Gobierno busca ‘articulito’ para mantener control de Viviendas de Interés Social

El viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, lamentó el fallo de la Corte Constitucional.

El viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, lamentó la decisión de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los Macroproyectos de Interés Social Nacional, y afirmó que aunque el Gobierno respeta y acata la decisión del alto tribunal, ésta imposibilitó la construcción de cien mil viviendas de interés social (VIS) en ocho macroproyectos que quedaron sin piso legal y en los cuales se iban a invertir entre cinco y seis billones de pesos.

Los macroproyectos son iniciativas de urbanización de carácter nacional que, según el funcionario, eran la herramienta más eficaz para solucionar el déficit de vivienda que hay en la ciudad y en el país. De acuerdo con Henao, esta iniciativa permitió que en un año se construyeran 160 mil unidades de VIS en unas 1.880 hectáreas en Colombia; en Bogotá, según las cuentas del Ministerio de Vivienda, en ocho años sólo se han intervenido para este fin 120 hectáreas. “Sin duda, los grandes perjudicados con esta decisión son las familias más vulnerables y pobres del país (…)”, explica el Ministerio en un comunicado oficial.

El artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 (en donde están contemplados los macroproyectos) fue demandado por los concejales Carlos Vicente de Roux, Ángela Benedetti, Antonio Sanguino y Carlos Fernando Galán, además del Grupo de Interés Colectivo de la Universidad de los Andes. “El artículo impugnado lesiona gravemente la autonomía de los municipios: es humillante que el Gobierno Nacional les quite la posibilidad de regular los usos de su suelo”, opina De Roux.

“Según la Corte, los macroproyectos interfieren con la autonomía de los municipios. Eso es en el papel. Sin embargo, nueve de los 10 proyectos que siguen vivos según el fallo, puesto que ya se están ejecutando, nacieron por iniciativa de los mismos municipios, así que en este caso no hay ninguna violación de la autonomía, sino una cooperación entre los gobiernos nacional y local”, afirma Guillermo Herrera, director de Desarrollo Territorial del Ministerio.

Los 10 macroproyectos que siguen con vida están ubicados en Buenaventura, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, Manizales, Pereira y Soacha, este último, con un costo de $3 billones, pretende entregar 25 mil viviendas de interés social. Con el fallo del alto tribunal murieron ocho más de estos desarrollos urbanísticos, entre estos dos en Mosquera y uno en Facatativá. Para De Roux, “los macroproyectos se están utilizando para crear un modelo expansivo de los centros urbanos, que a la larga es mucho más costoso, pues la ciudad tiene que asumir los costos de llevar hasta estos puntos toda la infraestructura necesaria, como vías y redes de servicio”.

Por su parte, Herrera afirma que “los macroproyectos, en su costo total, contemplan los servicios y las vías. No es cierto que la ciudad asuma estas cargas”. Según el viceministro Henao, una vivienda de interés social, dentro del marco de estos proyectos, cuesta entre $30 y $32 millones con todo el urbanismo que requiere, aparte de la construcción en sí. Fuera de ese marco, este precio se incrementa, aproximadamente, en un 20%, de acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario, quien añadió que su cartera buscará promover una reforma constitucional, el próximo 16 de marzo, para entregarle elementos al Gobierno Nacional para la habilitación de suelo que se destinará a la construcción de VIS.

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