Polémica por ampliación del Cementerio del Norte

El proyecto tendrá que enfrentar la arremetida de algunos concejales, que como Andrés Camacho lo consideran mal diseñado.

El martes el proyecto de ampliación del Cementerio del Norte —calle 70 Nº 29B-34— pasará al banquillo en el Concejo. Aunque parece un debate sin mayor relevancia, en este tema hay mucha tela de dónde cortar.

En enero de este año, El Espectador ya había revelado algunos problemas que el proyecto de ampliación enfrenta, pero a la víspera del debate se hace pertinente retomar algunas de las debilidades que el concejal ponente, Andrés Camacho Casado, ha venido manifestando.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) emitió la Resolución 054 del 10 de marzo de 2009, mediante la cual se estableció la puesta en marcha de la ampliación del cementerio.

“El proyecto de ampliación del cementerio está pegado con babas: no tiene licencia de construcción; el título del proyecto no establece el objeto del mismo, ya que no habrá ampliación del campo santo, sino la construcción de unas salas de velación, unos parqueaderos y la remodelación del horno de cremación”, afirma Camacho.

El concepto de la Curaduría Distrital es desfavorable y establece que el proyecto no se ajusta al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ya que la zona de funcionamiento de la funeraria no permite que los campos santos se sigan expandiendo en un área predominantemente residencial. La comunidad afectada por los propósitos de iniciativa han manifestado su inconformismo, argumentando que no ha habido un adecuado proceso de socialización del proyecto y acompañamiento de las personas afectadas por el mismo, y expresan que no ha existido ningún plan de gestión social que soporte lo anterior. Las juntas de acción comunal de habitantes de esta zona de la ciudad han radicado una acción popular en la que se expresa que los derechos colectivos de la comunidad se ven amenazados en tres sentidos: el derecho a la seguridad y salubridad pública; los derechos de los consumidores y usuarios, y el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

En la acción popular quedó consignado lo siguiente: “No entendemos cómo el proyecto, que con esta acción popular se pretende detener, no tiene presupuesto para mantener decorosamente las obras existentes, no se destina ni un centavo para arreglar, reparar, mejorar o por lo menos mantener las instalaciones existentes, y menos para evitar los graves daños en la salud y bienestar de los vecinos del cementerio”.

Por otra parte, el objeto de esta obra es la prestación de servicios fúnebres a estratos 0, 1 y 2, pero no coinciden con los estratos socioeconómicos de los habitantes del sector donde funciona. Según la comunidad, es absurdo que las personas de los estratos a los que pretende prestar el servicio dicho campo santo tengan que desplazarse hasta el norte para ser cremados y posteriormente regresar a sus parroquias para ser velados por su conocidos.

Anexo a esta seguidilla de incongruencias y dificultades existe una más: el Consorcio Nuevo Renacer —administrador de los tres cementerios distritales— está conformado por tres entidades: Jardines de Paz, Jardines del Apogeo y Foto del Oriente. Esta última, Foto Japón,  aseguran los vecinos y el concejal Camacho, no tiene ninguna experiencia en temas funerarios.

En términos ambientales también se encuentran varias aristas de este problema: la Personería Distrital ha abierto dos investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Uaesp, debido a que los equipos de monitoreo de gases de los hornos crematorios no funcionan desde hace dos años.

Las cosas no paran ahí, las empresas funerarias también se oponen al proyecto al vislumbrar que al paso en que los cementerios distritales se modernizan y amplían su red de servicios su negocio tendrá una nueva competencia y sus bolsillos se resentirán. Según un gerente de una de las agencias que prestan el servicio, el Distrito quiere entrar al negocio en una función doble: la Uaesp va a regular a las funerarias, al tiempo que pretende ingresar al negocio como prestadora de los servicios mortuorios.