¿Cómo responder a los retos en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible?

hace 25 mins

El viacrucis de la Pepe Sierra

El IDU les salió al paso a las críticas de algunos sectores por las obras que aún han de hacerse en la 11.

En abril de 2008, un pequeño ejército de obreros se tomó la calle 116, entre carreras 15 y 19, para construir andenes, renovar redes de servicios públicos y, en general, mejorar el espacio público de esta popular vía del norte de la capital, sede de más de un centenar de negocios y paso obligatorio de diferentes rutas de transporte y varios miles de capitalinos que la recorren para subir hasta la carrera séptima o bajar hasta la Avenida Boyacá.

La iniciativa de mejorar los andenes, que se encontraban en mal estado antes de la intervención, nació de los mismos vecinos del sector, entre habitantes y comerciantes. El sueño de ver una vía moderna, acorde con las necesidades del lugar, comenzó a materializarse en 2007, cuando fue firmado el contrato con la firma ID, ganadora de la licitación que, en un principio, tenía un costo de $2.600 millones. El sueño de ver una vía moderna finalizó estrepitosamente en marzo de 2009, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) decidió, en medio de una dura polémica, dar por terminado el contrato con ID.

En esa fecha, el contratista, a quien le fue concedida una prórroga hasta marzo debido a los problemas que encontró en las redes de servicios (muchas de ellas instaladas en los años 50), había ejecutado tan sólo el 54% de la obra. En el 46% aún sin intervenir había problemas serios: excavaciones profundas sin cerrar, tubos mal emplazados, entre otras anomalías.

El IDU, amparado en la figura de la urgencia manifiesta (que fue avalada por la Contraloría en julio  de 2009), escogió un nuevo contratista para finalizar los trabajos, la firma  Oceisa. Entre abril y agosto de ese año, ésta se dedicó a cerrar huecos, poner losas, arreglar tubos y, en suma, a devolverle la cara a la 116, con miras a la temporada de fin de año, crítica para las finanzas de los cerca de 150 comerciantes que hay instalados en el lugar, según el director de Fenalco Bogotá, Francisco Ochoa.

Paralela a la recomposición estética, el nuevo contratista, al que se le asignó un presupuesto de $2.500 millones, emprendió una labor menos glamorosa y que, en últimas, arrojaría resultados preocupantes. Con cámaras de video recorrió las redes que ID había instalado y comenzaron a observar imágenes de tubos de agua atravesados por otros tubos, mal empatados, con grietas, sin el ángulo necesario para que el líquido fluya, perforados por piedras y otros materiales, taponados con basura y un largo etcétera que, en últimas, obligó a Oceisa a intervenir las redes que se suponía ya estaban listas.

Para agosto de 2009, el 70% de los errores que se habían realizado estaba corregido, los andenes por fin se veían en su lugar, los escombros habían sido recogidos y los dueños de los locales respiraban algo más tranquilos, pues la temporada de fin de año los iba a encontrar con la entrada de sus negocios utilizable y renovada.

Sin embargo, la cuestión aún no estaba finalizada. Hace dos semanas, el representante a la Cámara Germán Varón, de Cambio Radical, denunciaba en una rueda de prensa que los trabajos en la calle 116 no habían terminado y que “el IDU le notificó a la gente que la calle la iban a volver a levantar toda por desconocimiento de la red de acueducto”. De inmediato, vecinos y comerciantes temblaron ante la perspectiva de más meses en los que los andenes serían destrozados de nuevo, las aguas negras se empozarían y el caos reinaría una vez más en la Pepe Sierra.

“La calle no la vamos a levantar toda. Eso es falso. Las intervenciones que aún quedan se harán con tecnología de punta que nos permite tener un mínimo impacto en la vía, puesto que no tenemos que abrir una gran zanja, sino apenas una serie de huecos cada 60 o 70 metros en los que se introducirá una máquina que perforará sola y, además, será la encargada de instalar el colector de aguas que aún falta”. Alberto Payares, subdirector técnico de construcción del Instituto, asegura que los trabajos se harán de tal forma que no sea necesario intervenir de nuevo los andenes.

Según el arquitecto Carlos Sarmiento, coordinador del proyecto de la 116, los trabajos que aún son necesarios en la vía son dos: la instalación de un colector de aguas de 430 metros, que irá enterrado a 3,50 metros de profundidad, y la terminación final de los arreglos en las redes que instaló ID y que, según el arquitecto, son de menor envergadura, en comparación con los ya realizados. La primera obra, el colector, tiene un costo de $1.200 millones y debe comenzar a mediados de abril; tendrá una duración de cuatro meses.

Para la finalización de los arreglos, Oceisa está realizando una evaluación técnica para determinar cuál es la solución que genere el menor impacto sobre los andenes ya construidos. Esta valoración puede demorarse unos tres meses más y las obras como tal tendrían una duración de tres meses y un costo aproximado de $2.600 millones. “Acá vamos a utilizar tecnología de punta para no tener que levantar lo que ya está construido, sino poder realizar las intervenciones sólo en los puntos que se requieran y así no perturbar la dinámica comercial de los predios que hay en la 116”, dice el ingeniero Payares. Según el arquitecto Sarmiento, los errores en la instalación de las redes en que incurrió el primer contratista obligaron a la construcción del colector de aguas, para así poder darle continuidad al sistema hidráulico del sector.

En lo que respecta a las cuentas de los desatinos y arreglos de las obras de la 116, Payares explica que de los $3.300 millones que costaba el contrato firmado con ID (puesto que a los $2.600 millones originales se les hizo una adición de $700 millones), el contratista sólo recibió $1.300 millones, por cuenta de los atrasos en las obras que cada día se hacían más evidentes y que obligaron a la declaración de la urgencia manifiesta en marzo del año pasado. Por cuenta de las multas que ya le fueron impuestas a esta firma, el IDU recuperó $1.040 millones y $900 millones más están pendientes de ser reintegrados a la ciudad debido a la terminación del contrato (el desembolso aún está pendiente de ser definitivo debido a que el proceso está en curso).

“La intención del IDU es que esta firma le entregue a la ciudad el costo de la finalización de los trabajos que le habían sido encargados ($2.500 millones del contrato que se firmó con Oceisa) más los $4.000 millones que costará la construcción del colector y la terminación de los arreglos en las redes. Para todos estos procesos se solicitó el acompañamiento de la Universidad Nacional, que se encarga de ser el validador de las pruebas aportadas por el Instituto y las demás empresas encargadas de las redes de servicios públicos”, aclaró el ingeniero.

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