Con licencia para disparar

Hace unos días la Corte Suprema  dictaminó que los ciudadanos tienen derecho a tener pistolas y rifles. El país detrás del gatillo.

Estados Unidos es un pueblo impredecible y lleno de contradicciones. De costa a costa, sus habitantes se paralizan de dolor cada vez que reciben la noticia de una nueva masacre escolar o de otro absurdo homicidio dentro de su territorio.

De inmediato, toda la sociedad entra en shock ante la tristeza de los compañeros y familiares de las víctimas que lloran ante las cámaras de televisión, mientras se preguntan cuántas muertes más cobrará el fervor por las armas que rige la nación más poderosa del mundo.

Como es costumbre, al día siguiente, grupos en contra del uso y porte de armas, la comunidad religiosa y los medios de comunicación se vuelcan sobre el gobierno y el Congreso de turno para exigir restricciones más severas en la materia. Sin embargo y como siempre ocurre, una semana después de los hechos, y con los féretros ya bajo tierra, todo vuelve a la normalidad en el país que lleva más de tres siglos en una extraña relación de amor y odio con estos mortíferos artefactos.

Las aristas del problema

Son muchas las caras de esta moneda. De las víctimas que han dejado las armas de fuego en las últimas décadas, seguidos de los amantes de la caza que crecieron jugando con armas desde niños, hasta los lobbistas en Washington que luchan ferozmente en contra de cualquier tipo de restricción.

No hay nada de simple o sencillo cuando se trata de armas de fuego en este país de 300 millones de habitantes. Desde el día que los padres de la Independencia consagraran el derecho de todos los americanos a poseer y portar armas para su defensa propia, este principio fundamental, instaurado en la segunda enmienda de la Constitución, se ha convertido en una parte imprescindible de la identidad estadounidense.

Así lo acaba de ratificar la Corte Suprema de Justicia, en un histórico veredicto que derogó la prohibición del porte y uso de armas que regía en Washington desde 1976. Fecha en la que el gobierno estatal pasó una ley extraordinaria por causa de una alarmante ola de homicidios con armas de fuego. La ley, que perdió vigencia en una de las ciudades más violentas del país, con cerca de 325 homicidios al año, ordenaba la encarcelación de aquellos que tuvieran armas o rifles de alto calibre cargadas o sin seguro en los gatillos.


El causante de todo esto fue Dick Anthony Heller, de 66 años. Un guardia de seguridad de un banco privado quien entabló una demanda ante la corte del distrito de Columbia después que le negaran la solicitud para tener su arma en su casa. La corte de apelaciones se pronunció  a favor de Heller y echó para atrás las regulaciones contra el porte de armas en esta ciudad, argumentando que la Constitución garantiza el derecho a todos los americanos de poseer armas y que cualquier tipo de prohibición en esta materia era incompatible con la ley.

Un nuevo capítulo

“Consideramos que esta  decisión es un paso importante en la batalla legal para dejar claro uno de los derechos fundamentales del pueblo americano: el porte y el uso de armas”, dijo Wayne La Pierre, vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La poderosa asociación defensora de la segunda enmienda constitucional cuenta con más de seis millones de miembros en todo el país y un presupuesto anual de 200 millones de dólares para trabajo legislativo en aras a evitar todo tipo de controles a la industria de las armas.

Mientras tanto, grupos civiles a favor de las restricciones ven con preocupación las palabras de la corte. “Si bien este pronunciamiento no va a acabar inmediatamente con las regulaciones estatales sobre la compra y porte de armas, sí marca un antecedente y abre la puerta para que se litigue en contra de este tipo de avances”, explica Ladd Everitt, portavoz de la Coalición en contra del uso de armas, con sede en Washington. No en vano, la NRA acaba de anunciar demandas contra las restricciones en San Francisco y Chicago, donde rigen restricciones similares a las de la ciudad de Washington.

“Esta decisión de la Corte convierte nuestras calles en lugares más peligrosos de lo que son en la actualidad”, dijo enfurecido, Richard Daley, alcalde de Chicago. Tan sólo el año pasado, esta ciudad registró 645 homicidios con armas de fuego. Uno de estos casos, fue el de Timone Miller, un niño de diez años baleado en la cabeza a la salida de su escuela por culpa de un tiroteo entre pandillas.


“La corte no tiene ninguna responsabilidad con la comunidad, nosotros, los oficiales públicos sí. Por eso haremos lo que esté al alcance de nuestras manos para velar por la seguridad de nuestra comunidad”, añadió.

Como Chicago y San Francisco, hay otras ciudades que podrían enfrentar este tipo de demandas. Entre estás: Los Angeles, Nueva York y Denver, distritos pioneros a nivel nacional en políticas restrictivas para el uso y porte de armas; panorama que tiene dividida a la administración de George W. Bush.

Si bien el vicepresidente, Dick Cheney, salió en defensa del pronunciamiento de la corte, otros miembros de la administración ven con preocupación los avances en materia de seguridad. Entre las prohibiciones que se podrían levantar está la de comprar y portar armas para ex convictos y culpables de delitos violentos, así como la cancelación de los chequeos de pasado criminal a quienes compren un arma.

El candidato republicano John McCain, saludó la decisión en contra de las regulaciones en la capital del país. Y dijo que ésta es una acción de justicia y victoria para la segunda enmienda de la Constitución, postura que según analistas en nada lo acercarán a los sectores libertarios e independientes que, según las encuestas, parece necesitar para ganar este noviembre.

El candidato de 71 años fue claro al afirmar: “Esta sentencia no marca el fin de nuestra lucha contra aquellos que buscan limitar las libertades de los americanos”.

Un poco más cauteloso, con miras a atraer sectores moderados así como a afianzar su base liberal, fue Obama, quien dijo que aunque siempre ha sido un defensor de la segunda enmienda, también se identifica con la necesidad de reducir los índices de homicidios en todo el país. “Tenemos que proteger la Constitución pero también a los ciudadanos”, dijo el candidato demócrata.

Las cifras así lo demuestran, en Estados Unidos mueren al año 30.000 personas por heridas con armas de fuego. Son cerca de 80 vidas las que se pierden a diario en todo el territorio americano según datos del centro para el control de las enfermedades. California es el estado con mayor número de muertes y homicidios por armas de fuego con 3.410 casos, le siguen Texas con 2.301 casos, Florida con 1.886 e Illinois con 1.231 casos.


Cerrar el cerco

Para muchos analistas, legisladores y grupos civiles, el problema no radica en la libertad de poseer o portar armas, sino en los controles para evitar que éstas lleguen a manos criminales. En muchos estados basta con tener una licencia de conducción y una tarjeta de crédito para comprar un arma de fuego o simplemente para asistir a uno de los famosos bazares de armas donde se puede conseguir desde una 9mm a un AK-47 sin ninguna restricción.

Un estudio publicado en el reporte trimestral de la Asociación Americana de Medicina Preventiva acaba de establecer que los chequeos de antecedentes penales a nivel local para la venta de armas, son mucho más eficientes que aquellos realizados, solamente a nivel federal, como lo exige el Acto de Prevención Federal contra la violencia por armas de fuego, promulgada en 1993 bajo el nombre de la Ley Brady.

El estudio, realizado en mayo, por el centro médico de investigaciones de la Universidad de Wisconsin comparó las tasas de homicidios y suicidios con armas de fuego en los 38 estados que realizan chequeos de antecedentes penales a nivel federal, con aquellos estados, 12 en total, que hacen chequeos complementarios a nivel local. Según las estadísticas, en estos lugares  se presentó un 27% menos de suicidios y un 22% menos de homicidios con armas de fuego en comparación con aquellos estados en donde sólo se verifican los antecedentes penales a nivel federal.

“Si bien el Sistema Federal instantáneo de chequeo del pasado judicial (NICS) es eficiente para identificar fugitivos o personas culpables de delitos federales, no lo es para identificar personas con cargos por violencia doméstica, con órdenes de restricción,  ni trastornos mentales. Si se revisa de forma más profunda y estricta, seguro que cerraremos el cerco”, explica el Dr. Peter Layde, director del estudio.

Por eso, mientras no se legisle con el sentido común por delante de las armas, éstas seguirán llegando a manos equivocadas y la espiral de violencia seguirá creciendo. Porque, como dicen algunos de los defensores de estos artefactos: las armas por sí solas no matan, pero sí las personas detrás de ellas.