El lío del terreno para los pobres en Bogotá

Hasta hace muy poco, el Distrito estaba decidido a construir 8.000 viviendas en Campo Verde, de la mano del ministro Vargas Lleras. Ahora ha cambiado de opinión. ¿Qué pasó en los últimos días?

Este es el lote donde se construirían 8.000 viviendas de interés prioritario, en Bosa. / David Campuzano
Este es el lote donde se construirían 8.000 viviendas de interés prioritario, en Bosa. / David Campuzano

A finales de mayo de este año, el alcalde Gustavo Petro y el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras se dieron cita para definir los primeros lugares en Bogotá donde Nación y Distrito construirían unas 8.100 viviendas para los más pobres de la ciudad.

Era una coincidencia afortunada: el ministro Vargas Lleras quería darle impulso a una ambiciosa estrategia y al alcalde Gustavo Petro no le caían nada mal algunas viviendas de interés prioritario que lo ayudaran a cumplir la meta, consignada en el Plan de Desarrollo, de construir 70 mil unidades de este tipo.

Sin embargo, una realidad se interponía entre ambos políticos: hoy, en Bogotá, el suelo habilitado para este tipo de proyectos no abunda. Por eso había que arrancar con lo seguro: los predios que ya hubieran sido presupuestados por otras administraciones para la construcción de vivienda de interés prioritario o los lotes del Distrito en el Centro Ampliado de la ciudad, donde sería más fácil comenzar un proyecto de manera ágil y ajustado a las normas.

En esa ocasión, entre los predios que el alcalde Petro le ofreció a su otrora rival político se encontraba Campo Verde, una enorme ciudadela en la localidad de Bosa, del tamaño de un municipio como Funza o Madrid, con la capacidad de albergar a 8.000 personas de los estratos 1, 2 y 3.

Pero mucho antes de que Petro le ofreciera el predio a Vargas Lleras, mucho antes incluso de que el alcalde Samuel Moreno hubiera aprobado el plan parcial de la ciudadela, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae) había enviado una alerta a la administración en un informe técnico de 2010: debido a que los predios de Ciudad Verde se encuentran muy cerca de los ríos Bogotá y Tunjuelo, la ciudadela se podría ver inundada por el desborde de cualquiera de los dos ríos, con una probabilidad que oscilaba entre el 10% y el 65%.

El informe continuaba: “Es de gran importancia recalcar que la amenaza de inundación por desbordamiento sólo puede reducirse y de ninguna forma eliminarse. Es indispensable que la población asentada en esas zonas (…) sea consciente del riesgo que esto implica”.

También, al comienzo de este año, cuando se debatía la Ley de Vivienda en el Congreso, en el Concejo de Bogotá los cabildantes María Victoria Vargas y el progresista Roberto Sáenz salieron a demostrar los riesgos de inundación del predio de Bosa.

¿Por qué, entonces, ante estas circunstancias, se animó la administración distrital a ofrecerle los predios al Ministerio de Vivienda?

Altas fuentes de la administración aseguran que, ya para mayo, tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como la Secretaría de Planeación consideraban que técnicamente el riesgo de inundación en Campo Verde era mitigable. Esta versión coincide con la esbozada por María Victoria Restrepo, gerente del proyecto en Construcciones Bolívar, una de las tres constructoras que en 2006 se asociaron con el Distrito para sacar adelante la ciudadela. Según Restrepo, informes posteriores encargados al experto Fabio Castrillón, de la consultora Escala Ingeniería, y conocidos por Metrovivienda, daban cuenta de que el riesgo se podía reducir si el terreno se elevaba, se construían canales de desagüe y se reforzaban los jarillones a cargo de la CAR.

A estos nuevos estudios se sumó otra alternativa. Los técnicos del Acueducto de Bogotá comenzaron a ventilar la tesis de que la mejor forma de reducir el riesgo en Campo Verde era a través de la construcción de una obra de infraestructura que permitiera conectar el canal Cundinamarca —causante de las inundaciones en Bosa en 2011— con el interceptor Tunjuelo-Canoas.

Así estaba la cosa en mayo, cuando alcalde y ministro se sentaron y pactaron la hoja de ruta que permitiría construir 8.000 viviendas de interés prioritario en el lote de Ciudad Verde. La administración Petro estaba presionada por la demanda del Ministerio de Vivienda —que necesita tierra con urgencia en todo el país para construir sus prometidas 100.000 residencias— y confiada en que la construcción del interceptor garantizaría que estas viviendas no se inundarían.

Con el riesgo mitigado, ninguno de los dos iba lucir ante la opinión pública como promotor de un proyecto con promesa de inundación. En especial, luego de las imágenes de la ciudadela El Recreo, donde las aguas negras invadieron en 2011 decenas de apartamentos de proyectos de Metrovivienda en Bosa.

El pasado 3 de agosto, once días antes de que el ministro Vargas Lleras se presentara en el Concejo de Bogotá para criticar la gestión de vivienda del Distrito, el Consejo de Estado emitió un pronunciamiento que dejó a más de uno frío.

El documento decretaba la suspensión de la mega obra Tunjuelo-Canoas. En otras palabras, dejó al Distrito sin el principal argumento para sustentar la mitigación del riesgo de inundación de Campo Verde.

Entonces vino el duro discurso de Vargas Lleras el martes pasado, cuando aseguró en el Concejo que Campo Verde no avanzaba “porque el Acueducto no define la disponibilidad para suministrar agua a las viviendas”.

Aunque el presidente del Concejo, Darío Fernando Cepeda, no le dio la palabra a los funcionarios del Distrito, el gerente del Acueducto, Diego Bravo, respondió casi de inmediato. Su reacción fue paradójica. Hasta el último minuto fuentes de la entidad aseguran que Bravo era partidario de construir Campo Verde (siguiendo el resto de obras de mitigación recomendadas, entre otros, por el informe de Castrillón). Sin embargo, luego de la embestida pública de Vargas Lleras, gerente y alcalde se atrincheraron en su posición: no se hace la ciudadela, debido a la suspensión de la obra de Canoas.

¿Es inundable Campo Verde?

Los socios del proyecto, Constructora Bolívar, Marval y el empresario Camilo Congote (antiguo dueño de Amarilo), insisten en que los informes de Castrillón garantizan que, con determinadas obras, puede mitigarse el riesgo. Los informes de la Fopae aseguran lo contrario. En Minambiente culpan a Petro de haber postulado un predio inundable y en la Alcaldía proclaman que “no habrá viviendas para pobres en zonas de alto riesgo como Campo Verde”.

Hoy, el lío de esta ciudadela —en el que está echada la suerte de 8.000 familias pobres de Bogotá— ha tomado un extraño y confuso tinte político, para el que pareciera necesitarse un mediador técnico y desapasionado que tercie en la polémica.