Es hora de cambiar la estrategia

La Cumbre Antidrogas de Centroamérica y el Caribe será un éxito si hay un diálogo francoComienzan a llegar los presidentes que participarán en la reunión. El primero en hacerlo fue Elías Antonio Saca, de El Salvador. Felipe Calderón, de México; Martín Torrijos, de Panamá, y Álvaro Colom, de Guatemala, arribarán este viernes.

Tenemos que esperar que la Cumbre Antidrogas de Centroamérica y el Caribe, que se inició ayer, sea una oportunidad de sostener un diálogo franco sobre las enormes frustraciones que ha producido la lucha regional antidrogas y las alternativas que se pueden y se deben promover desde la región.

El fracaso de la actual estrategia antidrogas es obvio e indiscutible. Y el caso de Colombia, donde Estados Unidos ha invertido US$6 mil millones desde el comienzo del Plan Colombia en 2000, es el ejemplo más contundente.

Los cultivos: en 2000, según el gobierno estadounidense, habían 136.200 hectáreas de coca sembradas en Colombia y 190.000 en la Región Andina. En 2006, el gobierno estadounidense encontró 157.200 hectáreas en Colombia (15% más) y 225.700 en la Región Andina (19% más). Naciones Unidas encontró un fuerte incremento (27%) en Colombia entre 2006 y 2007.

La cantidad: Naciones Unidas nos dice que en Colombia se produjeron 695 toneladas de cocaína en 2000 y 879 al nivel de la Región Andina. En 2007, después de un cambio metodológico, midieron 600 toneladas en Colombia (-14%) y 994 toneladas en la Región Andina (+13%). La oferta ha seguido más o menos igual.

El precio: el gobierno de Estados Unidos determinó que el precio promedio de un gramo de cocaína de venta en las calles de ese país fue de US$161.28, en 2000. A mediados de 2007, después de un cambio metodológico, el precio que midieron fue US$118.70. Es decir, la oferta estaba satisfaciendo la demanda mejor que antes. Esta tendencia de baja ha sido constante desde 1981, cuando el gobierno estadounidense empezó la práctica de estimar el precio del producto ilícito.

Mientras tanto, en Colombia Naciones Unidas no ha encontrado ninguna variación importante en el precio, en dólares por kilo, de la pasta básica de coca de venta en los mercados de Colombia, Perú y Bolivia.

Adicción y cambio geográfico

La población adicta: las “encuestas de hogar” contratadas por el gobierno estadounidense no muestran ningún descenso en el número de personas que reconoce haber utilizado cocaína o crack en los últimos 12 meses. Es decir, que el 3% de la población 9 millones de ciudadanos estadounidenses han consumido drogas los últimos 17 años.

El traslado geográfico de la droga (y la violencia que la acompaña): en los últimos 15 años el epicentro de los cultivos de coca ha migrado desde Perú a Colombia, y, dentro de Colombia, del Guaviare al Putumayo y a Nariño, y ahora a 23 de los 32 departamentos del país.

Las maneras de contrabandear han disparado, con la vía marítima y en incrementados casos, submarina escogida más frecuentemente. Gran parte de la cocaína ya pasa por Venezuela. Y los niveles de narcoviolencia en Mexico y la riqueza de sus carteles ya son mayores que las que se ven en Colombia.


Y ahora, como nos recuerda Antonio María Costa, de las Naciones Unidas, en una columna del Washington Post del 29 de julio, gran parte de la cocaína también está pasando por los países empobrecidos del occidente de África. ¿Cuánto tiempo habría antes de que los narcos descubran que, en vez de trasladar el producto por el océano Atlántico, pueden enseñar a los campesinos africanos a sembrar la coca?

Posibles soluciones

La frustración ha sido un constante de la lucha antidrogas tanto que el río de productos ilícitos que sigue fluyendo a los consumidores. ¿Una solución?

La legalización esa propuesta tan difícil de vender política y culturalmente sería un milagro para la Región Andina. Sin los insumos de los productos ilegales las mafias y los grupos armados se encontrarían sin su fuente de ingreso.

Pero en los países consumidores (que ahora incluyen países como Argentina, Brasil, Colombia y México) el efecto de la legalización no sería tan milagroso. Con mayor acceso a las drogas ya legalizadas, habría más adicción, más problemas médicas, más conductores manejando con la influencia, más padres olvidándose de sus niños. ¿Serían estos nuevos costos sociales menores que los beneficios sociales de la legalización? No queda claro.

Los cambios que necesitan se centran en buscar a los verdaderos criminales, que demasiadas veces esquivan el castigo, y minimizar el impacto sobre los más débiles, quienes se han visto más golpeados por la actual estrategia. Reducir el impacto sobre los más débiles significaría dejar de fumigar los cultivadores pequeños, y ofrecerles gobernabilidad: la presencia de un Estado que puede poner las reglas y los servicios básicos que requiere una economía legal. Reducir el impacto también significa dejar de encarcelar a los adictos y ofrecerles tratamiento, reconociendo que son personas enfermas.

¿Hay ambiente político para estos cambios no muy radicales, pero todavía difíciles de implementar? En Estados Unidos la sede de la guerra antidrogas será difícil, pero hay más posibilidades que nunca. El país está en temporada de elecciones. Es muy diciente que en las decenas de debates que ha habido entre los candidatos y precandidatos, los moderadores y los espectadores casi nunca han preguntado sobre la política antidrogas. Después de la histeria de “cero tolerancia” de los años 80 y 90, la droga es ya uno de los grandes ausentes de la campaña.

De esta ausencia puede venir la oportunidad para reformar la política. Si los políticos no se sienten obligados de mostrarse “más duros que todos”, en la política antidrogas puede haber más ambiente para experimentar con nuevas estrategias. Hay una pequeña razón de ser optimista.

*Director de programas, Center for International Policy (Centro para las Políticas Internacionales), Washington, Estados Unidos.

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