Duro regaño de la Corte a la Justicia Penal Militar

Alto tribunal revivió caso por la ejecución extrajudicial de dos subversivos del M-19.

Al concluir que la decisión de la Justicia Penal Militar (JPM) de absolver a un capitán de la Policía y nueve suboficiales más —procesados por la ejecución extrajudicial de dos subversivos del M-19, ocurrida en septiembre de 1985— no obedeció a una investigación imparcial y, muy al contrario, pretendió enmascarar una situación de impunidad sobre una flagrante violación de los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia anuló el expediente y lo remitió a la Fiscalía.

El caso se relaciona con el asalto, por parte de un comando del M-19, a un carro repartidor de leche que se trasladaba por el barrio Diana Turbay, en Bogotá, “procediendo luego a repartir el producto entre los vecinos del sector”. Las autoridades montaron un operativo relámpago y se logró la captura de 12 guerrilleros. En particular, en la vereda Los Soches del municipio de Usme (Cundinamarca), fueron detenidos José Alonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera, quienes fueron asesinados en estado de indefensión con tiros de gracia.

Pronto la JPM le echó tierra al asunto: en 1988 cesó todo procedimiento en contra de los uniformados. Durante nueve años el caso durmió el sueño de los justos, pese a los reclamos de los familiares de las víctimas y las evidencias forenses. Pero en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la impunidad que rodeaba el expediente y conminó al Estado para que impartiera justicia. Con ese antecedente, la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema revisar el caso al establecer que los guerrilleros no fueron abatidos en un enfrentamiento armado ni mucho menos, sino que se les asesinó a sangre fría.

Las pruebas de balística demostraron que los militantes del M-19 recibieron, cada uno, ocho disparos, cinco de los cuales les fueron hechos a menos de un metro de distancia, es decir, a quemarropa. En el caso de Hernando Cruz se demostró que le propinaron un tiro en la cabeza cuando estaba de espaldas. En criterio de la Corte, esta sola evidencia demostraba que tal enfrentamiento nunca ocurrió. No obstante, contra toda lógica la JPM, “en evidente pretensión de impunidad”, favoreció a los policías

Con estos argumentos la Corte remitió el caso a la Fiscalía para que investigue por homicidio al capitán José Velandia Niño, al teniente Édgar Armando Mariño, los subtenientes Luis Camacho, Raúl Rondón, los cabos Henry Fernández, Denis Cuadros, y los agentes Olivio Jaime Vega y Pedro Martínez. Y, de paso, le metió tremendo regaño a la JPM, de la que concluyó que nunca impartió justicia. Sí impunidad.