'Hay estigmatización en el Distrito': Clara López

La exalcaldesa asegura que la administración Petro está aplicando una política de justos y pecadores , que podría ser discriminatoria.

Haciendo eco de las denuncias de los sindicatos del Distrito, la exalcaldesa Clara López advirtió la semana pasada que la administración de Gustavo Petro está por cancelarles el contrato a miles de trabajadores de la ciudad, afectando, en muchos casos, carreras de funcionarios que llevan años sirviendo en la burocracia local.

La administración ha asegurado que busca formalizar a muchos de estos trabajadores, así como romper los lazos que la burocracia ha tenido con el clientelismo. ¿Cómo debe hacerlo? López decidió hablar al respecto y de paso responderle al contralor, Mario Solano, quien responsabilizó a su administración de firmar en diciembre 4.974 contratos, por $500.000 mil millones, en tiempo récord.

¿Qué evidencias tiene usted de que ha habido despidos masivos en el Distrito?

Los dirigentes de algunos sindicatos me han dicho que no se está renovando absolutamente ningún contrato en gran parte de las entidades distritales. Este tema de las órdenes de prestación de servicios (OPS) es muy sensible en Bogotá, pues desde hace muchos años está congelada la nómina del Distrito.

¿Por qué ocurrió esto?

La Ley 617 del año 2000 les puso topes a todas las entidades en materia de gastos de funcionamiento, lo que generó una congelación virtual de las plantas. Esto se ha suplido con los años con contratos de prestación de servicios. Por eso es que el tema es delicado. Está bien que caso por caso se evalúe si el personal se necesita. Pero estamos hablando de 30.000 personas vinculadas al Distrito, así que cuando se escucha que hay una orden de no renovar ningún contrato de prestación de servicios, uno lo que piensa es que es necesario acogerse a la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó ampliar y formalizar las plantas de todas las entidades del país.

Pero Petro ha dicho que eso es lo que está haciendo...

Yo estoy presionando con mis declaraciones para que ese proceso continúe y se lleve a las últimas consecuencias. Lo que me preocupa es que con la justificación del anticlientelismo lo que se esté haciendo es reemplazando al personal. Si siguen así, no van a formalizar a personas que llevan más de quince años de servicio.

¿Comparte el diagnóstico de la actual administración de que el exceso de OPS en la ciudad se produjo gracias al clientelismo imperante?

Yo no niego ni apoyo esa tesis, porque las generalizaciones sólo sirven para justificar las acciones. Hay que mirar caso por caso, evaluar y luego tomar decisiones. Pero cobijar a 30.000 personas con la presunción de amiguismo y clientelismo me parece equivocado.

¿Está sobredimensionada la nómina del Distrito?

No puedo afirmar eso. Lo que sí sé es que a través del servicio civil comenzamos unos estudios para verificar cómo podíamos formalizar los contratos de prestación de servicios. Pero la formalización implica un aumento de costos. Es lo que tenemos que enfrentar como consecuencia de una política pública equivocada, aplicada por Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, que buscó reducir las plantas de personal y reemplazarlas por una contratación a través de servicios temporales.

Algunos empleados públicos aseguran que se está viviendo una cacería de brujas…

Sí, he escuchado esos comentarios. Hay un clima de estigmatización de todo el que está y un clima de beatificación a todo el que llega. Esto es inconveniente para el clima laboral y muy discriminatorio.

Cambiando de tema, la Contraloría Distrital denunció que su administración firmó 4.974 contratos en los últimos cinco días de 2011, ¿a qué se debió esto?

Me sorprende que el contralor Mario Solano quiera aprovecharse de estas estadísticas para sembrar un manto de duda sobre mi actuación. El contralor afirmó que yo firmé esos contratos y él sabe que no fue así. Además, sabe perfectamente que entre el mes de julio y el mes de octubre no hubo ejecución contractual por cuenta de la Ley de Garantías, de cara a las elecciones locales. De ahí que debió comparar el volumen de los contratos con la última vigencia del contrato anterior, en la administración de Lucho Garzón. El resultado habría sido muy diferente.

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