UNO. La desaparición y asesinato del padre Tiberio Fernández Mafla el 17 de abril de 1990 fue el momento más aciago de los vividos por la población de Trujillo durante los días de la masacre.
Fue la culminación momentánea de una seguidilla de crímenes —hoy, jurídicamente llamados “Hechos centrales de la masacre de Trujillo”— iniciados a finales de marzo de ese año por una alianza regional y temporal entre el Ejército, la Policía, paramilitares y narcotraficantes, supuestamente como acciones contrainsurgentes, que también sirvieron para perpetrar asesinatos de “limpieza social” y de testigos y para apropiarse de tierras y del control político del municipio.
El padre Tiberio había trabajado formando líderes comunitarios en la Universidad Campesina de Buga, hoy Fundación Instituto Mayor Campesino, y había cursado en Israel una especialización en cooperativismo. Después de estudiar en la Universidad Javeriana y en seminarios, y de ser párroco en Tuluá y en Andalucía —municipios colindantes— llegó a la parroquia de Trujillo en 1985.
Tenía 42 años de edad. Allí comenzó a alentar a los trujillenses para que se unieran en torno a lo que llamó Empresas Comunitarias, unidades de producción dirigidas por campesinos: panaderías, ebanisterías, tiendas, cerrajerías, cultivos de mora, de lulo, de café, entre otros. A finales de 1989, el padre Tiberio había conseguido préstamos para 20 de estos emprendimientos.
El proceso se desarrollaba en medio de numerosos asesinatos selectivos no sólo en Trujillo, también en Riofrío, Bolívar, el Dovio, Toro y municipios cercanos del centro y norte del Valle. Buena parte de los crímenes, manifestaciones del naciente cartel de la región. Como en el resto del país, líderes de la Unión Patriótica eran ultimados. A lo largo de la cordillera occidental varias células del Eln estaban fusionándose con pequeñas escuadras del Jaime Bateman Cayón —disidentes del M-19 opositores a los diálogos de paz— y en televisión, todos los días, se veían carro bombas estallando en Bogotá, Medellín y Cali. La década del ochenta se despedía con los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán.
Trujillo tenía en ese entonces unos siete mil habitantes, dependía del monocultivo cafetero y era disputado políticamente por dos corrientes del conservatismo: lloredistas y holguinistas. El padre Tiberio se había vuelto muy amigo del gamonal lloredista Rogelio Rodríguez, según algunos pobladores porque esta línea era menos arbitraria y autoritaria que la holguinista, liderada por Juan Giraldo —a su vez, jefe de una escuadra de hombres armados que ejercían acciones paramilitares—. Al tiempo, Tiberio había logrado detener varias tomas guerrilleras que el Eln pretendía efectuar en Trujillo. “Les dijo: ‘Con armas no se consigue nada y es mejor que se vayan porque aquí queremos la paz’”, me contó uno de sus amigos. “Pero la guerrilla le respondió: ‘Está bien padre, no nos tomamos el pueblo, pero tampoco nos vamos’, y lo que hicieron fue guardar los fusiles y otras armas largas, vestirse de civil, enfundarse un revólver y mimetizarse entre la gente”. A esto se sumaba que en la alta montaña el Eln mantenía sus acciones de financiación, sobre todo el secuestro de familiares de terratenientes de la zona y robo de ganado de sus haciendas, muchos de los cuales eran los narcotraficantes Urdinola Grajales, el Alacrán y Don Diego.
DOS. A finales de abril de 1989, los campesinos de Trujillo azuzados por la línea Armenia de la ANUC organizaron una marcha de protesta por las precarias condiciones de vías rurales, por la carencia de servicios básicos en no pocas viviendas veredales y por la creciente amenaza del conflicto armado. Pero llegado el día de alinear a los tres mil campesinos que salieron a marchar, nadie de la ANUC apareció; los campesinos, desarbolados, fueron hasta la parroquia y le pidieron al padre Tiberio que les sirviera de vocero ante la administración local. El padre aceptó. Al llegar a la Alcaldía, varios militares lo recibieron y comenzaron a decir que los campesinos de la marcha eran guerrilleros. El alcalde permanecía en silencio. Tiberio les dijo: “No son guerrilleros, yo los conozco y sé que son campesinos”.
Y en contra de la voluntad de los militares y de la Policía, la marcha se llevó a cabo; lo inevitable fue que entre tres mil manifestantes se infiltraron integrantes del Eln.
Eran días de proselitismo porque las elecciones para Alcaldía y Gobernación iban a ser en el segundo semestre del año. El poder local estaba en manos de los holguinistas y era casi inatajable que perdieran la Alcaldía de 1990-1992: primero, porque los campesinos estaban agotados de la ineptitud de gobiernos anteriores —todos holguinistas—; y segundo, porque el padre Tiberio, que era el más respetado y querido por la población, se mostraba más cercano a los lloredistas. Entonces, como medida de choque ante la inminente derrota electoral, los holguinistas echaron a rodar la bola en cafés, esquinas, mercados, de que el lloredismo estaba permeado y motivado por ideologías revolucionarias del Eln y ponían como prueba lo ocurrido en la marcha. Esta fue la información que los organismos de inteligencia del Ejército y de la Policía captaron en sus operativos.
En los comicios fue elegido alcalde el lloredista Rubén Darío Agudelo —esposo de la actual alcaldesa de Trujillo, Gloria Amparo Espinosa—. El escenario era más o menos este: los traquetos, burlados por la guerrilla, alistaban la venganza; los holguinistas, heridos en el orgullo, querían propiciar la caída del nuevo establecimiento; y las fuerzas del Estado no toleraban mucho tiempo más que la guerrilla les jugara a dos bandas: en la cordillera con fusiles y granadas y en el pueblo con discursos y agitación ideológica. Para estallar, sólo se necesitaba el detonante adecuado.
TRES. Y el detonante fue un enfrentamiento entre el Eln y una patrulla del Ejército en inmediaciones del corregimiento de la Sonora el 29 de marzo de 1990, que dejó siete militares y un civil muertos, y varios heridos entre guerrilleros, militares y civiles. Al otro día, 30 de marzo, comenzaron las detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos en el casco urbano de Trujillo y en la zona rural, desapariciones forzadas y cuerpos mutilados arrojados a las aguas del río Cauca.
“Cuando le conté al padre Tiberio que el Ejército estaba desapareciendo campesinos de la Sonora, me dijo: ‘¡Hay que informarle a Amnistía Internacional!’”, me contó un antiguo miembro de la Empresas Comunitarias. “Finalmente, no supe si lo hizo, pero le empezaron a llegar amenazas de muerte al padre”. Varios habitantes de Trujillo me explicaron que su aspecto cambió, se le veía preocupado, nervioso, porque sabía que lo iban a matar.
“En la misa de media mañana del domingo de resurrección, el padre se jaló un sermón duro. Dijo que ni guerrilleros ni narcotraficantes ni militares ni paramilitares eran de Trujillo, pero habían venido a dañar la paz de la región”, me contó un feligrés. “Ese sermón lo cerró con la frase que lo hizo mártir: ‘Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré’. Cuando terminó la misa, conversé con él y le dije: ‘Padre ¡váyase! Váyase que usted vale más vivo que muerto’. Y me dijo: ‘No mijo, no los voy a abandonar en este momento’”.
Al otro día, lunes, fue asesinado el mejor amigo de Tiberio —papá de la actual alcaldesa de Trujillo—, don Abundio Espinoza en el centro de Tuluá. Y el martes al final de la tarde, cuando Tiberio regresaba del sepelio de Espinoza, en la vía Tuluá-Trujillo, fue desaparecido junto con su sobrina y dos acompañantes. Una semana más tarde, su cuerpo mutilado y decapitado apareció en una pequeña bahía del río Cauca, en la vereda El Hobo en Roldanillo. De su sobrina y los otros dos no se han encontrado restos hasta el momento.
CUATRO. Para muchos, el padre Tiberio fue un cura muy liberado porque era frecuente escucharlo contando chistes morbosos; para otros, fue redentor de campesinos en los momentos más nefastos de la violencia. Para unos más, fue un guerrillero.
A finales de marzo de este año, conversé con un trujillense convencido de que Tiberio era auspiciador del Eln. Me dijo que dentro de las Empresas Comunitarias había varios guerrilleros que querían tomarse el poder político del pueblo a partir de ese proyecto. Y que Tiberio lo sabía pero que no hacía nada para expulsarlos —versión que rechazaron otros integrantes de las Empresas Comunitarias—. A pesar de las inconsistencias de la afirmación, le pregunté: “Supongamos que fue así, que Tiberio era guerrillero, ¿merecía que lo desaparecieran y lo descuartizaran vivo después de haber visto descuartizar a su sobrina, para luego echar sus restos al río Cauca?”. El hombre caviló unos segundos, me miró y prefirió concluir la charla.
Desde esa época, muchos habitantes de Trujillo conservan fotos ampliadas del padre que cuelgan de las paredes de sus casas. Se lo ve junto al papa Juan Pablo II, en fiestas familiares, en medio de liturgias. Le prenden velas, le piden milagros.
Junto a la entrada del parque monumento a las víctimas de la masacre hay un pequeño recinto dedicado exclusivamente a la memoria de Tiberio: allí reposan sus sotanas, su Biblia, fotos, el atril y un libro de más de 800 páginas escrito a mano por los trujillenses donde narran anécdotas con el padre y se despiden de él como no pudieron hacerlo en vida. Un visitante que entró al recinto conmigo, me dijo: “El pueblo nunca se podrá recuperar de la pérdida de Tiberio; espero que pueda perdonarnos”.
¿Otro proceso camino a la impunidad?
Hasta el momento sólo se ha dictado una sentencia condenatoria, contra Henry Loaiza, alias El Alacrán, por el asesinato de un campesino de La Sonora, dentro del proceso de las 342 víctimas de la masacre de Trujillo. El año pasado un juez dejó en libertad a los militares y policías investigados como autores materiales de varias desapariciones y descuartizamientos. Sin embargo, volvieron a ser vinculados a la investigación y hoy llevan el proceso de juzgamiento como reos ausentes. Para ellos, el fiscal, en las audiencias del 12 y 13 de abril de este año efectuadas en los juzgados de Paloquemao, pidió al juez la pena máxima.
La versión del Grupo de Memoria Histórica
“Se debe convocar la solidaridad ciudadana y mostrarle al país que los hechos de Trujillo pertenecen al pasado nacional. Es preciso interpelar no sólo al Estado, sino también a la sociedad por los silencios y olvidos... los homicidios, torturas y desapariciones produjeron el desplazamiento y desarraigo de pobladores; la destrucción e incluso liquidación de núcleos familiares; la desarticulación de las organizaciones campesinas y hasta la muerte (incluso por ‘pena moral’) de sobrevivientes y sus familias. La masacre cumplió los múltiples objetivos de los perpetradores: bloqueo a la estrategia insurgente, neutralización de la potencial acción colectiva de los campesinos e instauración de un contrapoder que continúa hoy día. A 20 años de la masacre y 10 de la aceptada responsabilidad del Estado, la violencia continúa y los compromisos del Estado con la comunidad local y de víctimas siguen inconclusos... siguen registrándose numerosas víctimas y la comunidad es constreñida por viejos y nuevos actores criminales, como las conocidas bandas del norte del Valle, Los Machos y Los Rastrojos... la memoria de las víctimas sigue siendo atropellada: cuatro atentados ha sufrido el Parque Monumento a las Víctimas. El último de ellos fue la profanación de la tumba del padre Tiberio Fernández, considerado el gran pastor y líder comunitario de la zona”.
*Fragmento introductorio del libro ‘Trujillo: Una tragedia que no cesa’ (2008), del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.