Los ojos están puestos sobre la Costa Atlántica. Los siete departamentos del Caribe colombiano, donde históricamente se han definido presidencias y el mismo equilibrio político en el Congreso, acuden una vez más a las urnas con el fantasma de la parapolítica rondando; acusaciones por compra de votos, trasteo de electores, costreñimiento, amenazas y derroche de dinero en algunas campañas, y la presunta influencia de los ‘parapolíticos' detenidos en la cárcel de La Picota.
El panorama es desalentador. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, de todo el país, el 20% de los municipios en riesgo frente a las elecciones se encuentra en los departamentos de la Costa Atlántica. Riesgo que significa que en el proceso electoral no se exprese la voluntad de los ciudadanos o no haya libertad, transparencia, autenticidad o igualdad.
Alberto Orgulloso, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena, asegura que si bien hay expectativas, existen pocas posibilidades de quiebre en el mapa político del Caribe colombiano. "Están en disputa dos modelos de actuación política y de gobierno: los que representan a la vieja clase política, algunos de ellos en alianza con algunos sectores cuestionados, versus nuevos movimientos y líderes políticos que aún tienen decencia", explica.
A su vez, Raimundo Alvarado, coordinador de la Red de Periodistas del Caribe, habla de "ruidos de fraude". ¿Las razones? La Registraduría ha tenido que cambiar en sólo cuatro meses en tres ocasiones a sus delegados, se habla de clonación de cédulas, hubo solicitudes de suspensión de los comicios en algunas partes y llueven las quejas respecto al nombramiento de los jurados. Y asegura que aunque existe en la gente el anhelo de cambiar las viejas costumbres, pocos creen que las elecciones sirvan para eso. "Todo esto hace pensar que estas elecciones pasarán a la historia como una nueva oportunidad perdida para la Costa Caribe, si el propósito es encontrar los liderazgos éticos necesarios para el cambio", dice.
El desaliento crece cuando se escudriña en la manera como se desarrolló la campaña electoral para escoger autoridades locales y regionales y se encuentra que hubo feria de avales, que algunos barones políticos vuelven al ruedo o los heredan sus hijos, que hay coaliciones por todas partes y que los ‘parapolíticos' siguen manejando los hilos del poder. Surge una pregunta obligada: ¿Sirvió de algo la judicialización por la parapolítica si al fin de cuentas van a ganar otra vez los mismos?
Laura Bonilla, investigadora de la Corporación Nuevo Arcoiris, cree que con respecto a las perspectivas de continuidad del fenómeno paramilitar, todo hace prever que estos comicios se debatirán entre la consolidación y normalización de la generación de paramilitares y narcotraficantes que lograron copar la mayor parte de instituciones públicas y la posibilidad de ascenso de propuestas alternativas desde el fortalecimiento de los partidos políticos y su blindaje frente a las mafias.
"Desde esta óptica, resulta realmente complicada la inclusión política y la superación de marginalidades en la Costa Atlántica. No es casual que la reconfiguración del mapa político y electoral de las dos últimas décadas haya coincidido con los intentos fallidos o parcialmente exitosos de negociaciones de paz con las guerrillas, el escalamiento de la confrontación militar, la extensión del fenómeno paramilitar y recientemente con el marco del proceso de desmovilización de las autodefensas", señala.
Lo cierto es que desde el comienzo del debate electoral de 2007, la Costa Atlántica se ha convertido en punto de referencia para saber si las alianzas legalidad-ilegalidad persisten, si las élites tradicionales mantienen el poder político o le dan paso a otras posibilidades o si se recupera parte de la institucionalidad perdida.