Temor en Venezuela por el supuesto control a internet

Las declaraciones del presidente Chávez y el establecimiento de un Punto de Conexión Nacional en el país tienen al gobierno y a opositores librando una nueva pelea.

A mediados de marzo, el asesinato de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas de Hugo Chávez, fue anunciado en un foro virtual de la página “Noticiero Digital”. Había sido una pesadez más de anónimos que dejan volar la imaginación y la grosería. De inmediato, el oficialismo chavista cuestionó a los medios digitales  por permitir que sus lectores se expresaran libremente en sus foros virtuales.

No era la primera vez que el gobierno protestaba. Por eso, dos días después, cuando llegó el anuncio de Hugo Chávez, nadie se sorprendió. “La internet no puede ser una cosa libre”, dijo el sábado 13 de marzo. Y el pasado domingo en ‘Aló Presidente’ insistió: “El mal uso del internet, muchas veces para generar pánico. Eso está penado por las leyes en cualquier parte del mundo”, dijo Chávez.

Las palabras del presidente fueron el banderazo de una carrera por la defensa de la libertad o la regulación de internet que se anticipaba. Hace tiempo se venía hablando de una “conspiración”, una “batalla” entre opositores y oficialistas, trasladada a un imperio virtual que el chavismo apenas empezaba a descubrir. Los rumores, desde entonces, eran: no demoraría el gobierno en querer controlar internet, de la misma manera que lo hace Cuba, Irán o China, al censurar páginas adversas o servicios digitales de comunicación.

La fiscal Luisa Ortega Díaz le pidió a la Asamblea legislar sobre internet; la Asamblea, a su vez, le bajó el tono a la posibilidad de establecer una nueva ley, pero aprobó una declaración pidiéndoles a las páginas de internet “regular” los comentarios de sus usuarios; por esos mismos días Franco Silva, presidente de la compañía telefónica nacional Cantv, anunció que su institución trabajaba en el establecimiento de Punto Acceso Nacional (NAP, en inglés) en manos del gobierno. Muchos unieron las pistas y sonaron las alertas.

Reporteros Sin Fronteras, que en los primeros días de marzo había publicado su informe sobre los “Estados enemigos de internet” (Venezuela no figura en el reporte), fue de las primeras organizaciones en mostrarse preocupada. En un comunicado aseguraron que “aplicar restricciones a internet no resolverá el problema de difusión de noticias falsas” y sí, en cambio, podría “servir  de pretexto al gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control no ha conseguido hasta ahora”.

De todo lo discutido, la medida que parece causar mayor recelo es el establecimiento del Punto de Acceso Nacional. Técnicamente, el NAP es un canalizador nacional de conexiones que permite que un país determinado pueda navegar por la red sin necesidad de viajar hasta los servidores extranjeros que, en el caso latinoamericano, están por lo general en Estados Unidos.

De ahí que el chavismo lo vea como “una cuestión de fortalecimiento de la soberanía”, según explica el diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del Parlamento. Villalba le aseguró enérgicamente a El Espectador que la oposición busca “manipular con mala intención el tema”. “No pretendemos con esto censurar ninguna página ni bloquear usuarios, sino obtener conexiones más rápidas y menos costosas”, asegura.

Los NAP, en efecto, han sido implementados por muchos países en Latinoamérica (incluyendo a Colombia), aunque sólo dos le han dejado el poder al Estado de administrar esos puntos: uno es Chile y, el otro, Venezuela. Para el experto en conectividad venezolano, Fernando Núñez Noda, la figura de NAP está lejos de ser dañina: “En muchos países son manejados con empresas mixtas, que abaratan los costos de conexión y facilitan el acceso a sectores sociales, como las escuelas públicas”, dice.

Sin embargo, Núñez asegura que en Venezuela el excesivo control sobre la conectividad nacional podría conducir a que no se les permita a los operadores conectarse directamente a los servidores extranjeros, siendo vulnerables “a chantajes sin escrúpulos” por parte del gobierno.

El gobierno Chávez, no obstante, no ha dado todavía los pasos suficientes para que esto pase del temor a la realidad.

 

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