Luego de más de dos años de pacientes interceptaciones telefónicas, detallados seguimientos judiciales y delaciones conexas, la Fiscalía logró desvertebrar una sofisticada red de narcotraficantes —entre quienes figuran ciudadanos colombianos, brasileños y venezolanos— que tenía una curiosa particularidad: servía de enlace para el procesamiento, venta y posterior distribución del alcaloide a paramilitares y guerrilla en el sur del país. La droga era transportada de los departamentos de Meta y Vichada hacia pistas clandestinas en el estado de Apure (Venezuela) y luego enviada a Surinam, República Dominicana, las Guayanas, Europa y Estados Unidos.
No fue fácil para las autoridades desentrañar esta madeja criminal que en los últimos años erigió un verdadero ‘narcoimperio’ prácticamente imperceptible y que logró infiltrar estratégicamente, incluso, a funcionarios de los organismos de seguridad de Colombia y Venezuela. José Cuesta León, natural de Ubalá (Cundinamarca), de 37 años y de profesión ganadero, es para la Fiscalía el cerebro de esta compleja red de ‘narcos’ que surtía de armas y de droga a los frentes 1º y 16 de las Farc y a las autodefensas de José Chepe Barrera y el temible Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo, quien libra una guerra a muerte contra Vicente Castaño Gil, El Profe.
Precisamente el 24 de diciembre pasado una fiscal antimafia dictó medida de aseguramiento contra once personas de esta organización. La meticulosa investigación contó con la colaboración del FBI y la DEA. Y aunque José Cuesta León, alias El Viejo, es casi un desconocido para la opinión pública, lo cierto es que es tal su importancia en el mundo del hampa que desde que fue capturado, el pasado 10 de diciembre, verdaderos zares del narcotráfico empezaron a mover sus fichas para sacarlo a como dé lugar de este complejo escollo judicial. Informes de inteligencia en poder de las autoridades aseguran que el brasileño Pablo Torres, alias El Canoso, es el más interesado en devolverle la libertad a Cuesta León.
En concreto, advierte un informe del DAS, El Canoso envió desde Surinam un millón de euros (casi $3.000 millones) para pagar los honorarios de los abogados que representan a Cuesta León, así como para tratar de sobornar a la fiscal que lidera la investigación y trasladar el proceso a otra ciudad para facilitar de esa manera que las decisiones sean tomadas en favor de los capturados. Las alertas se prendieron en la Fiscalía. Por ello la fiscal del caso les informó el miércoles pasado a sus superiores que el objetivo era trasladar el caso a Villavicencio, toda vez que tanto defensores como capturados tienen gran influencia en la Rama Judicial de esa región.
Curiosamente, al despacho de la fiscal antimafia llegó esta semana un control de legalidad —recurso jurídico para tratar de devolverles la libertad— de la medida de aseguramiento de los 11 miembros de esta organización, que debe ser resuelto por un juez de Villavicencio. ¿Coincidencia?
Punto de encuentro
Las intimidades de esta red de narcotraficantes son detalladas en la medida de aseguramiento que fue conocida por El Espectador. Por ejemplo, para las autoridades es claro que la organización contaba con equipos satelitales para coordinar la entrega de la droga; que utilizaban aviones monomotores con matrícula venezolana para infringir el espacio aéreo; que algunas de esas aeronaves eran hurtadas de Brasil o Perú y eran siempre cargadas con no menos de 250 kilos de heroína; que tenía enlaces con pilotos venezolanos; que les pagaban un impuesto de $300 millones a las Farc por cada envío del alcaloide y que le lavaban toneladas de dinero a esa guerrilla y la surtían de armas y fusiles, casi todos provenientes de Brasil.
El expediente revela la activa participación de venezolanos en esta red. Se habla de dos pilotos de ese país, llamados Wílmer Rosales y el capitán Carlos González. Pero lo que más sorprendió a los investigadores es que se revela que también pilotaban las avionetas ciudadanos norteamericanos. No hay duda de la importancia de esta organización, que realizó una macabra alianza con las Farc y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo Colombiano (Erpac) que lidera Pedro Oliverio Guerrero, Cuchillo, uno de los hombres más perseguidos por la justicia y que tiene seis procesos vigentes por homicidios, extorsiones, desapariciones, tráfico de narcóticos y acceso carnal violento.
Además de ser uno de los enlaces de esta organización desvertebrada por la Fiscalía, alias Cuchillo —quien se desmovilizó en abril de 2006 en Puerto Lleras (Meta)— configuró una alianza con el narcoparamilitar José Chepe o El Loco Barrera, y con Géner García Molina, alias John 40, cabecilla del frente 43 de las Farc. Cuchillo, nacido el 28 de febrero de 1970 en San Martín (Meta), fue según las autoridades uno de los autores intelectuales del homicidio del temible paramilitar Miguel Arroyave, a la sazón jefe del Bloque Centauros de las Auc.
La conclusión de las autoridades, por ahora, es que a la hora de traficar estupefacientes no hay organizaciones enfrentadas ni mucho menos. Sólo alianzas entre ‘narcos’ y punto. Así se desprende de esta compleja investigación judicial de más de dos años que constató cómo las Farc y las Auc de Cuchillo coexisten sin riesgos bajo el paraguas del próspero negocio de la droga en el sur del país, y cómo se han exportado hacia Venezuela estas alianzas macabras. Frente a este panorama no fue tan descabellada la afirmación del zar antidrogas de Estados Unidos —que provocó una agria polémica—, quien recientemente aseguró que Venezuela se había convertido en la ruta de los narcotraficantes colombianos.