Corte Suprema, en alerta

Refuerzan medidas de seguridad.

En un vehemente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia repudió la indiferencia de las otras ramas del poder público frente a las continuas amenazas que vienen sufriendo los operadores judiciales, al tiempo que denunció una “falsa moral” de algunos sectores que se manifestaron supuestamente alarmados por un posible atentado terrorista que se estaría fraguando en contra de varios magistrados de esa corporación. Así lo expuso la presidenta encargada, Elsy del Pilar Cuello Calderón, al calificar que lo ocurrido el jueves “no se trata de un episodio cualquiera”.

Se refería a la captura de dos sujetos que se produjo en la madrugada del jueves en la calle 139 con carrera 9ª, al norte de Bogotá, precisamente en cercanías a las residencias de los magistrados de la Sala Penal Augusto Ibáñez, Javier Zapata y Jorge Luis Quintero Milanés. En horas de la mañana de este jueves se prendieron las alarmas en el Palacio de Justicia, pues se especuló que dichas detenciones tendrían que ver con individuos al servicio del narcoparamilitarismo que habrían sido contratados para segar la vida de los juristas. No obstante, con el paso de las horas dicha versión perdió fuerza.

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a El Espectador que en desarrollo de una investigación se lograron interceptaciones que presuntamente advertían sobre un atentado en contra de un sujeto conocido como Jairo Alfonso Garzón, quien al parecer se movía por el sector en donde viven los juristas de la Corte, y a quien desconocidos que se movilizaban en una camioneta con placas de Montería (Córdoba) le hacían inteligencia. Uno de los presuntos sicarios fue aprehendido con un arma con silenciador, según trascendió.

De cualquier manera, el fiscal general (e), Guillermo Mendoza, en reunión a puerta cerrada le dio a la Sala Plena de la Corte un reporte sobre la investigación y le advirtió que aun cuando no existen lazos que permitan inferir que estos sujetos buscaban atentar contra los juristas, sí se reforzarían sus cuerpos de seguridad, tal como lo recalcó también el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, tras revelar que causaba mucha preocupación que estas capturas se hubieran registrado en la zona de residencia de los magistrados.

A su turno, el ministro del Interior, Fabio Valencia, advirtió que ya se incorporaron al presupuesto de la Rama Judicial $6.000 millones incautados al narcotráfico, que serán destinados para reforzar la seguridad de los integrantes de las altas cortes. No obstante, en los pasillos del Palacio de Justicia ronda cierta zozobra. La presidenta encargada de la Corte dijo que la muerte de funcionarios judiciales, así como amenazas a testigos y víctimas, evidencian el peligro latente que se cierne sobre la corporación y le pidió al Estado que vele por la seguridad de todos los funcionarios de la Rama Judicial. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional se unieron a las voces de rechazo por las amenazas a magistrados.

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