Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Consejo gris

HA PASADO DESAPERCIBIDA UNA NO-ticia que en mi opinión es un escándalo más, porque de alguna manera involucra a Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, y otrora secretario jurídico de la presidencia de Uribe Vélez, en las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, o al menos en la persecución contra Piedad Córdoba.

La anterior edición dominical de El Espectador, informó que el ex director del DAS, Andrés Peñate, reveló en la Fiscalía que ante la noticia de que Piedad Córdoba estaba en México en un foro al que habrían asistido voceros de las Farc y el Eln, en el que según el Gobierno supuestamente habría justificado la lucha armada, Uribe no sólo se puso molesto porque recientemente le habían comunicado que en ese país no había guerrilleros, sino que “le ordenó a Peñate que se reuniera con Mauricio González, secretario jurídico de Palacio, para que se evaluara si el discurso de Córdoba constituía delito”.

La orden presidencial al secretario jurídico, para que evaluara la conducta de la senadora, por sí sola es irregular. ¿Por qué, si tenían dudas, no dieron traslado a la justicia inmediatamente, en vez de que un subalterno presidencial conceptuara, y además desencadenara lo que vino después?

Según El Espectador, el hoy presidente de la Corte Constitucional le dijo a Peñate que la opinión expresada por Córdoba en México no violaba la ley, y que la única posibilidad de que su proceder fuese ilegal “era si el viaje o su estadía había sido financiada por recursos extranjeros, partidos políticos extranjeros, sin la autorización de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño” porque ningún servidor puede recibir emolumentos o prebendas del extranjero sin autorización de quien para entonces era el “cerebro” jurídico del régimen.

De todo esto queda un mal sabor. En primer término, no hay duda de que en la “Casa de Nari” andaban husmeando los pasos de la valerosa Piedad y los de todo el mundo, desde siempre, porque fue una política de Estado. En segundo lugar, si bien el propio González rindió concepto exonerando a Piedad por lo que hubiese dicho o afirmado en el exterior, no evitó lo que era un intento gubernamental clarísimo para enredarla judicialmente, pues su “consejo” abrió las puertas para que se explorara otra arista de investigación ilegal, en la que probablemente encontrarían los supuestos delitos de la senadora que odiaban en Palacio.

Por cuenta de esa sugerencia de quien hoy preside la Corte Constitucional, todo indica que el DAS se volcó a rastrearle la vida y milagros a una senadora opositora, sin orden judicial, como si entre el Presidente, su director del DAS y el secretario jurídico de la Presidencia, pudieran investigar a quien les diera la gana, al ritmo de sus antojos y antipatías personales o políticas. Ahora sí se entiende el empeño de Uribe para que González llegase a la Corte Constitucional, para lo cual inclusive sostuvo su nombre en la segunda terna de candidatos a magistrados, que debió integrar después de que le desbaratara la primera.

Lo que ese secretario jurídico de la Presidencia, que hoy desluce a la Corte Constitucional como magistrado y presidente, ha debido decirles entonces a Uribe y a Peñate, es que no era de su competencia definir si Piedad había o no delinquido, sino de la justicia penal. Además, debió advertirles que no podían continuar haciendo investigación alguna sin orden judicial contra una senadora, para establecer si había recibido o no emolumentos del exterior, tanto más cuanto que no lo hicieron con los congresistas aliados que también viajaron fuera del país.

Faltó abogado, pero sobre todo transparencia. Si otro hubiese sido el secretario jurídico y si el Presidente hubiese sido otro, se habrían ahorrado la vergüenza que hoy ya no pueden justificar, y que lastima el prestigio de la Corte Constitucional.

Adenda. Transitando las carreteras sólo se puede concluir que Colombia es un país atrasado.

 

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