Detrás de una condena histórica

El Fallo contra Santa Fe no termina.

Édison Andrés Garzón tenía 20 años cuando murió. No tenía antecedentes penales, no pertenecía a ninguna barra brava, sólo iba al estadio con su hermano Edwin, dos años menor, para alentar a su equipo del alma: Santa Fe. La muerte lo tomó por la espalda. Un puñal le propició una herida letal. Aquel miércoles 11 de mayo de 2005 hubo otras peleas en el estadio El Campín durante el juego entre los albirrojos y el  América de Cali. Incluso, otro de los aficionados fue arrojado desde la parte alta de la lateral sur. Era un partido considerado de alto riesgo y así fue, una persona falleció y algunas otras resultaron lesionadas. Cuatro años después la polémica continúa.

Por aquel entonces, Édison era el único sustento económico de su madre. Se ganaba la vida como contratista en construcciones. Aún su madre y sus dos hermanos viven en una casa de estrato dos. Su edad y su productividad fueron claves para que el juez determinara en estos años de investigaciones y procesos judiciales cuál debía ser el monto para indemnizar a cada uno de los miembros de su núcleo familiar.

La semana pasada, el Juzgado 36 de Bogotá halló responsables al club capitalino y a la Policía Nacional por no impedir los hechos violentos en aquel encuentro, por lo que tendrán que pagar la indemnización.

Para Santa Fe la decisión es irrevocable, pues su defensa dejó vencer los términos de tiempo para acudir a una segunda instancia que revisara la condena. No obstante, ni el abogado Harold Penagos, en defensa de la familia de Garzón, ni la Policía quedaron satisfechos con el veredicto y ambos apelaron la medida. A Penagos le pareció insuficiente el monto de compensación económica (aún no revelado) y también quiere hacer responsable al Instituto de Recreación y Deporte por ser el dueño del estadio que, según dijo, debe garantizar la seguridad de las actividades que allí se realicen. Por su parte, la Policía consideró injusta su supuesta responsabilidad en el caso. Sea cual sea el nuevo dictamen, el equipo cardenal tendrá que acogerse.

Este caso entraña un mal mayor: el campo de fútbol como campo de guerra. Por eso, esta semana la Policía y la Dimayor anunciaron dos nuevas medidas para evitar estos trágicos episodios: registrar en un listado a los hinchas que participen en disturbios (ya hay 25 violentos reseñados) e impedirles su entrada al estadio; y un grupo adicional de policías, llamado nueva unidad élite, que se ubicaría en las tribunas con uniformes blindados para prevenir enfrentamientos entre barras y evacuar de los escenarios a quienes puedan ser víctimas de agresiones físicas.