Por: Ricardo Gómez Giraldo*

¡No más brechas en la educación!

DOS COLUMNAS RECIENTES Y LOS últimos informes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) lo afirman: la educación básica es la principal causa de la división social en Colombia.

Mauricio García Villegas en ‘Apartheid Educativo’ (El Espectador, 28-XI-10) lo plantea así: “nuestro sistema de educación difícilmente puede ser considerado como un mecanismo de movilidad social… cuanto menor es el nivel económico de los alumnos, peor es el nivel de la educación que reciben… (Nuestro sistema) permite a lo sumo movilidad en el interior de las clases sociales, no entre ellas”. Hernando Gómez Buendía en ‘Educación, pecado original’ (La Patria, 21-XI-10) expresó: “La educación en Colombia no está pensada como un factor de equidad, sino como mecanismo principal de transmisión y ampliación de las desigualdades”.

Basta ver las últimas estadísticas del MEN que lo corroboran. Las pruebas Saber (cuya cobertura universal, continuidad y publicidad son un mérito, y a la vez fuente de preocupación) demuestran que, sólo por excepción, los colegios oficiales están en el nivel superior y los privados, por el contrario, superan de lejos a los oficiales (aunque hay unos de garaje). La percepción común con respecto a los colegios oficiales es tan grave que mucha gente hace hasta lo imposible por pagar un colegio privado. Un taxista en Bogotá me contó que pagaba casi $1 millón mensuales por la educación de sus hijas en colegios privados y bilingües. Para pagar esto, sus horas laborales son absurdas.

Estamos en un momento histórico para que no se profundice la segregación social colombiana. La propuesta del capítulo educativo del Plan Nacional de Desarrollo reconoce y busca disminuir la brecha educativa entre lo urbano y lo rural, y plantea priorizar el acceso con calidad al preescolar, enhorabuena.

Surgen, sin embargo, dos vacíos: por un lado, el plan no es explícito en propuestas para disminuir la brecha entre la educación básica pública y la privada. Puede sonar extremo, pero Colombia —en preescolar, básica y media— no tiene “un sistema educativo”, sino dos. Por el otro, el plan tampoco presenta propuestas para evitar que construya una brecha entre la calidad de la educación superior privada y la pública. Hoy, de las cuatro primeras universidades colombianas visibles en los indicadores internacionales universitarios (aún lejos de un puesto competitivo), dos son públicas y dos privadas (ver Skopus y webometrics). Esto demuestra que las universidades públicas son de alta calidad, siempre y cuando cuenten con financiación y gestión adecuada.

Se habla de una reforma integral a la Ley 30. Es deber de la presente generación lograr que esa reforma permita la existencia de universidades públicas de alta calidad investigadora, por la equidad, competitividad y democracia del país. La reducción de la tasa de interés, entre 66% y 75%, de los créditos del Icetex es un paso adelante en el subsidio a la demanda. No obstante, hay que estar atentos porque esta reducción no puede ir en contra de la financiación de las universidades. Hasta ahora, nadie ha demostrado que la oferta pública educativa aumente la inequidad, sino todo lo contrario. Las universidades públicas —la oferta— no se debe debilitar, ni en términos relativos ni absolutos, a costa de subsidiar la demanda —es decir, a los estudiantes—.

*Rector de la Universidad de Caldas.

 

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