Dos décadas de un duelo inútil en La Castellana

<p>En el mismo lugar que el Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 declaró como “Parque de recreación pasiva”, hoy se encuentra la sala de ventas de un proyecto de apartamentos.</p>

Un terreno ubicado en la calle 89, entre carreras 32 y 36, ha sido la razón de disputa entre la comunidad del barrio La Castellana y las autoridades locales desde hace 22 años, cuando los vecinos impusieron una primera querella en la que le reclamaban a la Alcaldía Local de Barrios Unidos que se les restituyera un área que una constructora había cercado. Desde entonces, los tradicionales vecinos de este barrio no han agotado esfuerzos para defender lo que consideran suyo.

Hoy, la incertidumbre sigue rondando la zona: un mes atrás, en medio de lo que alguna vez fue su parque, apareció una sala de ventas que anuncia la construcción de un nuevo “megaproyecto” y el trazado de una vía para el acceso vehicular.

“Lo que no entendemos es por qué les dieron licencia de construcción sobre el cordón ecológico. Ahora uno va caminando por el parque y de pronto se encuentra con una sala de ventas, después con una vía y a los cinco pasos continúa el parque”, dice Raúl Ernesto Gómez, uno de los líderes de La Castellana.

Frente al tema, la Defensoría del Espacio Público asegura que se han realizado los estudios pertinentes y no se ha encontrado que el predio esté catalogado como “espacio público”. “El lote tiene la propiedad debidamente identificada en matrícula inmobiliaria y las escrituras pertenecen a la Fiducia Cáceres y Ferro . No nos hemos opuesto a la licencia porque no tenemos dudas”, explica Carlos Andrés Pasquino, subdirector de registro inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público.

Pese a que en este momento el área no le corresponde al Distrito, en 2000 sí estuvo incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En el artículo 33 del Decreto 619 de ese año estaba registrada como “Parque Canal del Río Negro”. En un oficio de 2003, en el que Planeación les daba respuesta a las inquietudes presentadas por los arquitectos sobre las normas urbanísticas de la zona, se señaló: “El predio de la referencia se clasifica como plaza, está como espacio público peatonal destinado al desplazamiento, encuentro o permanencia de los ciudadanos, éstos, como elementos simbólicos representativos de la estructura urbana”.

Lo curioso de este asunto es que pese a la importancia del terreno para la comunidad, cuando se hizo la revisión del POT, en 2003, la zona había sido eliminada del mapa de parques del Distrito y estaba referenciada solamente como “Canal del Río Negro” y no como “Parque Canal del Río Negro”.

Según José Tapias, director del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), el predio de la Fiducia nunca ha pertenecido al Distrito, por lo tanto en 2000, cuando se le consideró como parte del parque, comenzaron los diálogos con Cáceres y Ferro, dueños del mismo, pero el Distrito y la empresa nunca lograron llegar a un acuerdo en cuanto al avalúo. “Debido a esta situación, y a otros problemas técnicos evaluados por Planeación, la zona pasó de parque a corredor ecológico”.

Para la comunidad, el IDRD se dejó robar el terreno por particulares, y según lo manifestó Gómez, “las consecuencias de todo esto es que ahora tengamos una sala de ventas en nuestras narices”.


Dos décadas de litigios

Finalizando la década de los 80, la calle 89, entre carreras 32 y 36, era un extenso terreno limitado por el canal de Río Negro. Hasta allí llegaban los habitantes del barrio La Castellana a compartir sus fines de semana en familia. Pese a que existía el vago rumor de que una parte de aquel terreno le pertenecía a un grupo de arquitectos, en su mente no cabía la posibilidad de que el Distrito permitiera que particulares construyeran en la mitad de su parque. Sin embargo, en 1986 se dieron cuenta de que la realidad era otra, y así, sin más, llegaron los dueños del lote y cercaron su propiedad.

Al ver la situación la comunidad impuso una querella que se archivó como expediente No. 005 de 1986, en la que reclamaban la devolución del área. Extrañamente ese documento nunca volvió a aparecer en la Alcaldía Local. Pese a los reclamos y a las cartas de la comunidad las cosas no se solucionaron.

En 1997, los vecinos fueron testigos de que la Curaduría número Uno de Bogotá le había concedido licencia de construcción a Cáceres y Ferro en el lugar. Se unieron e interpusieron otra querella pidiendo la restitución de un bien que era de uso público. Un año más tarde, El Espectador registró el jueves seis de noviembre de 1998 que: “El actual alcalde, Pedro Ávila Orjuela, tiene mapas y planos en los que las entidades del Distrito le piden que devuelva el terreno a la comunidad, pero la situación no se define”. En el mismo artículo también se señalaba que tanto la Procuraduría de Bienes del Distrito, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se habían pronunciado a favor de los residentes.

Un año después de esta publicación, la Secretaría de Planeación le informó al arquitecto Jaime Rodríguez Azuero, curador urbano número uno en esa época, que se derogaba la licencia y que se debían presentar nuevos planos cartográficos para poder conocer exactamente el área y los linderos, así como la forma de acceder al predio.

Solamente hasta el año pasado la Curaduría número Cuatro les volvió a otorgar la licencia de construcción a Cáceres y Ferro, debido a que el predio no contaba con acceso vehicular. “Por norma urbanística general todos los predios deben tener acceso a la vía pública, porque si no, ¿por dónde entran los carros? En este caso el lote está en medio de un canal y un parque, encontrándose completamente aislado. Por esta razón la Fiducia debía tener primero la licencia para trazar una vía y después sí pedir el permiso de construcción”, dijo Pasquino.

En septiembre de 2006 la Secretaría de Planeación aprobó la licencia de intervención y ocupación del espacio público. En otras palabras, le dio el permiso a la Fiducia de trazar una vía en la mitad del parque para que el futuro edificio tuviera acceso vehicular. En este momento el camino de cemento ya está trazado. Para los vecinos la obra se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza. “Además del edificio tenemos que soportar que empiecen a pasar carros por nuestro parque, poniendo en riesgo la vida de los niños y adultos mayores que transitan por el sector”, manifestó una de las habitantes del barrio que pidió no ser identificada.

En este momento la Fiducia ya tiene instalada la sala de ventas de su edificio, y pese a que la comunidad instauró nuevamente un derecho de petición ante la Alcaldía Local, el proyecto sigue su curso. “Lo complicado es que en este momento ya no hay nada que hacer. Las escrituras coinciden, el predio pertenece a un ente privado y ya se le otorgó la licencia de construcción”, explicó Pasquino.