Todos los días, Gloria Cecilia Delgado abre de par en par la puerta de su casa. Desde afuera no luce como una cualquiera, no tiene sofá ni comedor, sólo una nevera, una caja registradora y un par de mesas que sirven de descanso a los visitantes del Portal del Chorro. El caso de doña Cecilia, 55 años y pelo cano, es uno más entre los muchos que tienen lugar en La Candelaria. “De esto vivimos y a esto nos dedicamos”.
Sin embargo, a doña Gloria y a todos los que como ella viven donde trabajan y a otros que habitan en diferentes sitios, pero trabajaban muy cerca de los residentes laboriosos, el 26 de octubre de 2007 se convirtió en algo así como el anuncio médico de una enfermedad terminal a un paciente que gozaba de buena salud. Ese día, el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón firmó el Decreto 492, un glosario normativo que daba soporte a un proyecto a largo plazo: se añadió al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Zonal Centro, formulado como una estrategia de la Alcaldía Mayor para transformar el centro histórico de la ciudad antes de 2038.
Adherido a dicho plan, vino para el sector una reforma en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 94, que abarca toda el área de La Candelaria. Con la reforma, como un anuncio de mal augurio, vinieron las ingratas noticias para doña Cecilia y sus secuaces: dividida en ocho áreas, La Candelaria reservó el expendio de alcohol para el sector seis, alrededor de la Avenida Jiménez, entre las calles 11 y 18.
Las vecindades del Chorro de Quevedo, ubicado en la zona uno, quedaron relegadas con la norma y en el Portal del Chorro, así como en sus similares, fue prohibida la venta de licor. Lo que para los bares fue un trago amargo, para los residentes del sector resultó un sorbo de gloria. Por fin se acabarían el ruido por las noches, las riñas, las basuras en las calles y los alcoholizados que en sus divagaciones confundían los portones con orinales. “No sobra mencionar que la rumba atrae a vendedores de droga, vendedores ambulantes, atracadores y habitantes de la calle a ocupar el espacio público”, se quejan los miembros de la Asociación de Amigos de La Candelaria, que agrupa a los residentes inconformes.
La reforma en la UPZ 94 se convirtió en una especie de fortaleza para los residentes, quienes ahora, con el soporte legal a favor, observaban desde una posición envidiable a sus adversarios, contra los que libraban una batalla de tiempo atrás. Los ataques de quienes se declaraban víctimas de los desmanes de los bares tenían formas de querellas, que una tras otra llegaban a la Alcaldía Local.
Así, con una nueva reglamentación por cumplir, la Alcaldía Local, encabezada por Xinia Rocío Navarro desde que Samuel Moreno se posesionó como Alcalde Mayor, inició una fuerte labor de control. La Policía Metropolitana comenzó a recorrer las calles de La Candelaria entrando a los establecimientos reportados en las quejas de los vecinos y en otros a los que simplemente ejecutaba visitas de oficio. Las órdenes de sellamiento pulularon como otrora lo había hecho la venta de cerveza.
La situación se había convertido en una cacería de brujas, según palabras de Gloria Cecilia Delgado. Entre los comerciantes que se sentían amenazados circularon varios rumores. Decían que la Alcaldía Local los había hecho centro de una oscura conspiración, que existían pactos entre el Gobierno distrital y grandes restaurantes que esperarían pacientemente a que los dueños los embargara el hastío y resolvieran vender sus propiedades. Dijeron, incluso, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era uno de los grandes gestores de todo el Plan Zonal del Norte, de la nueva cara de la Zona C, como se conoce.
“Pocas veces he escuchado cosas tan absurdas: pretenden convertir al centro en el sector más turístico de Bogotá y no permiten que la gente tenga sus negocios. Un centro histórico sin comercio no es centro histórico”, asegura doña Cecilia con un dejo de inconformidad y resignación, quien a su vez cree que la diferencia entre los grandes empresarios y ellos, los pequeños, los de siempre, radica en el amor por La Candelaria. “Vendrán a hacer dinero, en cambio nosotros crecimos aquí, eso no nos lo quita nadie”.
Unas cuadras más abajo, desde su despacho y con un mapa enorme de la UPZ 94 a sus espaldas, Xinia Navarro responde a cada uno de los alegatos. Aclara, primero que todo, que bajo su responsabilidad no estuvo ninguna de las reformas que se implantaron en el Plan Zonal del Centro y que su función consiste en controlar que las normas se cumplan. “La verdad, a veces me siento en medio de un fuego cruzado. Por una parte los residentes me reclaman porque los establecimientos no se cierran y, por otro, están los dueños de los bares que me tachan de autoritaria”.
Apesar de las reglas, el cierre de los establecimientos no se puede realizar de forma intempestiva. Primero se emite una citación a los comerciantes para rendir descargos ante la Alcaldía Local, luego existe una segunda instancia que le corresponde resolver al Consejo Distrital de Justicia. El resultado, irremediable y casi trágico para los bares que funcionan por fuera del sector seis, es siempre adverso. No obstante, pueden continuar funcionando hasta que se emita un fallo definitivo, un proceso que tarda entre uno y dos años. Recibir la citación de la Alcaldía Local tomó entonces forma de cuenta regresiva para los comerciantes.
Hoy doña Cecilia vende a diario lo que ella llama “sus últimas cervezas”. Ya presentó el recurso ante el Consejo de Justicia, pero sabe que la guerra está perdida desde antes de que comenzó a disputarla. “¿Y nosotros qué? Somos muchos los afectados y no nos ofrecen soluciones.
Volviendo al despacho de Navarro, existe una alternativa que incluso ya han adoptado varios de los establecimientos desfavorecidos con el Plan Zonal del Centro: “La salida sería cambiar el uso del suelo, es decir, que los bares pasen a ser cafés o restaurantes, por ejemplo”. La alcaldesa es consciente de que no todos podrían tener los recursos para ello, sin embargo, declara que ha intentado promover unas mesas de concertación, con el acompañamiento de la Personería y el Gobierno Distrital, entre los bares y los vecinos. La causa común sería la de llegar a un acuerdo que permita entablar un contacto con la Secretaría de Planeación, encargada de las reformas a la UPZ, para hallar senderos alternativos y reducir el impacto del problema.
La propuesta fue acogida por Asocandelaria, gremio que agrupa a cerca de 80 propietarios y que lidera Roger Ospina, dueño de la Galería Café Martín, al borde del sello definitivo. “Estamos dispuestos —comenta Ospina— y queremos que se nos incluya dentro de los planes turísticos que el Distrito tiene para el Centro Histórico”. Las conversaciones aún no empiezan, los miembros de la Asociación de Amigos de La Candelaria no se han contactado con los bares y hasta ahora continúan con su filosofía de apoyo incondicional al POT. Mientras tanto, doña Cecilia continúa vendiendo sus últimas botellas con muy poca fe en que se pueda llegar a un final feliz para todos.
¿Qué dice la Secretaría de Planeación?
Claudia Sandoval, subsecretaria de Planeación Territorial, anuncia que el Plan Zonal del Centro se trazó para 2038 con el objetivo de que con su culminación se conmemoren los 500 años de la fundación de Bogotá.
Se planea ejecutar obras de renovación urbana en todo el centro de la ciudad, lo que implicaría la demolición y la construcción de nuevas estructuras. Frente al problema que afrontan los comerciantes y residentes de La Candelaria, Sandoval afirma que debe dárseles cumplimiento a las normas y que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta por parte de los afectados. “De recibirla, la evaluaremos dentro de las políticas del Plan de Ordenamiento Territorial y veremos si es posible resolver el problema o mitigarlo.