¿Hijos de la dictadura?

Los hermanos Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera, se someterán voluntariamente a pruebas de ADN para determinar si descienden de desaparecidos o presos políticos.

Las sospechas sobre la adopción ilegal de Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos de la millonaria y dueña del grupo de medios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se remiten a 1999. Algunos medios de comunicación se refirieron a una presunta ilegalidad en sus partidas de adopción y Alcira Ríos, entonces principal abogada del movimiento de las Abuelas de la Plaza de Mayo, comenzó a indagar al respecto.

Cerca de dos años después, el caso pasó a los estrados judiciales. Las Abuelas de la Plaza de Mayo, que ante la resignación de no poder encontrar a sus hijos desaparecidos durante la dictadura –unos 30.000 entre 1976 y 1983– enfocaron sus esfuerzos en reconocer a sus nietos, comenzaron una lucha en los tribunales para resolver sus dudas: dada la consabida relación de la familia Noble con el gobierno militar y de apoyo tácito que, según las versiones de hoy el diario Clarín, entregó a la Junta Militar, resultaba factible que Felipe y Marcela Noble Herrera, antes que hijos de doña Ernestina, fueran descendientes de desaparecidos, ejecutados o prisioneros políticos.

Sin embargo, el pleito legal cobró una mayor importancia desde 2009, cuando comenzó a mediatizarse gracias a las intervenciones de la presidenta argentina Cristina Fernández, de quien se conocía una tensa relación con el diario Clarín, porque desde sus páginas parecía oponerse a su forma de administrar el Estado.

No obstante, mientras los hermanos Herrera Noble continúan siendo uno de los principales focos de la prensa argentina y uno de los fantasmas que aún rondan al país después de la dictadura, la polémica puede estar cerca de resolverse. El abogado de los Herrera, Héctor Silva, anunció que sus defendidos se someterán voluntariamente a pruebas de sangre para disipar cualquier tipo de dudas y “terminar con esta causa que les ha generado enormes padecimientos tanto a ellos como a su madre, que tuvo problemas de salud que se han recrudecido por esta cuestión”.

Las declaraciones del abogado se difundieron el mismo día en que se vencía el plazo para recurrir ente la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la resolución de la magistrada Sandra Arroyo Salgado, que en los primeros meses del año había ordenado el obligatorio aporte de pruebas genéticas a los hermanos. “Ellos han privilegiado la salud de su madre y el cesar el estado de incertidumbre y angustia que genera esta causa frente a sus propios derechos”, puntualizó Silva.

No es la primera vez que esto sucede. Por orden de la misma magistrada, los hogares de Felipe y Marcela Noble fueron allanados en mayo de 2010 para extraer muestras de ADN de cabellos, prendas de vestir y cepillos de dientes y compararlas con los archivos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que posee el registro de las víctimas de la dictadura hasta ahora identificadas. Las pruebas, tildadas de autoritarias por un sector de la prensa, obtenidas bajo un método inconstitucional, según diría la Corte Suprema más adelante, no aportaron nada al caso, pues el banco las descartó al presentar varios perfiles genéticos. El hecho trasladó la atención a una inminente necesidad de obtener pruebas de sangre.

La decisión de entregar las muestras de ADN ahora está por encima de lo fijado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que anteriormente establecía las comparaciones con los registros del BNDG  obtenidos “por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976” para Marcela Herrera Noble y hasta el 7 de julio de 1976 para su hermano. Silva anunció que sus defendidos están dispuestos a que su ADN sea comparado con la totalidad de muestras del BNDG.

“Es una muy buena noticia” dijo Estela de Carlotto, líder de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quien aseguró que la vida de los dos jóvenes que hoy rondan los 35 años era “un infierno para ellos”. Ellos, por su parte, solicitaron a través de un pedido judicial, que las muestras les sean extraídas con “la mayor premura posible”. Cuando todo termine se desmentirán las acusaciones o la realidad llevará a una nueva dimensión el escándalo para la señora Ernestina Herrera de Noble.