A responder por pirámides

Debate a Minhacienda y Superfinanciera. Los funcionarios deberán explicarle este martes al Congreso su actuación en la crisis de las pirámides, que según la oposición fue tardía y negligente.

Gobierno y oposición tendrán este martes en el Congreso de la República un nuevo round, esta vez por cuenta de la crisis económica y social generada por la quiebra de las llamadas pirámides. Ante la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el superintendente Financiero, Roberto Borrás, deberán explicar, entre otras cosas, desde hace cuánto tiempo el Ejecutivo tenía conocimiento del surgimiento de esos establecimientos dedicados a la captación masiva y habitual de dineros del público y qué medidas se adoptaron.

La ‘ofensiva’ del Polo Democrático y el Partido Liberal, citantes del debate, apunta a intentar demostrar que las medidas adoptadas fueron extemporáneas; que la renuncia del anterior superintendente Financiero, César Prado, no es suficiente; y que al ministro Zuluaga le cabe una responsabilidad política y al Estado una responsabilidad económica consistente en la indemnización de las personas perjudicadas por esta actuación omisiva del Gobierno.

Otras de las preguntas que deberán responder el Minhacienda y el superintendente apuntan a conocer cuánto dinero recaudó el Gobierno a través de la DIAN por concepto de las contribuciones provenientes de la actividad de compañías como DMG, DRFE y otras pirámides durante los últimos tres años, así como la posible incidencia que tuvieron en la proliferación de esas empresas captadoras ilegales de dinero las barreras y los altos costos del sistema financiero formal. En el cuestionario que la oposición les envió previamente a los dos funcionarios para el debate, una de las preguntas plantea por qué no es calificado como irracional el hecho de que un ciudadano pague hasta cuatro veces su inmueble por concepto de los altos costos en el engañoso sistema de créditos hipotecario.

Según la senadora liberal Cecilia López, una de las citantes al debate, “lo que se busca es que el país entienda qué fue lo que pasó en todo este problema de las pirámides, lo mismo que hacer un análisis de la responsabilidad política del Gobierno en todo el asunto y tener un diagnóstico de las implicaciones sociales del derrumbamiento de las mismas”. “Obviamente vamos a hacer algunas recomendaciones tendientes a que este tipo de fenómenos no vuelvan a repetirse”, explicó la congresista.

Por otra parte, El Espectador conoció que uno de los argumentos del senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar para demostrar la falta de acción del Gobierno en esta crisis es una resolución de la misma Superintendencia Financiera en la que se constata que desde el 9 de abril pasado —mediante un oficio suscrito por el CTI de la Fiscalía seccional Pasto, radicado con el número 2008021208-000-, se le pide información sobre si la firma Proyecciones DRFE (siglas que significan dinero rápido, fácil y efectivo) o su propietario, Carlos Alfredo Suárez, estaban autorizados para captar dinero del público.


En dicha resolución, la 1778 del 11 de abril de 2008, en la cual se interviene a DRFE, se comprueba también que además del CTI, la Sijín de la Policía y varios particulares habían indagado desde junio pasado sobre la legalidad de las actividades no sólo de dicha pirámide, que centró sus operaciones en el sur del país, sino también sobre DMG. “Todo eso demuestra que hubo omisión por parte del Gobierno y que el principal responsable es el encargado de la política económica en el país, el ministro Óscar Iván Zuluaga”, enfatizó Cuéllar.

Algunos analistas, como Eduardo Sarmiento, decano de la Facultad de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, coincidieron en afirmar que efectivamente el Gobierno “se enredó” en una discusión semántica de si eran o no pirámides, “cuando lo que debieron hacer fue evaluar sus balances y declaraciones de renta y allí se hubieran dado cuenta de que los pasivos superaban el activo y había un riesgo”.

A su vez, Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarrollo, reconoció también que hubo demora en tomar acciones desde el Ejecutivo: “Si uno ve cómo se desenvolvió la situación encuentra que de unas semanas para acá se consiguieron las pruebas y hasta se detuvo a David Murcia, cuando durante los meses previos se argumentaba que no había suficiente evidencia. El problema no era de pruebas, era de decisión”, enfatizó.

Por su parte, el ex superintendente de Valores Gabriel Taboada manifestó que “las pirámides más grandes tenían un disfraz y no eran tan evidentes bajo la figura de un sistema multinivel, con lo cual daban la impresión de ser una actividad legítima”. En su concepto, el “Gobierno se engañó y tratándose de una captación ilegal de dinero, hubiera podido controlarla como lo han hecho en otros países. Desde 2005, la Ley 964 le da facultades para intervenir ese tipo de negocios”.

Pero además de la supuesta omisión del Gobierno que alegan el Polo Democrático y el liberalismo en la crisis de las pirámides, el debate de hoy tiene otro ingrediente de escándalo: la ‘paternidad’ del mico que se le colgó a la reforma financiera, que supuestamente buscaba beneficiar a empresas como DMG al legalizar el uso de las tarjetas prepago. Ayer, el presidente del Congreso, senador Hernán Andrade, reveló que la Corte Suprema de Justicia ya tiene en su poder las 2.500 horas de grabación de los debates del proyecto y que ahora se espera que se pueda esclarecer quién fue el autor de dicho artículo.

Sin embargo, hay quienes ya están mirando hacia el Gobierno, como el senador liberal Camilo Sánchez, quien expresó que los congresistas no pueden meter artículos ni proposiciones en los proyectos sin antes haberlos firmado y, “si no tiene firma, muy seguramente la iniciativa tiene el origen en el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia. Este artículo ya no se puede votar porque simplemente no se puede legislar a nombre propio”, declaró Sánchez, quien de paso se mostró partidario de “hundir” la reforma financiera, según dijo, una “colcha de retazos con artículos que benefician a algunos senadores y representantes”.

Todo indica también que en el debate de hoy tendrá su cuota de críticas el sistema bancario colombiano. El senador conservador Alirio Villamizar indicó que en un debate realizado en agosto pasado le expuso al Ministerio de Hacienda el actual panorama del sector, con unos bancos que están “cartelizados”, cobrando la cantidad de operaciones que quieran a los precios que ellos fijen. “Por ejemplo, un cheque de gerencia puede costar $25.000, el uso de un cajero electrónico vale $5.000 y si la persona va a sacar $500.000 le cuesta $10.000, porque tiene que hacer dos operaciones. Además, los que tienen una cuenta de ahorros tienen que pagar una cuota de administración”, explicó.

Villamizar dijo desde entonces que le solicitaron al Gobierno que pusiera “freno y control” para que la banca les permita a las personas pobres acceder al sistema. “Lo que se necesita en Colombia es una legislación bancaria que le permita a los colombianos más pobres acceder al sistema financiero. Hoy el banquero no es el amigo de la comunidad pobre, es el enemigo, y por eso acuden a estas situaciones extrabancarias como las pirámides”, concluyó el congresista.


Lo cierto es que la oposición tiene lista toda su artillería para cuestionar al ministro Óscar Iván Zuluaga y al superintendente Roberto Borrás, y que lo más seguro es que algunos legisladores pedirán sus renuncias. El Gobierno prepara su defensa y en el Congreso, su mismo presidente, Hernán Andrade, reconoce que lo que ahora comienza a llamarse DMGpolítica es incómodo y reprochable, más aún cuando lo que se dice es que quedan muchos cabos sueltos por atar.

Intervienen otras nueve firmas de DMG

La Superintendencia de Sociedades ordenó este lunes la intervención de otras nueve firmas de David Murcia Guzmán, cabeza de DMG, al considerar que esas sociedades constituyen vehículos para desarrollar en su conjunto la actividad de captación no autorizada de dinero.

Camilo Alberto Criales Gutiérrez fue designado como agente interventor y en adelante actuará como representante legal de las personas jurídicas y deberá llevar la administración de los bienes de las firmas intervenidas, elaborar el inventario patrimonial de las mismas, así como recibir las solicitudes de inversionistas para procurar la devolución de los recursos captados.

Las sociedades intervenidas son:

-Grupo DMG S.A.

-Compañía Comercializadora Listo S.A. (cadena de 12 almacenes)

-Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A (Frutas y Verduras El Gran Trigal, El Gran Trigal y restaurante El Gran Trigal)

-Global Marketing Colombia S.A.

-DMG Publicidad y Mercadeo.

-Bionat Labs S.A.

-Colombia Atlantic Marine Corporation S.A.

-DMG Fashion S.A.

-Personal Ventas por Catálogo S.A.