El mano a mano de Morales

Con el país polarizado,  Tarija definiría el balance de fuerzas en la confrontación.

Un mes después de que la provincia de Santa Cruz, la más opulenta de las nueve regiones  bolivianas, aprobara mayoritariamente el referendo que le daría autonomía fiscal y política, dos de sus departamentos  vecinos, Beni y Pando, salieron a las urnas ayer para aprobar sus propios estatutos autonómicos.

Con éstos, ya son tres los proyectos votados, quedando pendiente la región de Tarija, que acudirá a las urnas el próximo 22 de junio. 

El peso político de estas dos regiones, empobrecidas y agrícolas, no se compara con el elevado poder que tienen dentro del país  Santa Cruz y Tarija, que controlan prácticamente el total de los yacimientos de gas y petróleo boliviano. Sin embargo, la jornada de ayer hace parte del ajedrez político que los opositores y el oficialismo buscan jugarse antes de finalmente sentarse e negociar los términos en que se resolverán sus diferencias.

Jornada tensa y disturbios aislados

La jornada de votación transcurrió en relativa calma, pese a la inminente tensión generada en ciertos sectores alejados de las capitales regionales.

En Filadelfia, un caserío empobrecido a 50 kilómetros de Cobija, capital de Pando, se vivieron enfrentamientos entre ambos sectores;  los seguidores de Morales bloquearon las carreteras para impedir la llegada de los autonomistas a las urnas, y  apalearon hasta infligir heridas de gravedad a un autonomista, hecho que prendió las alarmas en la zona. En Beni, por su parte, los oficialistas  golpearon al alcalde de Yucumo, un pueblo pequeño del departamento, y en el que se registraron quemas de urnas y bloqueo de carreteras.

Entre disturbio y disturbio, el gobierno recalcó la ilegalidad de la jornada e invitó a los prefectos de los departamentos a negociar, mientras que éstos últimos afirmaron que no habrá diálogo hasta que se lleven a cabo las jornadas de votación en Tarija, el próximo 22 de junio.

Ccon una retórica que no ha cambiado desde la aprobación del referendo en Santa Cruz, el presidente Evo Morales ha catalogado estas jornadas de “separatistas”. Los autonomistas, a su vez,  desconocen la legitimidad de la nueva Constitución boliviana, que fue aprobada el año pasado en una sesión “exprés”, a la que no fue convocada la oposición, y que desde entonces ha sido vista por este sector como una imposición del gobierno central, en un intento por desdibujar las autonomías administrativas de las cuatro provincias.

 Este punto muerto, provocado por las acciones unilaterales de ambos lados, no ha podido ser resuelto ni siquiera con la ayuda de la comunidad internacional.

La OEA ha sido seriamente criticada por su  lenta reacción, que no ha logrado generar un diálogo eficaz para la llegada de un acuerdo. Dante Caputto,  secretario de Asuntos Políticos de la OEA, declaró ayer  desde Medellín, donde se celebra la 33 Asamblea de esta organización, que sus miembros estaban pendientes de “ver lo que pasaba” durante la jornada.

Por otro lado, ciertos países se han limitado a condenar las acciones de uno u otro bando, como lo hizo este fin de semana el presidente venezolano Hugo Chávez, quien afirmó en Caracas que “el ‘plan de la Media Luna está siendo  aplicado por  Estados Unidos en Bolivia y va a fracasar, porque va a triunfar la dignidad del pueblo boliviano”.


La incapacidad del diálogo 

El extremo disenso   entre el oriente y occidente boliviano, promete crear un choque de trenes que deteriorará las relaciones de ambos bandos, una vez se comiencen a implementar los estatutos autonómicos aprobados.

 Morales ha sido poco transigente desde su subida al poder. Primero, en la manera como aprobó la Constitución sin la presencia de los opositores; y segundo, en la forma como ha deslegitimado las propuestas autonomistas. Y aunque ha llamado un diálogo, no ha presentado una propuesta que ponga fin a la crisis.

Para la analista Pilar Uriona, miembro del Observatorio Social de América Latina,  “la exigencia de autonomía responde a un interés económico por el libre uso de los recursos que se encuentran en territorio departamental, con los cuales se buca aplicar los proyectos de desarrollo y de infraestructura en tales departamentos”.

Las provincias tenían este margen de maniobra, antes de ser aprobada, el año pasado, la Constitución impulsada por el Movimiento al Socialis mo, partido de Evo Morales. 

A esto se suma la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), establecido por el gobierno  para subsidiar  a los ancianos. El proyecto reducía las rentas de las provincias y, según la analista, fue la gota que rebasó la copa entre ambos bandos.

“La Media Luna inició en un diálogo con el gobierno para tratar el tema.  Sin embargo, en febrero, Morales autorizó  el pago de la renta con recursos del IDH cuando el tema aún se encontraba en la mesa de discusión.  Ahí comenzó la crisis política”, afirma Uriona.

Frente a la situación actual, Morales ha decidido someterse a un referendo revocatorio. Para irse, su revocatoria tendrá que ser superior al porcentaje de los votos que lo eligieron presidente, hecho que para algunos observadores es bastante  improbable. De no serle revocado su mandato,  Morales se quedaría en el poder. Salir victorioso, lo fortalecería y le daría legitimidad.

 Así,  la apuesta de los autonomistas consistiría en  aprobar todos los estatutos antes de sentarse a negociar con Morales. De salir victoriosos en Beni y Pando, tal como se pronosticaba al cierre de esta edición, y luego triunfar en Tarija,  el próximo 22 de junio,   la oposición estaría radicalmente fortalecida, y así,  sería aún más difícil lograr un diálogo que conduzca a un acuerdo.

 Entre la tensa calma que se respiró ayer en Pando y Beni, la falta de una solución política necesitaría mediadores, que aparentemente hasta hoy, no han agotado las posibilidades de solución.