Siete años de desalojos

Los Verano Sepúlveda, con el apoyo de la Red Cundecon, y amparada por la Constitución, logró evadir la orden del Juzgado Cuarto de Descongestión.

Desde muy temprano, en la mañana del viernes, todos los integrantes de la familia Verano Sepúlveda estaban listos con palos, tablas, tapas de ollas y escobas.  Cualquier elemento era perfecto para ser utilizado en la protesta que efectuarían si llegaban los abogados del Juzgado para desalojarlos de su casa. Luis Verano y su esposa Luisa Sepúlveda no iban a permitir que desconocidos irrumpieran en su hogar para quitarles lo que les pertenece y, mucho menos, iban a dejar que el ICBF se llevara a sus tres hijas pequeñas con el argumento de que el hecho de quedarse sin vivienda las dejaba, según la ley, bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ser menores de edad.

A las 11 de la mañana vieron llegar al parqueadero de su conjunto a casi 20 uniformados, un carro de bomberos y una ambulancia, acompañados de un funcionario del Juzgado Cuarto de Descongestión, el señor Ariel Rojas. El objetivo, intentar por cuarta vez desalojar a la familia Verano Sepúlveda del hogar que por 13 años vienen ocupando. Al ingresar por las escaleras la fuerza pública, y demás personal autorizado para la misión, comenzaron los gritos y la bulla en el apartamento 204 del interior siete del conjunto Bolivia Real Etapa I.

Por las escaleras se percibía un olor desagradable. Algunos curiosos dijeron más tarde que era gasolina; creyeron que estaba dispuesta si la situación pasaba a mayores. Nada confirmado. El juez intentó dialogar con los verano Sepúlveda para llevar a cabo la diligencia, pero no fue posible debido al ruido que desde adentro hacían algunos integrantes de la Red Cundecon (Ciudadanos Unidos en Defensa de Nuestros Derechos Constitucionales), de la cual hacen parte don Luis Verano y su esposa.

Después de varios minutos, y al ver el rechazo de las más de 40 personas que se encontraban en el apartamento, la diligencia se canceló, pero el alboroto no cesaba. Adentro todos estaban indignados, pues de nuevo se encontraban en la


misma situación que ya habían padecido tres veces antes, y como había ocurrido entonces, ninguna entidad pública o privada los apoyaba. “Nuestra única defensa es la Constitución”, afirmaba Luisa Sepúlveda al referirse a la problemática que ha vivido desde 2001.

El sueño de comprar apartamento después de haber vivido en arriendo durante casi diez años, hizo que don Luis y su esposa hicieran un esfuerzo y compraran con sus ahorros de muchos años el apartamento de $32 millones 200 mil que vieron en Bolivia Real. La cuota inicial que habían dado era de $9 millones 660 mil y comenzaron pagando cuotas de $345 mil durante seis años.  El incremento fue moderado, pero en 2001 el valor pasó de $700 mil a $1 millón 500 mil.

La situación no era la más favorable, ya que don Luis, como buen santandereano, se la rebuscaba para mantener a su familia vendiendo chance en el Siete de Agosto, como lo ha venido haciendo desde 1978. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, cada mes se le fue haciendo más difícil pagar sus cuotas, que subían y subían, como ocurrió con otros miles de colombianos entre los 90 y el año 2001.  Por más que vendieron parte de sus electrodomésticos para lograr cubrir las cuotas, los gastos familiares no daban espera. Un día decidieron no seguir pagando.

Intentaron conciliar con el banco, haciendo una oferta de $40 millones para saldar el total de la deuda y refinanciarla. No obstante, ya el caso estaba en proceso jurídico y lo llevaba el Juzgado Cuarto de Descongestión. Era, pues, imposible, por ley, que los Verano pudieran acordar algo  con dicha institución. La instrucción del Juzgado era desalojo inmediato, sin entrar a evaluar razones o matices de la ley.   

En cuanto al funcionario del   ICBF, quien, según la familia afectada, fue con argumentos de quitarles a sus Angie, Laura y Valentina de 13, 12 y 6 años, respectivamente; la Dirección Regional de Bogotá confirmó que el Instituto hace presencia en estos casos cuando las autoridades competentes así lo solicitan, y sólo pueden actuar si los derechos de los niños se ven afectados durante el proceso de desalojo, mas no le pueden quitar los menores a la familia por incumplimiento de pago.

Por último, al verificar si el líquido regado por las escaleras del conjunto efectivamente era gasolina, los vecinos comprobaron que se trataba de una mezcla de   amoníaco, orines y ‘diablo rojo’  que integrantes de la Red Cundecon prepararon para distraer a las autoridades durante el desalojo. Así mismo, toda la estrategia de defensa se pudo llevar a cabo ya que, como confesó doña Luisa Sepúlveda, “de un CAI cercano nos avisaron que venían el viernes porque les pidieron apoyo, pero  nosotros no recibimos nunca ningún comunicado”.

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