El orden del caos

Bogotá vivió el martes una nueva jornada de paro de transporte público.

En el Portal de las Américas, ubicado en el cruce de las avenidas Villavicencio y Ciudad de Cali, manifestantes y policías se enfrentaban con un dramático saldo de varios ciudadanos heridos. Eran las seis de la mañana. En la vía a La Calera, miles de vecinos habían salido de sus hogares dos horas antes,  esperando el milagro de encontrar algún tipo de transporte que los llevara a sus trabajos. Poco después de las 10, en la Terminal del Sur los articulados de Transmilenio y algunos colectivos comenzaban a prestar su servicio escoltados por tres, cinco o seis motocicletas.

Casi al mismo tiempo, en el Palacio de Liévano, el alcalde Samuel Moreno, el ministro de Transporte, Uriel Gallego; el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, y representantes de varios sectores de transportadores se reunían para buscar una solución que le devolviera la normalidad a la ciudad. Moreno fue enfático: “El servicio de transporte es un servicio fundamental, que está en la Constitución y por lo tanto está protegido por la misma. Se les entrega a unas empresas para que lo operen, pero asimismo se les puede retirar por abandono de la prestación del servicio”. No obstante, al anochecer las partes continuaban negociando un acuerdo para ponerle punto final al paro, pero al cierre de esta edición no se había definido una fórmula que permitiera zanjar las diferencias.

La jornada del martes transcurrió entre el desorden, los rumores sobre posibles acuerdos, millonarias pérdidas económicas y la resignación. Veinticuatro horas después de que Alfonso Pérez, presidente de Apetrans (Asociación de Pequeños Propietarios de Transporte), hubiera determinado que sus buses saldrían de circulación para presionar un arreglo con el Distrito sobre las condiciones del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), las informaciones eran ambiguas y los reportes de los medios señalaban que más de 50 personas habían sido detenidas y judicializadas, y cinco habían resultado heridas por los hechos de violencia del lunes. Cada bogotano sustentaba sus argumentos.

Desde el Concejo, Carlos Vicente de Roux explicaba que ante el SITP los pequeños propietarios tienen tres alternativas: Primera, asociarse con otros propietarios y constituir una empresa proponente que participe en la licitación en procura de ganar, por lo menos, una de las 13 zonas. Segunda, vincularse a una gran empresa,   entregar su bus a cambio de una renta fija mensual que recibirán durante 25 años y, eventualmente, participar como accionistas de dicha empresa.  Tercera,  vender su vehículo.

Desde las calles,  un caminante forzado, Wladimir Álvarez,  sorprendía  con comentarios de tipo ecológico: “Los niveles de contaminación se redujeron al punto más notable que haya  visto”. A la misma hora, 11 de la mañana, el presidente de Fenalco, Francisco Ochoa, afirmaba que la reducción en las ventas del comercio había llegado al 62 por ciento. El negocio del transporte bogotano mueve al día ocho mil millones de pesos. Los bogotanos protestaban. “Es que fuera del pésimo servicio que prestan normalmente, se dan el lujo de paralizar la ciudad”, decía, muy molesto, un abogado de apellido Flórez. Un periodista, en su página de Twitter, escribía que “Ya va siendo hora de programar el paro de los usuarios-víctimas de buses, busetas y taxis en Bogotá. ¡Bellacos!”. Otro recordó que cien años atrás Bogotá vivió un paro de transportes que se prolongó por siete meses por un boicot de los usuarios, que se negaban a utilizar los servicios de la empresa norteamericana Bogotá City Railway Company.  El Distrito se vio obligado a comprar la compañía, que fue bautizada con el nombre Tranvía Municipal de Bogotá.

Por la noche el caos se fue diluyendo, pese a algunas escaramuzas en La Gaitana y Britalia. El Alcalde anunció que las restricciones vehiculares por placa seguían suspendidas. Los transportadores, que no levantaban la orden de paro. Poco antes de las ocho, la secretaría de Movilidad informó que  había abierto una investigación administrativa por injustificado cese en la prestación del servicio a Copenal, a la Cooperativa de Transportadores La Nacional y a la Compañía Metropolitana de Transportes.

Soluciones parciales

Para solucionar, al menos en parte, la ausencia de transporte público, la Alcaldía Mayor destinó el martes 10 buses de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 10 volquetas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, así como 13 más provenientes de la Unidad de Mantenimiento Vial. En Suba, la alcaldía local dispuso de cuatro de estos vehículos de carga para realizar recorridos al interior de la localidad. 

Además de esto, la Policía Metropolitana aseguró que 1.200 hombres más reforzaron la seguridad en toda la ciudad, al igual que ocho escuadrones extra de policías antimotines.

Transmilenio operó con la totalidad de la flota de articulados y con excepción de los portales de Usme y Tunal, con casi todas las rutas alimentadoras.

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