Un problema minero en Ciudad Bolívar

Varios cabildantes piden que se prohíba la extracción mineral en el casco urbano.

Las primeras excavaciones que se hicieron en las inmediaciones del río Tunjuelo, en lo que hoy es la localidad de Ciudad Bolívar, comenzaron alrededor de los años 50. Entonces, apenas eran pequeñas extracciones, principalmente hechas por personas de la zona que necesitaban sacar la grava de los bordes del río para construir sus viviendas. Por aquellos días, el Tunjuelo corría libremente por su cauce natural, con una ronda generosa. Era un río, no una suerte de pesadilla ambiental, siempre entrometida en el avance firme del desarrollo.

A finales de la década del sesenta, las perforaciones ya eran un asunto serio, con huecos de mayor profundidad y una producción sostenida. El tiempo pasó y los mineros siguieron llegando al sector. Excavaban los militares, dueños de los predios de la Escuela de Artillería, Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio.

El río comenzó a pesar en los negocios y su curso empezó a ser modificado una y otra vez. Para finales de los años noventa, en donde antes existía un cauce sinuoso quedó instalada una especie de carretera fluvial: una línea recta, de reducido tamaño, trazada para no obstaculizar el avance de las minas de grava.

Los días pasaron y las excavaciones siguieron haciéndose más profundas. Según algunos, los huecos llegaron a los 80 metros de profundidad. En 2002 el desastre sobrevino. El Tunjuelo, con un cauce mínimo y excavado a lado y lado de su recorrido, se desbordó debido a un crudo invierno. Sus aguas fueron a parar, paradójicamente, a los pozos de las compañías mineras.

Desde entonces, las empresas afectadas demandaron al Distrito por valor de $400 mil millones. “La inundación de 2002 fue posible sólo por la labor de las compañías mineras, quienes fueron excavando en los lados del río, lo que permitió que el Tunjuelo quedara colgado, por decirlo de alguna forma. Cuando llegó la creciente, todo el agua se fue hacia los lados, donde estaban los huecos de los mineros”, afirma un experto en el tema, quien pidió la reserva de su nombre.

“No existe, en Latinoamérica, una ciudad capital con una minería de escala similar a la nuestra, que haya generado situaciones de esta dimensión”, se lee en una carta abierta que el concejal Carlos Vicente de Roux someterá a consideración del alcalde Samuel Moreno. El objetivo de la comunicación es que en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que será entregada al Concejo en el primer trimestre del próximo año según la Secretaría de Planeación, se incluya la prohibición de la minería urbana. “Lo único que ha ocasionado la posibilidad de explotar recursos mineros dentro del perímetro urbano son perjuicios y problemas”, dice la misiva

Sólo la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) ha gastado, entre 1998 y 2007, exclusivamente en Ciudad Bolívar, casi $11 mil millones en estudios y obras de estabilización de antiguos taludes mineros en esta localidad. Entre 1996 y 2005, las regalías que el Distrito ha recibido por cuenta de la actividad minera en toda la ciudad, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda, no superan los $1.300 millones. En 2005, la DPAE invirtió casi $800 millones en la estabilización de viviendas y terrenos en la localidad mencionada. En ese mismo año, Bogotá recibió $284 millones en regalías de las compañías mineras de la capital.

De acuerdo con el experto, la misma Empresa de Acueducto estableció a través de un estudio desarrollado en 2003 que los taludes de minería son inestables en condiciones de humedecimiento. El académico se pregunta qué pasaría con estos terrenos en caso de un sismo, en momentos en que Bogotá ha realizado simulacros de emergencia para responder a esta contingencia. En mayo de este año se presentó un deslizamiento en el barrio Villa Jaqui, que colinda con uno de los sectores de extracción de la grava.

Según De Roux, la minería representa graves problemas para la ciudad, que van desde lo ambiental (como quedó evidenciado en la inundación de 2002, según el experto), hasta los costos de salud e infraestructura que tiene que asumir el Distrito por el desprendimiento de partículas nocivas que tienen incidencia en enfermedades respiratorias de los habitantes de los barrios cercanos a los taludes y la carga de deterioro que esta actividad tiene sobre la malla vial del lugar.

Asimismo, el concejal señala que el material que se extrae de estos lugares puede conseguirse en otros sitios del país, especialmente en los Llanos Orientales, en donde hay otros ríos que tienen gran concentración del sedimento requerido por las compañías mineras. De acuerdo con el académico, la extracción en los Llanos, y posterior transporte hasta Bogotá, no tendría mayores impactos en el costo de los materiales de producción. “Durante la emergencia de 2002, cuando sucedió la inundación, la construcción no se encareció debido a que estos taludes no estaban siendo explotados”, advierte.

De Roux sostiene que la carta que le será entregada al Alcalde Mayor estará firmada por cerca de 10 concejales, como Antonio Sanguino, Jaime Caicedo y los cabildantes de la bancada del partido Mira. “Presumo que el lobby de las compañías mineras es fuerte, pero esta pelea hay que darla para no prolongar los problemas graves, como suele suceder siempre”, afirmó el concejal.

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