Oposición venezolana se la juega en tribunales

De las 217 personas inhabilitadas para participar en las elecciones regionales de Venezuela el próximo 23 de noviembre, la gran mayoría pertenece a miembros de partidos de la oposición.

La decisión de la Contraloría de Venezuela, que inhabilitó a los candidatos por irregularidades administrativas, ha sido condenada por los opositores y sus seguidores, e incluso ha motivado marchas de protesta en las calles de sus principales ciudades, como las vividas el pasado sábado 12 de julio en Caracas.

Según los afectados, el único ente que tiene la potestad de inhabilitar candidatos es un tribunal de justicia, no un ente regulador, según la Constitución de la República. Por eso ven en la decisión del contralor, Clodosbaldo Russián, una orden directa del presidente Hugo Chávez.

La autoridad vigilante afirma que la Ley de Contraloría lo faculta para inhabilitar candidatos con un prontuario de irregularidades. De ahí a que los opositores hayan acudido al Tribunal Superior para demandar esta Ley que, en su parecer, contradice lo expuesto en la Constitución Bolivariana que el mismo Chávez propició el 25 de abril de 1999.

 

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