Un ácido en el museo

La directora de Patrimonio Nacional, María López, dice que no es la responsable del deterioro de los muros. Sus detractores piden responsabilidad política y sugieren su renuncia del cargo.

En agosto de 2005, trabajadores del consorcio ABC del Lavado Ltda. comenzaron labores en la fachada frontal del Museo Nacional. En cumplimiento de un contrato por $29 millones, suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la firma se comprometió a hacer un lavado superficial de los muros externos del edificio otrora centro penitenciario. Sin embargo, luego del inicio de las labores, cuando la limpieza ya abarcaba el muro frontal, desde el centro hasta su extremo sur, la caída y el deterioro de varios ladrillos y un blanqueamiento excesivo de la zona intervenida dieron a pensar que algo no andaba bien.

Entonces la Dirección de Patrimonio Nacional, en cabeza de María Claudia López, ordenó detener el lavado para suscribir en 2006, con la Pontificia Universidad Javeriana, el Convenio de Asociación No. 1494-06, “por valor de $182’764.010, y adelantar los estudios técnicos, diagnóstico y propuesta de intervención de la fachada del Museo Nacional de Colombia”, tal y como figura en una carta dirigida a este medio por la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno Zapata.

A su vez, la Universidad Javeriana subcontrató a la Universidad Externado de Colombia, y de manera más específica al Laboratorio de la Facultad de Estudios de Patrimonio, para que diagnosticara el problema. El informe que presentó de vuelta el centro de estudios, avalado por su director, Mario Ómar Fernández, constató que el químico con el que se practicaba el lavado era altamente ácido y que había afectado la superficie de la fachada. Adicionalmente, el informe también incluyó recomendaciones para la restauración de la totalidad de la fachada, una obra iniciada el 27 de febrero de 2009 y con un fin proyectado para el 27 de diciembre del mismo año. La obra fue pactada en 2008 y por medio de licitación pública se “suscribió el Contrato de Obra No. 2225/08 con el Consorcio Gález por valor de $ 1.159’531.886. Asimismo, el Ministerio de Cultura, producto de una convocatoria pública, suscribió el contrato de Interventoría No. 2229-08 con Rafael Zamora Melo, por valor de $126’324.000”, como aparece consignado en la carta de la ministra Moreno.

No obstante, el daño ya estaba hecho y un grupo de arquitectos, expertos en el tema de restauración, dieron a entender que las averías eran incuantificables: “No hay duda de que este daño no fue voluntario, pero en cualquier país donde existan responsabilidades políticas de los funcionarios públicos, este hecho habría cobrado la cabeza del director de Patrimonio y probablemente del ministro de turno”. Quien habla es María Eugenia Martínez Delgado, quien fuera por más de cinco años la directora de la Maestría de Restauración de la Universidad Javeriana. Germán Téllez, quien ha participado de las restauraciones de la Iglesia de San Agustín y del Museo del Siglo XIX, entre otros proyectos, se une al grupo de los inconformes: “Esta es una muestra de una de las consignas de la Guerra Civil Española: ‘Fusile primero e investigue después’”.

Por ley, es obligatorio que todos los procedimientos que se efectúen sobre un bien de interés cultural sean autorizados por la Dirección de Patrimonio Nacional. A pesar de ello, la directora López asegura que el lavado nunca fue autorizado por ella y que incluso, cuando en el Ministerio se comenzó a hablar de limpiar la fachada, ella advirtió sobre la necesidad de estudios previos. “El grupo de Infraestructura Cultural, ajeno a la dirección de Patrimonio, pero dependiente de la Secretaría General del Ministerio, se encarga del mantenimiento de las sedes del mismo. En 2005, fue a través de ese grupo que Fonade otorgó el contrato para limpiar la fachada”.

Por otra parte, el profesor Mario Ómar Fernández asegura que aunque el daño ocasionado por el químico sí deterioró la superficie de la fachada, el daño de los ladrillos y los rellenos de cal que los unen no es exclusivo de la zona intervenida. “Hay factores de contaminación que afectan directamente la estructura, e incluso a la altura de un hombre promedio el deterioro causado por quienes raspan el ladrillo para la elaboración del basuco es muy notorio. Además, el ladrillo que compone los muros es de mala calidad, pues de acuerdo con nuestros estudios, constatamos que su tiempo de cocción no fue el indicado”.

María Claudia López reconoce que a pesar de que antes de tomar la determinación de restaurar la totalidad de la fachada se venía barajando la idea dentro de las huestes ministeriales, el hecho de haber ocasionado un daño con el lavado fue un acelerador del procedimiento. Y frente a las críticas, está convencida de que su actuar fue el indicado: “estaré en mi cargo hasta el día en que la Ministra lo desee, pero creo que no me equivoqué: advertí de la necesidad de practicar estudios previos y cuando se efectuó el lavado y se conoció de sus daños, di la orden inmediata de suspenderlo”.

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