Con esta iniciativa, los concejales, liderados por Martha Ordóñez, Hipólito Moreno y Gilma Jiménez, buscan reformar el Artículo 34 de la Constitución que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. De ser aprobado el referendo, dicho artículo quedaría de la siguiente forma: “Se prohíben las penas de destierro y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.
Procederá hasta la pena de prisión perpetua para castigar los delitos de: homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y en menores de edad con discapacidad física y/o mental”.
El comité promotor del referendo está conformado por el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán; el procurador, Edgardo Maya; la directora del ICBF, Elvira Forero; Rafael Santos; Rodrigo Pardo; Alejandro Santos; Yamid Amat; Pirry; la concejal Martha Ordóñez y los representantes a la Cámara Simón Gaviria, David Luna, y cuenta con el apoyo del Concejo de Bogotá.
Otras ciudades, como Medellín, también se han sumado a la recolección de firmas. En esta ciudad los concejales Bernardo Guerra Hoyos y Federico Gutiérrez Zuluaga, presidente de la Corporación, han estado a la cabeza de la iniciativa.
Después de conseguir las 200 mil firmas iniciales, los concejales de la ciudad procederán a reunir más de dos millones de rúbricas para convocar a los colombianos a votar el referendo que modificará el Artículo 34 de la Constitución.