Secuestro del avión de Avianca: condenados

Nueve años y seis meses después de que la guerrilla cometiera el primer secuestro de una aeronave en el país, en el que seis miembros del Eln desviaron de su ruta una aeronave de Avianca, se llevaron a los 41 pasajeros y a los cinco tripulantes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de más de 30 años de prisión y una multa superior a los mil millones de pesos en contra de tres de los seis guerrilleros que participaron en la operación del secuestro.

El fallo recayó sobre tres de los hombres que ocasionaron los hechos ocurridos el 12 de abril de 1999, cuando a las 10:30 de la mañana un avión Fokker 50, que cubría el vuelo 9463 la ruta Bucaramanga-Bogotá, a pocos minutos de estar en el aire fue tomado por la fuerza por seis hombres armados que cubrían sus rostros con pasamontañas y que dijeron pertenecer al Eln.

Los individuos, luego de intimidar a los pasajeros y a la tripulación, desviaron el avión hasta la pista clandestina “Los Sábalos”, ubicada en la vereda El Piñal corregimiento de Vijagual entre los municipios de Simití y San Pablo en el sur de Bolívar. Allí los esperaba un número mayor de guerrilleros, quienes se encargarían de movilizar en tres chalupas a los cautivos y de custodiarlos durante el tiempo que duró el secuestro, donde murió el pasajero Carlos Gustavo González.

En torno a ese secuestro, del cual se supo hacia las 12:30 del día, la Corte Suprema de Justicia hace una semana ratificó una decisión dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, el 16 de mayo de 2005. La sentencia fue proferida en contra de Luis Eduardo Galvis Rivera, William Ricardo Blanco Suárez y Héctor Dante Becerra Salazar condenados a 37 años de prisión al primero de ellos y 36 a los otros dos.

El alto tribunal de justicia encontró elementos suficientes en contra de los tres guerrilleros, siendo condenados, Galvis Rivera, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, apoderamiento y desvío de aeronaves, falsedad material en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. Y Blanco Suárez y Becerra Salazar por los delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. La pena además comprende una multa 1.199 millones de pesos y 10 años de inhabilidad para ocupar cargos y funciones públicas.

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