Por: Reinaldo Spitaletta

El reino del crimen

Después de los tiempos (ya tal vez un poco lejanos) del establecimiento en Colombia de una cultura mafiosa, del “todo vale”, de la agresión permanente y del fracaso de la razón y de los argumentos, estamos inmersos en su bárbara continuación. El país sigue en manos de las que hoy se denominan “bandas criminales”, pero que, en esencia, son la prolongación del paramilitarismo.

La llamada por los sociólogos y otros teóricos sociales como “cultura de la mafia”  se manifiesta en diversos espacios, que van desde los de la política hasta  el combo de esquina. Es la imposición por la fuerza de puntos de vista, del mal gusto, de la intolerancia y de múltiples aspectos que han hecho trizas la convivencia social y exiliado el poder de la palabra y de la discusión civilizada.  Manda el dinero, el balazo, la compra-venta de conciencias, la corruptela y, a su vez, muchos observan, entre babeando y admirados, los “valores”  de esa forma de ser fundamentada en la violencia.

Asistimos a la instalación triunfante del paramilitarismo y sus variantes. Ese ya viejo proyecto, que nació hace años en el Magdalena Medio, que era un mecanismo para quedarse con las mejores tierras, expulsar gentes, establecer métodos violentos de resolución de conflictos, ahora está regado por todas partes.  Y en algunos casos, se les ha salido de las manos a sus capos  e “ideólogos” y ha caído, más que antes, en la lumpenización.

La cultura mafiosa, como todos recordarán, tuvo en los últimos años una convalidación desde  las altas esferas gubernamentales.  Y varios de esos comportamientos se aplicaron para efectos de reelecciones y otros asuntos. Y como en un bolero de cabaret, se evidenció aquello de “con el oro que te ofrecen, tú te vendes a cualquiera…”.  Fue el avance procaz y asqueroso de la corrupción y la politiquería, y pese a que a la guerrilla se le tuvo en jaque, en las ciudades florecieron todas las inseguridades y desafueros.

Hoy, cuando a los paramilitares de siempre se les llama de otras maneras (como las Bacrim, tal vez para evitar aspectos de reparación de víctimas, etc.), se advierte en Colombia el dominio de esas fuerzas, con los mismos objetivos de siempre.  Están por todas partes, al servicio del narcotráfico, o al cuidado de haciendas, o con el propósito de aplicar extorsiones y otras violencias tanto en el campo como en la ciudad.

Dentro de esa proliferación delincuencial de los  “paracos”, cuyas divisiones y disputas por el poder son evidentes, se exteriorizan en las ciudades y en los montes manifestaciones de su lucha por el control. El asesinato reciente de dos estudiantes de la Universidad de los Andes en Córdoba, mostró no sólo la crueldad y barbarie de los que así proceden, sino las escisiones entre esos ejércitos ilegales.

A escala, cualquiera y en cualquier parte del país, puede darse cuenta de la presencia delictiva de esos grupos. Están en las terminales de buses, en los acopios de taxis, en la presunta vigilancia de calles, en el control territorial en barrios.  En Córdoba y la Alta Guajira, por ejemplo, es evidente la ubicuidad criminal de tales bandas.  En los últimos  años, que coincidieron con los de la llamada Seguridad Democrática,  aumentó la presencia de  aquéllas, además del crecimiento de desplazados y de los “falsos positivos”.

Según estadísticas de la Fiscalía y de interpretaciones de columnistas  como Alfredo Molano, en los últimos años aumentó la violencia en Colombia y ya el número de desaparecidos “supera el de las dictaduras del cono sur en la década del 70, que fue de 30.000” (El Espectador, 17-II-2011).  Y a todas estas, valdría la pena preguntarse de qué han servido, por ejemplo, el Plan Colombia y otras estrategias para presuntamente disminuir la guerra en este país.

Y se seguirá respondiendo (los hechos así lo muestran) que la guerra en Colombia es un negocio de minorías, de transnacionales y de bandidos al servicio de intereses muy poderosos.  Entre tanto, las víctimas aumentan y los victimarios siguen gozando de impunidad. 

 

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