Por: Gustavo Gallón

Prioridad: las víctimas y la paz

CON ESA MIRA, LA ALTA COMISIO-nada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha propuesto una “revisión exhaustiva de los programas de protección”, en su reciente informe sobre Colombia.

Si entre 2007 y marzo de 2010 se produjeron 1.499 homicidios de personas desplazadas, según fuentes oficiales, urge entonces adoptar un programa eficaz de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras que combine medidas políticas, técnicas, financieras, de seguridad y de movilización social. Igual ocurre con defensores, sindicalistas y periodistas, pues en 2010 continuaron registrándose homicidios, amenazas e intimidaciones en su contra, y las garantías prometidas por el gobierno anterior al respecto no se han cumplido, afirma la Alta Comisionada.

Esta protección hay que brindarla frente a violencia sexual, torturas, secuestro, minas antipersona, desaparición, reclutamiento o desplazamiento forzados causados por guerrilleros, paramilitares, organismos de inteligencia, miembros de la fuerza pública, o quien quiera que haya perpetrado estos crímenes u otros que se han seguido registrando en proporciones alarmantes. Por ello, recomienda en particular que se establezcan mecanismos democráticos de control externo de los servicios de inteligencia y de depuración de sus archivos. También pide acciones contra la corrupción y contra la aquiescencia de agentes estatales con grupos sucesores de los paramilitares, y una respuesta diligente a los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Además de la protección, la Alta Comisionada urge a fortalecer la investigación y la sanción de estos delitos. Tales esfuerzos incumben especialmente a la Policía y a la Fiscalía, pero también a la justicia penal militar, que en 2010 tuvo un “retroceso significativo” en el traslado a la justicia ordinaria de falsos casos de “muertos en combate”. En su opinión, la reforma judicial que se ha venido intentando debería orientarse a “enfrentar las causas estructurales de la impunidad”, la ley 975 (de “justicia y paz”) debería revisarse para garantizar mayor verdad, justicia y reparación, y las iniciativas de la ley de víctimas y de tierras también podrían complementar este propósito.

La pobreza y la situación de los derechos económicos, sociales y culturales preocupan asimismo a la Alta Comisionada. El país se ha situado en 2010 entre los siete más desiguales del planeta (el coeficiente de Gini alcanzó un valor de 0,585). Esto puede empeorar con la minería, una de las “locomotoras” del proyecto económico oficial, que no respeta la consulta previa a las poblaciones indígenas y afrocolombianas para explotar recursos en sus territorios.

Revisión de las políticas de protección, fortalecimiento de la justicia y reducción de las desigualdades son así los tres ejes de las recomendaciones del informe de este año, que reitera las formuladas previamente por su oficina y por diversos órganos de Naciones Unidas. Ellas se enmarcan en una invitación al Gobierno a establecer un mecanismo efectivo de seguimiento de todas estas recomendaciones. Es lo que habría debido hacerse desde hace mucho tiempo.

*Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

 

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