La ciudad ideal

Durante el IV Encuentro de Presupuestos Participativos, la capital se ha alimentado de perspectivas para fortalecer su participación ciudadana.

Imagine una ciudad en donde los habitantes, y no sólo los gobernantes, piensan, planifican y deciden sobre los recursos y las obras públicas a ejecutar en su territorio; en la que los ciudadanos tienen tal pertenencia por lo público, que se involucran en las decisiones gruesas respecto a los planes de desarrollo, contratación pública, movilidad, tratamiento de aguas… donde la gente decide y trabaja por la ciudad que quiere en el mañana.

Utópico, ¿verdad? Sobre todo cuando la democracia, para la mayoría de bogotanos, se reduce a ejercer el voto. Sin embargo, no son pocas las ciudades de Colombia y el mundo que han puesto en marcha proyectos de democracia directa y participativa, empoderando a sus habitantes para incidir en su territorio. Algunas de esas experiencias se han presentado en el IV Encuentro de Presupuestos Participativos que se celebra desde el pasado jueves en la Plaza de los Artesanos.

En Pasto, ciudad que hace 15 años se convirtió en pionera en modelos de presupuesto participativo en Colombia, ya son 17.600 personas (madres de familia, jóvenes, y hasta habitantes de calle) involucradas en ejercicios democráticos para la construcción de su ciudad. Siguiendo la tradición de los indígenas Quillacingas que habitaron esas tierras, los pastuzos hacen ‘mingas’ en las cuales, sentados en el piso y alrededor de una olla comunitaria, toman las decisiones que marcan el desarrollo de la capital del departamento de Nariño, priorizando de acuerdo a sus necesidades los $22 mil millones que dispone el Distrito para ellos. 

Carolina Lara es asesora de la Alcaldía de Pasto, coordinadora de planeación local y presupuesto participativo y asistente al encuentro que se estará realizando hasta el próximo sábado. En el caso de los pastuzos, asegura ella que, a pesar de que la participación es un patrimonio de la ciudad y los habitantes reclaman su derecho a incidir en lo que atañe a su territorio, “lamentablemente,  los presupuestos participativos tienen que encaminarse a priorizar recursos para satisfacer necesidades que deberían ser satisfechas por el Estado, tales como la infraestructura y el acceso a educación, agua potable, salud y vivienda”.

Otro asistente al encuentro es el español  José Manuel Luque, técnico en programas de desarrollo del Fondo Andaluz para la solidaridad internacional. Él presentó una ponencia de sostenibilidad de presupuestos participativos  ante cambios electorales. Uno de los ejemplos más importantes de participación ciudadana en Europa es, según él, el caso de un pueblo de jornaleros andaluces llamado Marinaleda, donde desde el comienzo de su historia funciona una asamblea sabatina en la cual “los habitantes toman el 100% de las decisiones respecto a su pueblo. Los concejales se reúnen en el ayuntamiento, pero no tienen nada para decidir. Y los domingos, los mismos asistentes a las asambleas trabajan por el bien colectivo, así han logrado que en este lugar de campesinos sin tierra no haya uno solo que no tenga casa propia”.

Luque afirma que la democracia directa y participativa en Colombia ha avanzado mucho, ciudades como Barrancabermeja, Ocaña y Bogotá, entre otras, han seguido el ejemplo que ha marcado Pasto. Sin embargo, hay mucho por hacer en esta materia. Lo primero es concientizar a los ciudadanos de que el espacio y los recursos públicos son suyos, formarlos y empoderarlos para que tomen las riendas de su ciudad.

Bogotá, aunque no tiene la trayectoria de Pasto, se está poniendo al día en materia de participación. De los $185 mil millones que dispone el Distrito como presupuesto participativo, el 56% se ha invertido en educación, el 11% en atención a jóvenes y el resto en prevención y atención de violencia contra la mujer. Según la secretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez, la Administración cumplió con la meta del Plan de Desarrollo: “Íbamos a realizar 20 ejercicios de presupuestos participativos e hicimos 19 locales y cuatro distritales”.

Olga Lucía Gutierrez, directora del Instituto para la Participación y Acción Comunal (IDPAC), cuenta que en la capital se han realizado 533 obras de participación ciudadana, en las que las Juntas de Acción Comunal de diversos barrios convocan y capacitan a los residentes para que sean ellos mismos quienes planifiquen y construyan sus senderos, plazas y parques. Otro de los proyectos bandera de participación ciudadana en la ciudad es el Centro Comunitario de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas a Intersexuales (LGBTI), que se inauguró en 2007 y fue el primero en Latinoamérica diseñado por y para esta población.

Gutierrez asegura que, gracias a un convenio entre el IDPAC y la Secretaría de Integración Social, el próximo 22 de junio entrará en operación un nuevo centro comunitario LGBTI especializado en Transgeneristas en la localidad de Los Mártires. Y el 23 de junio entrará en operación otro Centro LGBTI especializado en jóvenes en la localidad de Bosa.

Aunque Bogotá ha avanzado en participación, la coyuntura actual relacionada a la corrupción en la contratación pública, sumada a la multiplicidad de experiencias de democracia participativa en otros países, llaman a la capital a ser más incluyente con su población en cuanto a la ejecución de recursos públicos y la toma de decisiones fundamentales para la ciudad.

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