Adiós a los macroproyectos

Corte Constitucional declaró inexequible la iniciativa del Gobierno Nacional que, según algunos concejales, interfería con la autoridad de la ciudad y los demás municipios.

La Corte Constitucional, en respuesta a una demanda interpuesta por los concejales Carlos Vicente de Roux, Ángela Benedetti, Antonio Sanguino y Carlos Fernando Galán, así como por el Grupo de Interés Colectivo de la Universidad de los Andes, declaró inexequibles los Macroproyectos de Interés Social Nacional, contemplados en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007.

Los macroproyectos son, como su nombre lo indica, grandes iniciativas de urbanización que el Gobierno Nacional podía establecer en cualquier lugar del país, sin consulta previa con los concejos de los municipios involucrados. En teoría, este tipo de iniciativas estarían destinadas exclusivamente para construcción de vivienda de interés social y prioritaria (VIS y VIP, respectivamente), según lo ha manifestado el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa.

Para el concejal Carlos Vicente de Roux, uno de los demandantes del artículo, la sentencia de la Corte ratifica que son los municipios, y sólo ellos, los que deben decidir qué hacer con el espacio físico que ocupan: “Hay un punto estructural y es que la regulación de los usos del suelo les corresponde a los municipios, porque no tiene sentido que desde un escritorio del Gobierno Nacional en Bogotá se decida por dónde va el perímetro urbano de Pasto y qué tipo de edificaciones se pueden levantar allí. Incluso en las constituciones mas centralistas esto siempre ha sido una prerrogativa de los municipios”.

En el papel, el artículo en mención es la respuesta del  Gobierno Nacional al déficit de suelo para construir VIS y VIP en todo el territorio nacional. Un punto en el que los expertos han logrado ponerse de acuerdo es que la expedición de los elementos administrativos que habilitan y regulan el uso de la tierra es un proceso, en la mayoría de los casos, lento e ineficiente. Sin embargo, de acuerdo con De Roux, esta falencia no puede ser la justificación para que “el Gobierno intervenga en los asuntos que corresponden a cada municipio”.

El concejal del Polo añade que existen otros caminos e instrumentos para suplir la falta de suelo para VIS y VIP, que ya están contemplados dentro de la Ley 388 de 1997, como la exigencia de que en los planes parciales y zonales de una urbanización se destine una porción de la tierra para este tipo de construcciones. “En vez de intervenir, el Gobierno debería repensar las formas con las cuales se estimula a los municipios para que éstos sean los que impulsen el crecimiento de esta vivienda”, afirmó De Roux.