Dos meses después de denunciar en este diario que existe una especie de carrusel de contratos conformado por seis fundaciones, que estarían relacionadas con el reconocido empresario Julio Gómez, aunque oficialmente estén en manos de otras personas, el concejal Carlos Fernando Galán asegura que tiene la prueba de que al menos una de esas instituciones sí pertenece al contratista, uno de los pesos pesados que han salido salpicados dentro del escándalo del “cartel” de la contratación que sacude al Distrito.
El cabildante le entregó a El Espectador un registro histórico de la Cámara de Comercio en el cual aparece Gómez como socio de la fundación Funarkgo, cuya relación contractual en la ciudad asciende a unos $400 millones.
Galán reconoce que en esto “no hay nada ilegal”, pero pide a las autoridades indagar la posible “concentración de contratos” y afirma que “Gómez mintió porque dijo que no tenía vínculos con ninguna de las fundaciones”. También insiste en que en la ciudad existe “una suerte de especialización en crear entidades, todas con relaciones entre sí, para ganarse contratos y concentrar el negocio en pocas manos”.
Consultado por El Espectador, Gómez respondió: “Nunca he negado mi relación con la fundación Funarkgo y sería inaudito hacerlo, puesto que ésta funciona en las instalaciones de mi empresa (llamada Arkgo). Además, mi cuñado William Arévalo es su representante legal. Lo que sí he negado es lo que asevera el concejal: que esas fundaciones están relacionadas entre sí y que todas tienen que ver conmigo. Eso fue lo que negué”.
Acerca de las otras fundaciones que menciona Galán como parte del aparente carrusel (Funpabi, Funasergo, Funhori, Funalcer y Fundecoes), cuya relación contractual con el Distrito en total asciende a unos $60.000 millones, el constructor Julio Gómez manifestó conocerlas, así como conoce “a todos los contratistas de Bogotá”, pero insistió en que no tiene vínculos con ellas. “Algunos familiares míos tienen fundaciones, también ex empleados. Todo el mundo tiene derecho a hacer empresa en este país. No puedo aseverar que no haya fundaciones de papel, pero la mía existe”.
Gómez fue mencionado por el también empresario Miguel Nule, quien afirma que él y Emilio Tapia le pidieron comisiones para el senador Iván Moreno y para el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, a cambio de un contrato. El ex subcontratista Alejandro Botero también lo señala como una de las cabezas del cartel.
El arquitecto cree que las denuncias tienen un tinte político y que “están atentando contra la ingeniería de este país... Esto es un problema de experiencias y de capacidades. Si las entidades hacen unos términos de referencia dentro de un renglón de experiencia y de solicitud financiera, pues solamente se presentarán a licitar las que cumplan los requisitos. Ni el alcalde Samuel Moreno ni ningún alcalde del país se inventaron la Ley 80. Habría que democratizar los términos de referencia para que muchas personas que no tienen la misma experiencia que uno, puedan participar”.