El último tropezón de Hugo Chávez

Esta semana el tema de las Farc siguió dándole dolores de cabeza al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y empantanando su política exterior.

Esta vez por cuenta de un auto de procesamiento divulgado el lunes pasado por el juez de la Audiencia Española Eloy Velasco, en el que se denunciaban vínculos del gobierno bolivariano con la organización separatista Eta y se afirmaba que dicha organización ilegal habría impartido y recibido entrenamiento en campamentos de las Farc en territorio venezolano.

La reacción española fue inmediata. En una rueda de prensa y con la canciller alemana Ángela Merkel al lado, José Luis Rodríguez Zapatero le pidió explicaciones a Chávez. El gobierno venezolano respondió casi en simultánea, desde Uruguay, y aseguró que se trataba de acusaciones tendenciosas, parte de esa “campaña para desacreditar al gobierno bolivariano”, dirigida desde Washington, que coincidencialmente reveló un informe en que el que dejó muy mal parado a Venezuela en el tema de lucha antinarcóticos.

El viernes, y tras hablar con el ministro de Relaciones Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos (a quien califica de “buen amigo”), aseguró que le parecía “aceptable” la posición del gobierno español. “Han dicho que no pidieron explicaciones sino información”, dijo Chávez, “las cosas han vuelto a su cauce”.

Casualmente, y pese a que el escándalo involucraba a Colombia, el Gobierno Nacional se abstuvo de hacer mayores comentarios. La única vez que el presidente Uribe se refirió al tema,  hizo  una atípica defensa de su homólogo venezolano: “El cargo que se les puede hacer a esos funcionarios no se le puede hacer  al Estado venezolano”, dijo. 

Quizás el nuevo tono busca replicar aquellos de Venezuela, que también se ha mostrado abierto al diálogo en los últimos días. De hecho, para facilitarlo, viajó a Colombia este fin de semana el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Aquí se reunió con el presidente Uribe y viajó a Cúcuta para cumplir el mandato dado por los países de Río para oficiar como mediador entre los dos gobiernos.