¿De doctorado a condenado?

José Joaquín Ortiz, un ingeniero civil en aprietos judiciales por causa de un aparato nuclear.

Hasta el 29 de abril de 2008, José Joaquín Ortiz sólo era el ingeniero civil que había llegado de Inglaterra, en donde hizo un doctorado para tomar las riendas de la empresa Joyco Ltda. Ese día, Ortiz envió una carta a Ingeominas para que ésta dispusiera de su densímetro nuclear, un delicado aparato radiológico que sólo pueden tener a quienes Ingeominas otorgue licencia. La de Joyco se vencía el 11 de mayo de ese año y la empresa había decidido no renovarla. Ortiz se lo hizo saber a Ingeominas, pero no fueron funcionarios de esta entidad, sino policías de la Dijín los que dispusieron del aparato. Y así comenzó su viacrucis judicial.

Los densímetros miden la humedad y densidad de los suelos. Son de tanto cuidado que las autoridades temen que sean desviados a actividades terroristas y por eso no les quitan los ojos de encima. Pero de Ortiz no hay el menor indicio de vínculos con el terrorismo, ese ni siquiera es el tema en discusión. Estuvo en Birmingham 11 años, hasta abril de 2007, cuando regresó a Colombia . “Yo esperaba volver a aplicar lo aprendido. Pero, en cambio, me encontré con una pesadilla”. La Fiscalía lo acaba de llamar a juicio por el delito de tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos y nucleares, cuya pena oscila entre dos y seis años de prisión.

El problema que hoy enfrenta la empresa de Ortiz —fundada 30 años atrás por su padre y que trabaja, principalmente, haciendo interventorías para el IDU e Invías— surgió luego de una visita a su sede, en el occidente de Bogotá, para inspeccionar el densímetro, adquirido en 1997. La diligencia la practicó el grupo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de Ingeominas el 8 de abril de 2008 y derivó en una lista de 13 recomendaciones para que la compañía renovara su licencia de manejo de material radiactivo, que se vencía el 11 de mayo de ese mismo año. Pero la decisión corporativa fue no renovarla.

Tres semanas después de esa visita y 12 días antes de que se venciera su autorización para tener material radiactivo, Joyco Ltda. envió una carta dirigida a Fernando Mosos Patiño, jefe del grupo de Seguridad Nuclear de Ingeominas, comunicándole su determinación. “Conscientes de la fecha en la cual debe realizarse la renovación de la licencia (...) nos permitimos solicitarle que el equipo permanezca a buen resguardo (en el lugar que ustedes determinen), pero sin renovar su licencia sino hasta el momento en que sea usado nuevamente, instancia en la cual se harían todos los trámites necesarios”.

El propósito de la empresa era no asumir los onerosos gastos que el densímetro exigía, al menos por un tiempo. Pero la respuesta de Ingeominas, que llegó el 14 de mayo (luego de tres días de que se hubiera vencido la licencia de Joyco para tener este aparato), los dejó fríos. Mosos Patiño le hizo saber a Ortiz que no era posible “la tenencia de material radiactivo sin la debida autorización” y que por no poseer tal permiso, Ortiz podía estar incurriendo en delitos como tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. El funcionario le exigió a Ortiz tomar las medidas necesarias para legalizar tal aparato, so pena de tener “que dar curso a otras instancias”.

Y así lo hizo. Mosos denunció ante la Dijín que Joyco Ltda. mantenía el densímetro, sin licencia, bajo su poder y tres meses más tarde, el 22 de agosto, dos camiones con hombres de traje negro se presentaron en la sede de la empresa para realizar un allanamiento. El aparato no se encontraba en ese sitio, sino en una bodega en la localidad de Chapinero, bajo llave, en donde están almacenados equipos de laboratorio, de topografía y el archivo histórico de Joyco. Los uniformados, guiados por el propio Ortiz, llegaron al segundo sitio y procedieron a trasladarlo hasta Ingeominas, en donde permanece.

“Eso queríamos desde un principio, que Ingeominas tuviera bajo su custodia el densímetro hasta que pudiéramos renovar su licencia. Tal vez debimos actuar con más insistencia, pero aun así la respuesta nos atropelló. Ha sido un desgaste terrible para mí, mi familia, colegas y empleados. A la gente del IDU y del Invías he tenido que explicarles la situación, lo cual mancha el buen nombre que la empresa ha mantenido por tres décadas. Entiendo que Ingeominas tenga la orden de perseguir a todos los que no tengan licencia, pero nosotros sólo intentamos responder de acuerdo con las normas”, le dijo a El Espectador el ingeniero Ortiz.

El desenlace de esta historia lo determinará en los próximos días el juez 31 penal municipal de Bogotá. Mosos Patiño le explicó a la Fiscalía que ese aparato representa un riesgo para la población si no es manipulado adecuadamente, porque sus radiaciones afectan la salud humana. Sostuvo que su labor era verificar que quienes tuvieran en su poder material radiactivo, que en su concepto puede llegar a manos de terroristas, cuenten con la licencia respectiva. La paradoja es que Ortiz, en un abrir y cerrar de ojos, por cuenta de una licencia no renovada de la cual él mismo avisó a Ingeominas, pasó de eminente doctorado a sospechoso terrorista.

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