La infancia desaparecida

Entre aquellos que se llevó la guerra civil y los que se llevan las redes mafiosas, Guatemala está en pie de  lucha para encontrar a sus hijos.

De las masacres perpetradas por el ejército guatemalteco durante una guerra de 36 años, hay una que tiene una especial y macabra recordación. La llaman la “masacre de Las Dos Erres”, aldea que fue arrasada por las fuerzas militares del gobierno del general Efraín Ríos Montt, en la madrugada del 7 de diciembre de 1982.

Poco se supo en ese momento de la suerte de sus habitantes. Los militares llegaron y, como fue siempre costumbre, arrasaron, sin dejar huella. Sin embargo, tras  años de incansable búsqueda, organizaciones de derechos humanos hallaron en 1994 el paradero de las víctimas de la masacre: un pozo de 12 metros que yacía en la parcela de don Lico Aquino, vecino de Las Dos Erres.

“Cuando realizamos la excavación encontramos 162 osamentas, 67 eran niños menores de 12 años”, recuerda Manuel Cedillo, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Famdegua). “Encontramos, primero, las osamentas de los hombres; después las de las mujeres y, por último, las de los niños… Ahí comprendimos que delante de los padres mataron a los niños, después a las mujeres y después a los hombres…”, explica Cedillo desde Ciudad de Guatemala.

De todos los conflictos latinoamericanos,  Guatemala se caracteriza por la manera en que, como en Las Dos Erres, los hijos se esfumaron frente a los ojos de sus padres. Se los llevaba el monte, por ejemplo, cuando trataban de seguirle el paso a sus familias, que huían de la persecución de las fuerzas militares; se desaparecían en la ciudad, cuando sin importar la hora, los grupos de autodefensa civil entraban a la casa para raptarlos.  De las 42.275 víctimas que contabilizó la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH), tras la firma de la paz en 1996, unas 6.159 fueron desaparecidas. 

Pero las cifras, como siempre, se mecen en el viento. De los 6.159  desaparecidos, al menos 500 niños —a lo sumo 800, dependiendo de la fuente— se perdieron entre el terror de la guerra civil. Cifras que, según explica la psicóloga Claudia Anleu en un reciente libro publicado por la organización guatemalteca Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), superaría los números de niños desaparecidos en Argentina, denunciados por las abuelas de la plaza de mayo; así como a las desapariciones infantiles en el Salvador.

En su trabajo, Anleu buscó estudiar los mecanismos en que tres parejas de padres de ascendencia maya lograron, durante años de espera, sobrellevar la desaparición de sus niños en las montañas de Mayaland, subregión de Ixcán, al norte de Guatemala. De las 626 masacres que recopiló la CEH, la mitad fueron ejecutadas en este departamento, en el cual el ejército guatemalteco buscó arrinconar a los grupos guerrilleros, hasta el punto de arrinconarlos en la frontera con  México.

Las parejas de campesinos que aparecen en libro de Anleu cuentan siempre la misma historia: el Ejército llega a arrasar las aldeas. Se escuchan los primeros disparos, las bombas a los lejos, y la gente que corre a refugiarse en las montañas, como los cimarrones en la colonia neogranadina. Así pasaban semanas —dicen, incluso, que años— huyendo de la insaciable persecución militar, con sus hijos a bordo. 

“En esa situación la prioridad era salvarse”, reflexiona Anleu.  “No quedó tiempo de enterrar a los muertos ni de llorar a los desaparecidos”.  Entre ellos, los niños, tal vez los primeros, que se fueron quedando: se rezagaban en las  huidas; el


bombardeo los sorprendía jugando lejos del campamento; y de pronto, como narra uno, pero deben narrar todos: “nosotros estábamos entre las montañas, es decir, estábamos rumbo a salir para México, pero el niño se apartó de nosotros cuando el Ejército nos atacó… y nosotros ya no pudimos hacer nada… fue ahí cuando él se nos perdió”.

 La desaparición

Sentadas en un restaurante en Bogotá, las guatemaltecas Aura Elena Farfán y Judith Erazo, almuerzan comida italiana durante uno de los descanos del Seminario Internacional de Desaparición Forzada Sin Rastro, celebrado esta semana en Bogotá.

Farfán tiene en su rostro estampada a Guatemala: piel trigeña,  ojos achinados, el rastro Maya. Es fundadora de Famdegua y es una de las principales figuras del movimiento de familiares desaparecidos en Guatemala desde que su hermano, estudiante universitario en la capital, fuera desaparecido por hombres armados en 1984.   Erazo, entre tanto, es psicóloga social, con un mestizaje algo más matizado y gestos fuertes. Es psicóloga social de la ECAP y trabaja desde que terminó la guerra, en el 96, acompañando a las víctimas del conflicto. Ambas hablan de la desaparición de los niños con una profunda pertenencia. 

Una vez realizadas las masacres venían los desplazamientos, recuenta Erazo. “Los niños se quedaban huérfanos o se perdían. Muchos murieron en el monte, de hambre, y en otros casos, eran  recogidos por los militares y los Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). Ellos a veces se los quedaban, a veces los regalaban, o los entregaban a casas cuna donde eran dados en adopción”, dice. Luego, sin parar de hablar, mira a  Aura Elena, como si fuese ésta la especialista en terrorismo de Estado urbano: “¿En las ciudades?, en las ciudades  era distinto: los   capturaban, muchas veces, para obligar a que sus padres se entregaran”.

Aura Elena, tranquila, recibe el traspaso de la narración. Como fundadora de Famdegua, ha estado muy cerca del movimiento de víctimas en Ciudad de Guatemala, y recuerda durante el almuerzo un caso emblemático: el de  Emma Molina y su sobrino Marco Antonio Theissen.

Molina, una joven militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, fue detenida por soldados el 27 de septiembre de 1982. La llevaron y encerrada en un cuartel militar, en Quetzaltenango, a varios quilómetros de la capital, Emma fue encadenada y violada repetidas veces. No recibió comida, y al pasar los días, enflaqueció tanto que sus muñecas se deslizaron de las cadenas y escapó.

Días después, los militares regresaron a la casa de los Theissen. Encontraron a su sobrino, Marco Antonio, de 14, a quien se lo llevaron para siempre. Años después, la Corte Interamericana de Derechos humanos dictaminaría: “La detención y posterior desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen fue ejecutada por efectivos del ejército guatemalteco, presuntamente como represalia por la fuga de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen del Cuartel Militar Manuel Lisandro Barillas”.

La búsqueda

Hoy, la organización Dónde están los niños y las niñas, fundada en el 2001 con sede en Nebaj, Quiché, se ha obstinado en encontrar el paradero de estos niños desaparecidos. “Hasta este momento  tenemos documentados 500 casos a nivel nacional”, cuenta desde Nebaj Manuel Cedillo, investigador de la fundación.

Cedillo es un detective. Recibe las denuncias de una desaparición, busca pistas que lo lleven a la aldea original del niño, habla con los sobrevivientes. Indaga. “Luego identificas cuáles fueron en ese departamento las listas de las casas cuna donde tenían a los niños que recibieron en esa época, y también las listas de adopciones que se realizaron en esos años”. Así, por lo menos, funciona en el campo, porque “en la capital, niños y adultos desaparecían como si la tierra se los tragara”.

Curiosamente, mientras que en seis años Cedillo y su equipo han logrado encontrar a 80 personas perdidas en su niñez, otros niños desaparecen hoy en Guatemala por cuenta de las redes de tráfico de infantes que quedaron establecidas después de la guerra.

Durante el conflicto, explica Judith Erazo, de Ecap, “los militares empezaron a llevarse los bebés y los niños a las casas cuna. Ese fue el nacimiento de las redes de adopción de niños en el país que, con el tiempo, se volvieron un gran negocio. El


negocio fue clandestinizándose: se creó una red donde estaban implicados funcionarios del Estado, militares y abogados”.

Por cada niño se cobraban 10 mil dólares, hoy el precio parece  llegar a 30 mil. El vertiginoso disparo de adopciones internacionales con legalización dudosa disparó las alarmas. Guatemala, un país de 13 millones de habitantes, alcanzó, después de China, Rusia y Corea del Norte, el cuarto  puesto en tráfico de niños.

“Al acabarse los huérfanos de la guerra”, explica Judith, “las mafias cambiaron de sistema: compran bebés, alquilan vientres, y ahora, hasta los raptan”.

A su lado, Aura Elena cierra sus  ojos aindiados  y exhala una suerte de aforismo tercermundista: “En Guatemala, la riqueza de los pobres, especialmente de las mujeres, es embarazarse y vender sus hijos”.

Ante este escenario, varios países europeos durante el 2004 prohibieron a sus nacionales la adopción de niños guatemaltecos. La Unicef, ese mismo año, hizo un llamado a Guatemala para que legislara en la materia. El 31 de diciembre de 2007, el Gobierno creó el Consejo Nacional de Adopciones, un primer paso regulatorio.

Varias décadas han pasado desde que los niños empezaran a desparecer por montones en Guatemala. En las redes de la mafia, se extiende un hilo histórico y macabro que a penas empieza a desenredarse. Y mientras que los padres del pasado, hoy ya envejecidos, siguen buscando rastros de sus niños, nuevos padres y madres comienzan la búsqueda de una nueva generación de niños perdidos.

Los niños en Colombia

Un rostro muy distinto tiene el drama de la desaparición infantil en Colombia. En el año 2000, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) reportó que aproximadamente entre 35 mil y 50 mil niñas y mujeres eran víctimas de las redes de tráfico de personas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, 20 mil a 35 mil niños y niñas estarían siendo forzados a trabajar en prostitución forzada. En un informe presentado en el 2003 por la Comisión Colombiana de Juristas, 20 niños fueron desaparecidos forzosamente entre 1996 y 1999. Estos sin contar con los 11.000 niños reclutados por los grupos armados, según cálculos de la Defensoría del Pueblo.  

‘‘En  Guatemala, la riqueza de las mujeres pobres es embarazarse y vender a sus hijos”.

Aura Elena Farfán, Famdegua 

La obsesión por el reencuentro

Muchos han pasado  más de una década fuera del país, sin saber incluso que alguna vez jugaron en su infancia en una aldea  en el norte de Guatemala. Otros, hace rato que pertenecen a otras familias. Sin embargo, 80 personas que han sido halladas por la organización ¿Dónde están los niños y las niñas?, de Guatemala, regresan a sus hogares de origen, así sea, unos pocos días, para lograr por fin acabar con la incertidumbre de sus parientes. 

“A muchos los encontramos en el sur de México, a otros en Estados Unidos”, sostiene Manuel Cedillo, investigador de la Fundación, que desde el año 2001 recoge las denuncias por niñez desaparecida en Guatemala, para luego empezar a seguir las pistas que los lleven al paradero de los hijos perdidos. En su lista, aún hay 470 nombres por encontrar.

Muchos llegan sin siquiera hablar español. Se reúnen con sus familiares, los abrazan y se devuelven. Pero esto es suficiente, sostiene Manuel, para que el esfuerzo valga la pena: “Los familiares biológicos quieren saber la verdad, es una duda que existe. Una vez logrado eso, los familiares están contentos. Yo creo que así logramos recomponer algo que la guerra nos destrozó: nuestro tejido”.