Durante varios años la abogada Marcela Roldán fue una de las investigadoras más exitosas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Sin embargo, tres meses después de que Luis Camilo Osorio llegara al ente investigador, fue declarada insubsistente. Hoy, tres años después, ejerce como jueza penal municipal en Bogotá, pero ante el interés público que ha tomado el escándalo de la parapolítica decidió arremeter contra el ex fiscal Osorio.
Al concluir sus sesiones de 2007, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se aprestaba a resolver la situación jurídica del ex fiscal Osorio -hoy embajador de Colombia en México-, dentro de las investigaciones que se adelantan en su contra por la presunta infiltración de los paramilitares en la Fiscalía durante su gestión. La jueza Marcela Roldán aguarda que su testimonio sea tenido en cuenta por la corporación legislativa.
En contra de Osorio pesan además las graves acusaciones formuladas el pasado 30 de octubre ante la misma Comisión de Acusación por el testigo estelar de la parapolítica, el ex director de informática del DAS Rafael García. Según García, el ex director del DAS Jorge Noguera le manifestó que se contaba con la colaboración de Osorio para el tema de las autodefensas. La abogada Roldán pretende que se aclare cómo esta colaboración se hacía a través de los procesos.
¿Qué cargos ocupó en la Fiscalía General?
Llegué como asesora de la Dirección Nacional de Fiscalías en 1998. Después entré a la Unidad Nacional de Derechos Humanos como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito y luego pasé a ser fiscal delegada ante los jueces especializados.
¿Qué casos tuvo allí?
El primero que me entregaron fue la investigación contra los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, aunque la investigación me llegó como una denuncia en contra de Ana Teresa Bernal, de Redepaz, y Hernando Hernández, de la USO. Por eso abrimos dos procesos diferentes, pero cuando llamé a los denunciantes del caso original, en presencia del Ministerio Público estos testigos se retractaron.
¿Quiénes eran ellos?
No recuerdo los nombres, pero uno de ellos que no era denunciante era Antonio García Largo. En la ampliación de la denuncia se pusieron nerviosos y denunciaron que habían sido contactados por los generales para que presentaran esas denuncias falsas.
¿Qué pasó con García?
R. Está condenado por haber sido intermediador entre los generales y los falsos testigos.
¿Y la investigación en qué terminó?
Tomó un rumbo imprevisto. Investigué hasta que llegamos a la indagatoria de los generales con el abogado de ellos, Orlando Perdomo, hoy defensor del ex director del DAS Jorge Noguera. Todo eso tiene un hilo conductor. Llamé a indagatoria a los generales y les dicté medida de aseguramiento como determinadores del delito de falsa denuncia.
¿Qué sucedió luego?
Llegó el fiscal Luis Camilo Osorio e inmediatamente ocurrió el despido del doctor Pedro Díaz, que era el coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, y de los fiscales que llevaban el proceso de los generales Del Río y Millán por paramilitarismo. Entonces me dije: "sigo yo".
¿A partir de ese momento qué sucedió en la Fiscalía?
Empezaron las preguntas de un funcionario de la Dirección Nacional de Fiscalías sobre el caso de los generales. Entonces el fiscal Osorio me pidió el proceso para enviarlo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien sugirió que yo continuara con éste. El proceso regresó a mis manos. El abogado Perdomo pidió una cesación de procedimiento y yo saqué un proyecto negándola.
¿Estamos hablando exclusivamente del caso de falso testimonio o de paramilitarismo?
Estamos hablando de falso testimonio, pero realmente no se quiso ver la importancia de este proceso junto con el de paramilitarismo. Los dos procesos unidos eran una bomba. En la Unidad de Derechos Humanos lo sabíamos.
¿Qué pasó con la cesación de procedimiento?
Días después de que pasé el proyecto negándola, me enviaron a un reemplazo a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal. Después repartieron el proceso a una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que cesó procedimiento a los generales. Con un argumento absurdo: como ya habían sido condenadas dos personas como autores materiales de la falsa denuncia, los generales no tenían nada que ver.
¿Usted cree que su traslado tuvo que ver con todo esto?
Por supuesto. La única forma de que me quitaran ese proceso era sacándome de la Unidad. Además, sé que la fiscal que cesó el proceso tenía una relación de amistad con el entonces director nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, envuelto en el escándalo del reloj Rolex (recibido de una persona investigada por la Fiscalía). De su oficina bajaban constantemente a preguntarme por el proceso de los generales.
¿Qué papel jugó el vicefiscal del momento, Andrés Ramírez?
En otro proceso, el del homicidio de la ex fiscal de Sincelejo (Sucre) Yolanda Paternina. Cuando me contactó Mónica Gaitán, que era la fiscal que conocía el proceso de la masacre en Chengue del 17 de enero de 2001, me dijo: "Marcela, hay un testigo dentro de mi proceso que quiere hablar sobre el homicidio de la doctora Yolanda Paternina". Era Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri. Él inicialmente se sentó a hablarme del homicidio de la doctora Yolanda y yo escribía. Fueron muchas las declaraciones que le recibí. Entre esas, las relaciones del ex gobernador de Sucre Salvador Arana con el paramilitarismo. Lo relacionó como el autor intelectual del asesinato de la fiscal Paternina, junto con Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante paramilitar de Sucre. Andrés Ramírez era fiscal de segunda instancia en ese momento. Después fue Vicefiscal. Compartíamos mucho ese testimonio.
¿Hablaron del proceso?
Varias veces y además sobre cómo confirmar las declaraciones de Pitirri. En una de esas conversaciones le comenté de la compulsación de copias que iba hacer para que investigaran al senador Álvaro García Romero. El comentario inmediato del doctor Ramírez fue: "A mí me parece absurda esa decisión y no la comparto porque ese es un testigo absolutamente mentiroso". Yo tenía que compulsar copias porque tenía conocimiento de un acto delictivo y sindicaba a una persona con fuero.
¿Qué lectura le hizo a la posición de Ramírez?
El hecho de que el doctor Ramírez no haya estado de acuerdo va contra la ley. A mí no me correspondía evaluar si las declaraciones de Pitirri eran ciertas o no en el caso del senador Álvaro García Romero, eso le competía a la Corte Suprema de Justicia. Es gravísimo lo que hizo Ramírez, porque fue una opinión contra la ley.
¿Tomó en cuenta la posición de Ramírez?
Él no podía ponerme una cadena, así que decidí compulsar las copias, sin importar lo que viniera. Ramírez no volvió a dirigirme la palabra y me trasladaron de unidad. Cuando volví de vacaciones, me declararon insubsistente.
¿Con qué argumentos?
En la administración del fiscal Osorio, para mí y otros fiscales no hubo argumentos. Por eso prosperaron muchas tutelas de reintegros, porque no había motivación para los retiros. La motivación la conocíamos todos.
¿Se dieron casos iguales?
Salieron la fiscal Lucía Luna, que llevaba el proceso por paramilitarismo contra los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán. Salió Pablo Elías González, que también tuvo que ver con la orden de captura contra el general Rito Alejo del Río. Salió Mónica Gaitán, que llevaba el proceso por la masacre de Chengue.
¿Y qué pasó con los casos de los generales?
Se los asignaron al hoy vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien cesó el procedimiento.
¿Y a usted la señalaron de guerrillera?
Sin saber cómo, dónde y por qué, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza escribió que yo era infiltrada de las Farc. Aún sigo aterrada.
¿Lo que usted dice es que cree que durante la era Osorio se protegió al paramilitarismo?
Lo que vimos es que el general Rito Alejo del Río sí estaba involucrado con el paramilitarismo y en la época del doctor Osorio ocurrieron muchas cosas que no me permitieron continuar investigando.
¿Y está dispuesta a testificar ante la Comisión de Acusación de la Cámara?
No tengo ningún problema. Del contexto que rodeó a la Fiscalía en la administración del doctor Osorio se debe hacer una lectura y el país tiene que conocerla. Todos y cada uno de los fiscales que salimos entonces, tenemos una explicación que motivó la declaratoria de nuestra insubsistencia. Yo creo que el país aún no ha dimensionado la fuerza devastadora de ese señor Osorio a su paso por la Fiscalía.
‘Estaremos para contrapreguntar'
Jaime Granados, el abogado del embajador de Colombia en México y ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, dijo que no conocía a la jueza y también ex fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Marcela Roldán. Para él, desde el momento en que declare bajo juramento ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, allá estarán presentes con el fin de saber la verdad. "No le tenemos miedo a ningún testigo, porque el ex fiscal no tiene que ver con nada de lo que se dice. Él (Osorio) sabe que es ajeno a cualquier conducta inapropiada", dijo el abogado.
Según él, las personas que han declarado en este caso se han retractado, por eso "no podemos estar saliendo al paso de lo que quieran decir. Allá estaremos para contrapreguntarla", aseveró.