Urrá: la historia se repite

En el Ministerio de Minas y Energía han desempolvado un viejo plan hidroeléctrico: la construcción de una segunda represa en el río Sinú. En consejos comunales, documentos oficiales y pronunciamientos públicos, el ministro Hernán Martínez ha dejado entrever su intención de impulsar Urrá II, ahora rebautizado como Proyecto Sinú.

La idea original ha sufrido algunas cirugías. El nuevo proyecto, más discreto y con un valor estimado de 590 millones de dólares, ya no tendrá una capacidad de generación de 800 megavatios, sino de 420.

Uno de los beneficios extras, de concretarse el proyecto, sería el control definitivo de inundaciones en el valle del río que atraviesa el departamento de Córdoba. Según los expertos, atrás quedarían esas imágenes de televisión que año tras año conmueven a los colombianos al comenzar la temporada de lluvias: pueblos y caseríos inundados, gente con el agua hasta la cintura tratando de salvar sus pocos enseres, viviendas arrastradas por la corriente, cosechas echadas a perder.

Alcaldes de los pueblos ribereños, la gobernadora de Córdoba y varios gremios comparten el entusiasmo del Ministro. ¿Quién podría oponerse a una obra que en su construcción generaría al menos 10.000 empleos directos y consolidaría a Colombia como generador de energía en la región andina?

El problema

Hacer realidad el Proyecto Sinú, sin embargo, implica superar dos “inconvenientes”. El primero de ellos es que de construirse una presa de concreto que frene las aguas del río, se inundaría el 12% del Parque Nacional Natural Paramillo. De las 460.000 hectáreas declaradas en 1977 como uno de los ecosistemas estratégicos del país, 53.000 quedarían sumergidas bajo el agua y con ellas la riqueza biológica que hace parte de su inventario.

En los mapas donde hasta ahora se ha señalado la mayor extensión de bosque húmedo tropical de la zona norte del país y el páramo más septentrional de la Cordillera Occidental, ahora tendría que añadirse el diagrama de una gigantesca represa de aguas azules.

Algunas de las especies silvestres que habitan estos parajes han sido catalogadas como amenazadas: el águila arpía, la danta, el oso de anteojos, el tigre mariposo, la nutria, el tigrillo, la mapaná y las ranas de cristal.

La segunda razón para no construir un proyecto de tal envergadura es que alrededor del 20% del territorio perteneciente a tres resguardos indígenas del pueblo embera sucumbiría a las aguas del Sinú. La extensión total de los resguardos, traslapada con el parque nacional, es de 109.210 hectáreas, en las que conviven unos 4.000 indígenas.

Rechazo indígena

Los líderes indígenas, por supuesto, han comenzado a movilizarse. No han olvidado un acta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y la asamblea permanente de los cabildos mayores del río Sinú, fechada el 7 de abril de 2005, en el que el entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; otros funcionarios del gobierno y el presidente de Urrá S.A.E.S.P. ratificaron compromisos anteriores en que la política de desarrollo del sector eléctrico prescindiría del Proyecto Hidroeléctrico Urra II.

A Juan de Jesús Domicó, representante legal de los pueblos emberas del Alto Sinú, le preocupa la intención del Gobierno de romper estos acuerdos: “Hemos firmado dos veces este compromiso con el Gobierno. Ahora han disfrazado el proyecto con otro nombre y modificaciones, pero es el mismo Urrá II”.

Aseguró que ya están preparando movilizaciones para protestar en contra de la iniciativa. Las comunidades no aceptarán que se inunden sus terrenos.

¿Control de inundaciones?

Desde el año pasado, el ministro de Minas, Hernán Martínez, ha argumentado que la construcción de la represa es una tarea inaplazable, dados los estragos que causan las inundaciones. En un foro en Montería comentó: “Los acontecimientos generados por las inundaciones de los últimos meses nos sitúan como nunca frente a la crudeza de problemas sociales y económicos de grandes implicaciones que nos obligan a pensar en la necesidad inaplazable de buscar una solución permanente en el tiempo a las inundaciones de los ríos Sinú y San Jorge”.

A ojos de algunos expertos, este parece ser un sofisma. Voceros del Ministerio del Medio Ambiente aseguran que según “los análisis realizados con la información con que cuenta el Ideam e incluso contando también con los reportes entregados por la empresa Urrá S.A., las condiciones de operación del embalse Urrá permitirían controlar adecuadamente las inundaciones que se presentan en la cuenca del río Sinú”.

¿Significa esto que no sólo no es cierto que sea necesaria otra represa sino que con la actual se habrían podido evitar las inundaciones de los últimos años y que han generado millonarias pérdidas? Todo indica que sí.

La respuesta del  Ministerio de Ambiente es clara: “en mayo de 2008 se autorizó el realce del rebosadero de Urrá I en 2 metros, aumentando el volumen actual del embalse en un 13% respecto al volumen útil, con lo cual se amortigua hasta la creciente de los 100 años de período de retorno”.

Por lo pronto, el Ministerio de Ambiente se encuentra evaluando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por el Ministerio de Minas y Energía. El concepto técnico emitido por la Unidad de Parques Nacionales es claro en señalar la inviabilidad del proyecto. Insiste en la imposibilidad jurídica, constitucional y legal de adelantar un trámite de licenciamiento ambiental para este caso. “En los Parques Nacionales Naturales sólo pueden realizarse las actividades permitidas, como conservación, investigación, recuperación y control, educación, recreación y cultura”.

En el Ministerio de Minas no se niega que esto sea así, pero argumentan que aunque la represa se encontraría ubicada dentro del Parque Nacional, por acto administrativo del Inderena quedó excluido de ese parque el proyecto de desarrollo hidroeléctrico del río Sinú. El concepto técnico redactado por la Unidad de Parques Nacionales contradice esta hipótesis jurídica amparándose en la Constitución de 1991. Aunque los Parques  tienen un blindaje jurídico, la importancia del proyecto para el Gobierno podría abrir las puertas para concretarlo. Son los dilemas del progreso.