y Sinú; entre el mar Caribe y la Depresión Mompoxina; entre Barranquilla y Montería y entre Cartagena y Sincelejo. La atraviesan el oleoducto Puerto Limón-Coveñas y la Troncal de la Costa entre Medellín y Santa Marta.

Sin duda, su privilegiada ubicación se relaciona con la ferocidad de la guerra y la creación de los bloques paramilitares que desde mediados de los noventa combaten a las guerrillas con el terror de masacres como las de Macayepo en 2000; Chengue en 2001; Chalán, Charquitas Don Gabriel, Los Números y Orejero en 2003. En todas estas matanzas la Fuerza Pública nunca se hizo presente o llegó para “asegurar la zona”.

La matanza

En El Salado, por ejemplo, la masacre fue ejecutada por la convergencia de tres bloques paramilitares mandados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, un ex carnicero y ex informante de la Armada, considerado el terror del Golfo de Morrosquillo, donde termina el oleoducto de la OXY; por Juancho Dique, comandante de las Convivir de Montes de María, fundadas entre la Primera Brigada y los ganaderos de la zona, y por H2, cuñado de Carlos Castaño.

La operación fue planeada por Castaño, Mancuso y Jorge 40 en la hacienda El Avión, departamento del Magdalena. Se trataba de un castigo ejemplarizante a un pueblo que, según la inteligencia militar, era un paradero y una retaguardia de las Farc, el grupo que había emboscado a la Infantería de Marina en 1995 matando a un coronel, un teniente y 25 soldados. Pero ante todo se trataba de recuperar 500 cabezas de ganado robadas por el Frente 37 a la famosa Gata, empresaria del chance e íntima de los gamonales de la región.

Los tres bloques avanzaron con cautela, degollando a todo campesino que tuviera un pequeño hato lechero o fuera delatado como colaborador de las guerrillas por los informantes. Un helicóptero abastecía la tropa de criminales y baleaba los ranchos. El 18 de febrero llegaron al pueblo las 450 unidades paramilitares. Las primeras víctimas fueron mujeres que se sospechaba habían sido o eran amantes de los guerrilleros. Casi todas fueron violadas y una empalada. En la plaza, al son de gaitas, acordeones y tamboras, fueron degollados, acuchillados o fusilados uno a uno treinta y seis moradores.

La Infantería de Marina llegó cuando los paramilitares se habían retirado tranquilamente cinco días después de comenzar la matazón. Juancho Dique narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... Cadena ya tenía todo arreglado”. Entonces, el Consejo de Seguridad Departamental, encabezado por el coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, se reunió en Sincelejo: el primer punto fue el supuesto robo de ganado hecho por las Farc a Miguel Nule Amín, Eric Morris y Álvaro García Romero, condenados hoy por paramilitarismo.


Según Semana, el consejo de seguridad se cerró con una conclusión demoledora: “Los delincuentes de las Auc emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las Farc que los guiaron hasta los campamentos del frente 37”... “La modalidad de realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las Farc les permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado”.

Las autoridades militares dieron la orden de cerrar las vías de acceso a El Salado, razón por la cual ni los periodistas ni los medios y ni siquiera los dolientes de las víctimas pudieron llegar. En octubre de 2007, Martín Caballero, comandante de las Farc en la región, murió acompañado de 18 guerrilleros en un combate con la Armada Nacional. Así, el coronel Cardona Ortiz, comandante de Primera Brigada de Infantería de Marina, pudo decir hace poco: “los Montes de María son la primera zona libre de guerrilla en Colombia”, un título que había sido reclamado por Ernesto Báez y los ganaderos del Magdalena Medio para Puerto Boyacá veinte años atrás.

¿Posconflicto o negocio?

Hoy todo ha pasado y quizás nada haya cambiado. El Gobierno Nacional puso en marcha el Salto Estratégico (Directiva Presidencial 01 de marzo de 2009) con el Plan Integral de Consolidación de los Montes de María, que tiene como condición el control militar de la zona, adelantado por un nuevo organismo oficial, el Centro de Fusión Integral, una instancia del Comando de la Armada Nacional. En realidad es el viejo proyecto de la Acción cívico-militar elaborado por el Comando Sur de EE.UU. y publicitado por el general Álvaro Valencia Tovar.

El objetivo central es poner en manos militares la estructura social y el desarrollo económico de una región, contando por supuesto con la empresa privada y con las ONG aliadas del Gobierno (sic). Los jefes del programa son el comandante de la Fuerza Naval del Caribe y “como responsable de la dirección en el área política” un personaje titulado oficialmente “el Padrino de los Montes de María”.

El primer proyecto es la rectificación y pavimentación de la carretera entre El Carmen de Bolívar y San Onofre, que hará parte de la Transversal del Caribe. La construcción de la vía ha sido contratada por el Gobierno Nacional con el Batallón de Ingenieros Militares por un valor de 11.000 millones de pesos.

El resultado más tangible de la política adoptada por el Gobierno —presentada en público como de posconflicto— ha sido la acelerada y abrupta valorización de la tierra. El primer síntoma es la ampliación de las grandes ganaderías a costa de la agricultura campesina. Entre 2005 y 2007 “se han presentado porcentajes significativos de reducción del uso de tierras para la siembra de cultivos a favor de la ganadería”, que sigue ocupando más de la mitad de la tierra útil, según la Universidad de Cartagena.

El hato ganadero aumentó en ese par de años un 11%. El proceso de valorización del suelo y de concentración de la propiedad ha sido imparable. Patricia Buriticá, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), hizo un llamado al Gobierno para que “investigue la venta masiva de tierras en la región de los Montes de María, así como la compra de éstas por parte de grandes capitales para el cultivo de materias primas requeridas en la producción de biocombustibles. Se han conocido casos de compra de 75 mil hectáreas”.

El vicepresidente Francisco Santos, a quien ya nadie escucha, denunció: “Hay distintos compradores, unos son decentes, han llegado a la zona a hacer empresa y a forjar empleo rural. Pero hay otras empresas de especulación, sociedades que vienen de Medellín específicamente, y la justicia las tiene en la mira”.

Los grandes inversionistas comprobados son compañías palmeras bajo el control de Carlos Murgas, el zar de la palma; la Philip Morris, dueña del 93% de las acciones de Coltabaco, y Colanta, una gigantesca empresa lechera. Desde 2005 se reinició la exploración de campos de petróleo y gas. Pero además de ser un territorio para los inversionistas privados, los Montes de María son un mercado extraordinario: los 72.500 hogares deberían consumir sólo en alimentos unos 2.175 millones de pesos por día, según cálculos de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Una cifra tan asombrosa podría explicar por si sola por qué se le está dando tanta importancia al retorno a El Salado de las 6.000 personas que vivían antes de la masacre. Pero además, las inversiones privadas y públicas podrían asimismo explicar la demanda de obreros y jornaleros necesarios para volver a poner en marcha una economía que fue recuperada a sangre y fuego, y sobre todo la sensación mediática de que se exorcizó el fantasma de la muerte echándole tierra encima.

¿Y la matanza de los awás?

Es paradójico —pero simbólico— que hoy se esté recordando con bombos y platillos poemas en prosa, exposiciones fotográficas, despliegue de promesas, golpes de pecho y rasgadura de vestiduras  la masacre de El Salado, sucedida el 16 de febrero de 2000, y al mismo tiempo se huya de la monstruosa masacre que sufrió hace dos semanas el pueblo awá. Hoy será lanzado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el libro La masacre de El Salado, esa guerra no era nuestra, dirigido por Gonzalo Sánchez, un conocido y respetado investigador. Quizás en diez años conozcamos los pormenores de la masacre de 12 miembros de una misma familia awá —la mitad niños— en el resguardo del Gran Rosario con armas cortas, tiro a tiro, a las 5 a.m. Las autoridades han estado sospechosamente reservadas sobre la identidad de los autores si se compara con el despliegue que tuvo la repugnante masacre hecha por las Farc en febrero pasado, también en el sur del país, cuando fueron asesinados a cuchillo en el resguardo de Tortugaña Telembí una docena de indígenas. En la región se dice que los autores son un grupo de sicarios pagados por un grupo armado. ¿Estaremos frente a una nueva modalidad de falsos positivos?

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