Los vendedores ambulantes en Bogotá se multiplicaron en los últimos años, hasta el punto de que desde el 98 aumentaron en un número aproximado de 500 mil, amparados en la Constitución, que en su artículo 25 dice: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
El desplazamiento forzado, que llevó a las calles a más de tres millones de víctimas en los últimos 10 años; el desempleo, que subió al 10,5% en la capital; el subempleo, que ascendió a 41% y, sobre todo, el negocio de vender sin tener que pagar impuestos ni luz ni espacio, más allá de los manejos internos entre ellos, llevaron a la ciudad a reconocerlos como parte del paisaje.
La semana pasada, sin embargo, un proyecto de Ley, el 087 de 2007 que reformaría la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito, y que espera sanción presidencial, estableció que se les prohibirá a todos los conductores que se detengan a menos de 200 metros de los semáforos, intersecciones viales o puentes, participar en “actividades comerciales o benéficas”.
En otras palabras, la ley establece que ni se les podrá comprar a los vendedores ambulantes en la calle ni estarán permitidas las limosnas. “Ese será el principio del fin para nosotros, pero no nos vamos a dejar, pues las leyes nos protegen”, decía ayer en la mañana Luis Rodríguez, un tumaqueño que salió de su pueblo para ser futbolista y tuvo que quedarse vendiendo juguetes y tarjetas de telefonía en la calle, pues no pasó la prueba de ingreso en Millonarios.
El coronel Carlos Barriga, director encargado de la Policía Metropolitana de Tránsito, por su parte, aclaraba que “hasta que este proyecto sea sancionado no voy a hablar sobre el tema, porque esto es de un análisis jurídico, hasta que tenga la
sanción presidencial será ley de la República. Cuando salga la norma, la vigencia, se revisará la situación. Hoy hay más de 1.500.000 vehículos en Bogotá, entre particulares, motociclistas y transporte público. Diariamente ponemos 32 mil comparendos. También hacemos campañas pedagógicas, pero cada conductor debe ser consciente de que conoce las normas y debe respetarlas. Son 100 mil los conductores de transporte público y apenas 1.300 los policías de tránsito para toda la ciudad”.
Por debajo de cuerda, y en forma muy confidente, los ambulantes saben que su negocio es más lucrativo que trabajar según contratos fijos. “Yo, al día, me puedo llegar a poner 100 mil pesos, si me va bien, y eso multiplicado por 30 da bastante más que si lavara carros en una bomba o fuera cajero de un supermercado”, explica Rodríguez.
Por su lado, la Federación Nacional de Comerciantes, sección Bogotá, afirma que “nos parece bien porque eso ayuda a combatir el comercio informal, que es una actividad que sólo hace daño, es una actividad que genera comercio de productos piratas, sin pagar impuestos, sin pagar prestaciones sociales, sin pagar los salarios de ley. Esto constituye un factor de entorpecimiento del tránsito, además es una competencia muy desigual frente al comercio organizado y produce una gran sensación de inseguridad en las ciudades. Lo que hay que hacer es conseguir unas empresas que agrupen a estas personas, vigilar que no vendan contrabando o piratería, pero sacarlos de las calles”.
El año pasado las ventas ambulantes en Bogotá, según estudios del Fondo de Ventas Populares (FVP), ascendieron a 20 mil millones de pesos por mes. El sector más productivo dentro de este circuito fue el de las comidas preelaboradas, que vendió más de nueve mil millones de pesos. En una encuesta que hizo en octubre y noviembre pasados la firma Napoleón Franco, el 32% de los bogotanos admitió que les compra a los vendedores de la calle o les dan algún dinero a los “desplazados” o “mendigos” por lo menos una vez a la semana.
La amenaza
“Igual, nos vamos a organizar como grupo, el Alcalde sabe que si salió elegido fue en parte con nuestros votos y ahora no nos puede dejar así como así”, amenaza Jason Marín, uno de los dos mil músicos ambulantes que todas las noches se ubican en la Caracas, entre calles 51 y 53, aguardando a los clientes para una posible serenata. “A nosotros nos han carnetizado, nos han organizado, nos han quitado todo y luego han vuelto a comenzar, este es un tema sin fin”, añade. Pese a las declaraciones “oficiales” de los comerciantes ilegales, algunos de ellos admiten en forma de secreto que los dividendos más importantes de sus actividades provienen de la venta de drogas y licor, sobre todo en los sectores aledaños a las zonas de bares y restaurantes. “Los cigarrillos y los chicles son una fachada que esconde el verdadero negocio, y ese negocio es tan millonario que da para pagar agentes y políticos, y lo que uno quiera”, dice Marín.
El conflicto, aseguran las partes involucradas, es de nunca acabar, pues más allá de las leyes están los individuos que deben hacerlas cumplir, y los factores externos de una economía que por diversas razones se ha resquebrajado en los últimos meses.
La ley de la discordia
Está prohibido a los conductores de vehículos participar en actividades comerciales o benéficas a doscientos (200) metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso peatonal a desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a la circulación de todo tipo de vehículos. El incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).