Diego Palacio en emergencia

El derrotero de un ministro que ha logrado sortear muchas peleas. Hoy, por cuenta de la Emergencia Social, libra la más brava.

El ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, sigue en el ojo del huracán por cuenta de los decretos de Emergencia Social. Pero lo ha estado tantas veces desde el comienzo de su gestión —a principios de 2003—, que ya se volvió costumbre asistir a la controversia entre los enconados detractores del funcionario y quienes siguen defendiéndolo a capa y espada, especialmente el propio presidente Álvaro Uribe, que una y otra vez le ha dado su voto de confianza.

En los primeros días de su ministerio, proyectó imagen de acucioso funcionario que en los consejos comunales entregaba cifras juiciosamente y respondía presto cada interrogante del primer mandatario. Pero empezó a ganarse los recelos de la oposición cuando el Gobierno dejó al descubierto su interés por la reelección presidencial. Desde entonces, Diego Palacio quedó ubicado como uno de los funcionarios que más se  movieron en el Congreso para garantizar un segundo mandato de Uribe.

De hecho, su actuación durante la jornada de junio de 2004, en que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su voto por la reelección, sigue siendo motivo de investigación penal. Por eso, en junio de 2008, cuando ya había estallado el escándalo de la yidispolítica, la oposición intentó sacarlo del Ejecutivo mediante una moción de censura, a la que añadió el cargo del supuesto fracaso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y el inminente colapso de la salud. Gracias a la aplanadora uribista, la moción no prosperó.

Palacio siguió en lo suyo, casando peleas a diestra y siniestra. Y en sus detractores dejó un nuevo recuerdo: el protagonismo que tuvo al lado del presidente Uribe el viernes 27 de junio de 2008, cuando después de responder todos sus interrogantes contra la yidispolítica, se fue para la Comisión de Acusación de la Cámara y personalmente denunció a los magistrados de la Corte Suprema que investigaban el escándalo.

Tiempo después, cuando la Corte condenó a Yidis Medina, el Minprotección apeló a la tutela para que su nombre fuera retirado de la sentencia. Y ganó la pelea en el Consejo de la Judicatura. Mientras sus opositores lo cuestionaban por la demora en la reforma del Seguro Social, el cierre de los hospitales públicos, la reforma de las EPS y hasta la seguridad de los líderes sindicales, Palacio estaba en otros estrados. Volvió a denunciar a la Corte Suprema, esta vez por   prevaricato.

Al final, fue ese alto tribunal, después de recibir el respaldo de la Corte Constitucional revocando el asunto Palacio-yidispolítica, el que salió a pedir que lo investigaran por falsa denuncia. Y cada vez que opina sobre un tema coyuntural, se gana enemigos. Propuso una discusión sobre el tema del aborto y le sacó la piedra a la Iglesia, anunció que se iba a practicar la vasectomía para darles ejemplo a los padres y tampoco ganó puntos. Aún así, mantiene el respaldo del Presidente.

Sólo que ahora multiplicó sus detractores y, como afirmó un congresista, en un mes logró lo que no ha podido la oposición en siete años. Por cuenta de los decretos de la Emergencia Social, hasta un regaño público se ganó del Presidente por lo mal redactado que quedó el articulado. Le cayeron los médicos, los pacientes, las EPS, los productores de cerveza, los científicos, los estudiantes, los congresistas, los candidatos presidenciales. Y de colofón, ahora protagoniza un round aparte con el candidato Germán Vargas Lleras.

El jefe de Cambio Radical aseguró que para elaborar los decretos de la Emergencia Social, el Gobierno había contratado a tres expertos vinculados con las EPS, pagándoles $725 millones. En su defensa, el ministro Palacio, primero le pidió al candidato que entregara las pruebas a las autoridades, y después, sostuvo que la compañera sentimental de Vargas, Luz María Zapata, también había sido consultada. Vargas le respondió tachándolo de “miserable”. Palacio reculó parcialmente, manifestando que había sido mal interpretado.

Pero allí no quedó todo. El aspirante presidencial reveló este jueves que existe otro contrato, firmado con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria –firmado el 19 de noviembre de 2008 y va hasta mayo de 2009–, “para brindar asesoría profesional y apoyo al Ministerio de la Protección Social”, por valor de $1.200 millones. A Palacio, la oposición ya le anunció el trámite de una nueva moción de censura, con el apoyo incluso de algunos sectores uribistas que ya se sienten agotados con el estilo del funcionario. Por ahora el Presidente lo mantiene. Nadie sabe qué pueda pasar cuando la Emergencia Social sea examinada en la Corte Constitucional.

“Hay que revocar estos decretos de muerte”

El esperado debate en las comisiones séptimas de Cámara y Senado, para discutir las medidas que ha tomado el Gobierno con el fin de subsanar los problemas de la salud, comenzó con una escandalosa revelación. Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, denunció que el Gobierno no incluyó dentro de los ajustes tributarios de la Emergencia Social el aumento en el IVA a los licores de alto costo como vodka y whisky, para “favorecer” a empresas de familiares del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, que se dedican a la importación de estos licores.

El Ministro respondió que ha “aprendido a no ser ingenuo” y a estudiar con cuidado las decisiones que dependen de él, para no beneficiar sus propios intereses. “No arriesgaría mi prestigio por actos ingenuos”, aseguró.

En este mismo escenario fueron anunciados los primeros proyectos que buscan tumbar la Emergencia Social. Dilian Francisca Toro, senadora del Partido de la U, dijo que va a presentar una iniciativa para derogar la medida que propone que los colombianos con capacidad de pago financien los procedimientos por fuera del POS con sus cesantías. Los senadores Cecilia López, liberal, y Alexánder López, del Polo Democrático, incluso pidieron la renuncia del ministro de Protección Social, Diego Palacio. López sostuvo que el propio presidente Álvaro Uribe tendría que pagar las consecuencias de los escándalos de la Emergencia Social.

El jueves, el ex presidente Andrés Pastrana también se pronunció en contra de los decretos, y le pidió al Gobierno suspender las medidas y buscar mecanismos de consenso con los actores del sistema. Señaló que el ministro Palacio debe responder por el desconocimiento de la salud en el país.

El debate académico

“La salud no es un favor, es un derecho. No a los decretos de Emergencia Social”, era la frase escrita en varios carteles que sostenían estudiantes y representantes de la ciudadanía el jueves en la Universidad Javeriana, en el foro “La salud en Colombia, ¿en emergencia?”. Gina Rojas, estudiante de Derecho, fue enfática al decir que “hay que revocar estos decretos de muerte”.

En este escenario, el ministro Palacio defendió los decretos y reiteró que se logrará mayor rentabilidad, pero el público no le creyó, lo abucheó y quedó la sensación que  el Gobierno tomó decisiones desacertadas. “No se puede pretender solucionar problemas de fondo por medio de decretos reglamentarios. Hay que derogarlos y expedir leyes a través del Congreso, con participación de la comunidad”, aseguró Francisco Yepes, director de los posgrados de administración en salud. En igual sentido se refirió el ex constituyente Hernando Yepes, al enfatizar que “la declaratoria del estado de Emergencia Social fue establecida sin atención a los parámetros constitucionales”.

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Redacción Política

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